Meta enfrenta desde este martes en Estados Unidos los primeros alegatos de un proceso monumental. Varios estados le reclaman cerca de 200.000 millones de dólares por daños. La acusación central señala que convirtió a los adolescentes en adictos a Facebook e Instagram.
El tribunal federal de Oakland, cerca de San Francisco, comenzará a estudiar el fondo de la cuestión. Las audiencias se extenderán durante seis semanas. La selección del jurado tuvo lugar la semana pasada.
Este constituye el primer juicio federal de un amplio contencioso contra las grandes tecnológicas. Familias, comunidades escolares y autoridades estatales también apuntan a TikTok, Snapchat y YouTube. Todos están acusados de haber deteriorado la salud mental de los adolescentes.
La empresa fundada y dirigida por Mark Zuckerberg comparece en este caso en solitario. Sin embargo, arrastra el precedente de dos condenas este año. Los tribunales estatales de Los Ángeles y Nuevo México ya fallaron en su contra. Meta ha presentado recurso ante ambas sentencias.
Los estados demandantes reclaman, según un cálculo aún provisional, unos 193.000 millones de dólares de sanción. La semana pasada desmintieron que pidan 1,4 billones de dólares. Meta había calculado esa cifra astronómica. Los fiscales acusaron al grupo de querer “provocar estupor” con números inflados.
Las demandas no se limitan a compensaciones económicas. También reclaman que se impongan ajustes de mayor protección a los menores por defecto. Estos incluirían límites al tiempo de pantalla y restricciones a las notificaciones. Los adolescentes no podrían modificar estos ajustes por sí solos.
Una coalición de 29 estados demanda a Meta desde 2023. No obstante, la voz cantante en este juicio la llevan cuatro fiscales generales. Representan a California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey. Estos estados lideran la estrategia legal contra el gigante tecnológico.
La acusación se articula en tres ejes fundamentales. Primero, Meta habría mentido al público sobre la nocividad de sus aplicaciones en los adolescentes. Segundo, habría diseñado ciertas funciones específicamente para retener a los jóvenes usuarios. Tercero, habría recopilado datos de niños menores de 13 años sin consentimiento parental.
Entre las funciones cuestionadas destacan los filtros de apariencia y las herramientas de limitación del tiempo. Según los fiscales, estas últimas resultan fácilmente eludibles. Habrían sido diseñadas para dar una falsa sensación de control parental.
La recopilación de datos de menores de 13 años constituye una violación de ley federal. Esta práctica habría ocurrido sistemáticamente sin el consentimiento de los padres. Meta niega estas acusaciones.
“Demostraremos ante un jurado que Meta ocultó lo que sabía sobre los daños causados a los jóvenes, porque mirar hacia otro lado resultaba más rentable”, afirmó el lunes el fiscal general de Kentucky, Russell Coleman.
Coleman estableció un paralelismo histórico con otros casos emblemáticos. “Lo hicimos con la industria del tabaco en los años noventa, lo hicimos con las empresas responsables de la crisis de los opiáceos, lo volveremos a hacer con Meta”, aseguró.
La comparación con la industria tabacalera resulta particularmente significativa. En los años noventa, los fabricantes de tabaco fueron condenados por ocultar información sobre los daños de sus productos. También por diseñar cigarrillos para maximizar la adicción. Los fiscales sugieren que Meta habría seguido un patrón similar.
La semana pasada se eligieron los ocho miembros del jurado. Sin embargo, su papel será meramente consultivo. La decisión final recaerá en la jueza Yvonne Gonzalez Rogers.
Esta magistrada es conocida por haber sancionado a Apple en casos anteriores. También arbitró recientemente el juicio entre Elon Musk y OpenAI. Su historial sugiere una aproximación rigurosa a los casos tecnológicos.
Como testigo estrella se espera a Mark Zuckerberg. Será su segunda comparecencia ante un jurado en seis meses. La primera ocurrió en Los Ángeles y se saldó con una condena histórica. El caso versaba sobre el perjuicio sufrido por una adolescente.
El jurado también escuchará a Arturo Béjar. Este exingeniero de Meta se ha convertido en una figura clave. Ahora lidera la lucha contra los gigantes de las redes sociales desde fuera.
La jueza rechazó la petición del grupo californiano de excluir el testimonio de Béjar. Consideró que se trataba de un “intento desesperado de eliminar a un testigo sólido”. Los demandantes cuentan con su declaración como pieza fundamental de la acusación.
Meta afirma contar con unos 3.600 millones de usuarios en el conjunto de sus aplicaciones. La compañía registra beneficios récord trimestre tras trimestre. Estos recursos están financiando sus caras ambiciones de desarrollo en inteligencia artificial.
Un portavoz de la empresa afirmó a la AFP que están “profundamente en desacuerdo con estas acusaciones”. Expresó su convencimiento “de que las pruebas demostrarán [su] compromiso de larga data con los jóvenes”. La estrategia defensiva de Meta se centra en demostrar sus esfuerzos de protección.
Según Nora Freeman Engstrom, profesora de derecho en Stanford, el desafío del proceso será específico. Habrá que medir “la brecha” entre lo que Meta sabía de sus productos. También entre lo que decía públicamente sobre ellos. Esta discrepancia constituye el núcleo de la acusación por engaño.
La principal amenaza para Meta no es necesariamente económica. Vincent Joralemon, jurista en la Universidad de Berkeley, identifica “el daño reputacional” como el mayor riesgo. También señala la posible obligación de modificar sus productos de manera fundamental.
Una sanción de 193.000 millones de dólares sería histórica. Superaría ampliamente las multas impuestas anteriormente a empresas tecnológicas. Sin embargo, Meta podría técnicamente absorber este impacto financiero dado su tamaño.
Las modificaciones obligatorias en los productos podrían resultar más costosas a largo plazo. Cambiar la arquitectura de engagement de Facebook e Instagram afectaría el modelo de negocio. Estas plataformas dependen del tiempo que los usuarios pasan en ellas.
El caso se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre las redes sociales. Múltiples estudios han vinculado su uso excesivo con problemas de salud mental en adolescentes. La depresión, ansiedad y trastornos de la imagen corporal aparecen frecuentemente citados.
Los filtros de apariencia han recibido críticas particulares. Estos permiten a los usuarios modificar digitalmente su rostro en tiempo real. Los expertos señalan que pueden distorsionar la autopercepción de los jóvenes. También establecen estándares de belleza inalcanzables.
Las notificaciones constantes constituyen otro elemento cuestionado. Están diseñadas para atraer a los usuarios de vuelta a la aplicación. Interrumpen otras actividades y pueden generar ansiedad cuando no se revisan.
Los algoritmos de recomendación también enfrentan críticas. Priorizan contenido que genera engagement emocional fuerte. Esto puede incluir material perturbador o que refuerza inseguridades. Los adolescentes resultan particularmente vulnerables a estos mecanismos.
Meta ha implementado algunas medidas de protección en años recientes. Introdujo herramientas para que los padres supervisen las cuentas de sus hijos. También estableció límites opcionales de tiempo de uso. Sin embargo, los fiscales argumentan que estas medidas resultan insuficientes.
Las herramientas parentales requieren que los adolescentes acepten la supervisión. Muchos jóvenes simplemente rechazan esta opción. Los límites de tiempo pueden desactivarse con facilidad. Los fiscales sostienen que esto evidencia una falta de compromiso real.
El testimonio de empleados internos podría resultar crucial. Arturo Béjar y otros exempleados han revelado que Meta conocía los riesgos. Documentos internos mostrarían que la empresa priorizó el crecimiento sobre la seguridad. Esta información podría demostrar el conocimiento y la intencionalidad que alegan los fiscales.
La defensa de Meta probablemente argumentará que los padres tienen la responsabilidad primaria. También señalará que muchos factores contribuyen a los problemas de salud mental adolescente. Las redes sociales serían solo uno entre muchos elementos.
El resultado de este juicio podría sentar precedentes importantes. Otros casos similares contra TikTok, Snapchat y YouTube están pendientes. Una victoria de los fiscales fortalecería estas demandas. Una derrota podría debilitarlas significativamente.
Las seis semanas de audiencias ofrecerán un examen detallado del funcionamiento interno de Meta. Se espera que se revelen documentos y comunicaciones internas. El público tendrá acceso a información previamente confidencial sobre el diseño de productos.
La industria tecnológica observa este caso con atención. Un fallo adverso podría obligar a cambios generalizados en el diseño de redes sociales. Las empresas podrían verse forzadas a priorizar el bienestar sobre el engagement.
Los grupos de defensa de los consumidores han celebrado que el caso llegue a juicio. Consideran que representa un ajuste de cuentas necesario con las grandes tecnológicas. Esperan que establezca límites claros a prácticas que consideran predatorias.
Meta enfrenta presión simultánea en múltiples frentes. Reguladores europeos han impuesto restricciones más estrictas sobre recopilación de datos. Legisladores estadounidenses debaten leyes de protección infantil en línea. Este juicio añade presión legal directa.
La empresa ha invertido miles de millones en desarrollar el metaverso y tecnologías de IA. Una sanción masiva o cambios obligatorios en productos podrían afectar estos planes. Los recursos tendrían que redirigirse hacia cumplimiento y modificaciones.
El caso también plantea preguntas más amplias sobre responsabilidad corporativa. ¿Hasta qué punto las empresas tecnológicas son responsables del impacto social de sus productos? ¿Deben priorizar el bienestar de usuarios vulnerables sobre las ganancias?
Las próximas semanas revelarán evidencia crucial sobre estas cuestiones. El testimonio de Zuckerberg será particularmente escrutado. Como fundador y director ejecutivo, su conocimiento de las decisiones de diseño resulta central.
La jueza Gonzalez Rogers deberá evaluar complejas cuestiones técnicas y sociales. Tendrá que determinar si Meta mintió deliberadamente sobre los riesgos. También si diseñó intencionalmente funciones adictivas. Y si violó leyes de protección infantil.
El veredicto podría no llegar hasta dentro de meses. Tras las seis semanas de audiencias, la jueza necesitará tiempo para deliberar. Cualquiera que sea su decisión, probablemente enfrentará apelaciones. El caso podría extenderse años.
Mientras tanto, millones de adolescentes continúan usando estas plataformas diariamente. Los padres enfrentan desafíos para regular el uso de redes sociales. Las escuelas intentan abordar problemas de salud mental que perciben como crecientes.
Este juicio representa un momento definitorio para la industria tecnológica. Podría marcar el inicio de una nueva era de responsabilidad. O podría confirmar que las empresas tienen amplia libertad para diseñar productos adictivos. Las próximas semanas comenzarán a responder estas preguntas fundamentales.
