A finales de febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció una noticia con bombos y platillos. Por los corredores del Palacio de San Carlos se celebró un acontecimiento institucional. La Cancillería, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Cooperación Internacional aunaron esfuerzos. Juntos instalaron la Mesa de Migración, una nueva apuesta de política pública migratoria.
Allí asistieron altos funcionarios del Estado colombiano. También participaron emisarios de organismos internacionales. Todos saludaron un nuevo intento para lograr cambios estructurales. La meta es que la migración no fuese sinónimo de derechos violentados.
El evento no era para menos. Cualquier esfuerzo de mejorar la vida de millones de venezolanos es importante. Además, también busca atender a africanos o asiáticos que viven en Colombia. Sin embargo, la iniciativa debe traducirse en derechos, servicios o integración al andamiaje social.
La política impulsada por este gobierno tiene un alcance amplio. No se centra solo en los cerca de 2,8 millones de personas. Estas huyeron del régimen chavista en los últimos años. También abarca migrantes de 14 países que llegaron a Colombia. Todos requieren atención y servicios del Estado.
Pero es una tarea que conlleva retos significativos. Además, exige resultados concretos y medibles. Como cualquier otra política pública, tiene el tiempo en contra. El reloj avanza mientras las necesidades permanecen.
El Espectador habló con voces expertas en asuntos migratorios. Consultó sobre cómo esta política tiene una larga tarea por delante. La Cancillería explicó en su momento el objetivo central. Busca “fortalecer la articulación y mejorar la eficacia de la cooperación internacional”.
Al mar de inquietudes se suma la situación fiscal del país. También preocupan los trámites burocráticos que ralentizan la acción. Otro factor crítico es el poco tiempo disponible. Esta herramienta debe convertirse en una política de Estado, no de Gobierno.
“Queremos que la Mesa no se quede solo en lo declarativo, sino que mejore la respuesta ante los desafíos migratorios y que perdure con los cambios de Gobierno”, explicó a este diario Mauricio Jaramillo, viceministro de Asuntos Multilaterales.
No son pocos los intentos de Colombia por responder a la migración. En la sala de máquinas del Estado hay 131 instrumentos. Todos tienen que ver con la migración. Especialmente abordan la diáspora venezolana que llegó al país.
Entre ellos han estado, por ejemplo, el Permiso Especial de Permanencia. También se implementó el Estatuto Temporal de Protección (ETPV). Este se lanzó para regularizar a los ciudadanos indocumentados. La medida buscó dar respuesta a una situación de emergencia.
Catalina Arenas-Ortiz es experta en asuntos migratorios. Ella cuestiona la necesidad de crear una nueva instancia. A fin de cuentas, esto traerá más gastos y burocracia. Por lo tanto, surge la duda sobre su efectividad real.
“Más que un asunto estructural, tiene que ser una acción que tenga efecto en la vida de la gente. Que escuche las necesidades de alguien en Necoclí (Antioquia), Pamplona (Norte de Santander) o quienes llegaron y se asentaron en Arauca”.
Por supuesto, el esfuerzo de instalar la Mesa es significativo. Mostrar voluntad política es “loable”, comenta la experta. Pero hay que distinguir lo importante y lo urgente. No todo puede tener la misma prioridad.
Por ejemplo, de los 2,8 millones de venezolanos que hoy residen en Colombia hay datos preocupantes. Poco más de medio millón siguen en condición irregular. Estas personas enfrentan obstáculos diarios para acceder a servicios básicos.
Migración Colombia respondió a este diario sobre el tema. La entidad explicó que “el ETPV fue una medida de emergencia con vocación temporal para unas circunstancias especiales que hoy en día no son las mismas. Perpetuarlo indefinidamente debilita la institucionalidad. La política de Estado busca que la migración transite hacia el régimen ordinario de visas administrado por la Cancillería, fortaleciendo la migración regular y ordenada”.
Otro ejemplo de los desafíos es la situación en el Darién. Durante la última década, esta frontera chocoana se transformó. Se convirtió en un corredor que reúne nacionalidades diversas. Llegan personas de África, el sudeste asiático o Haití.
Crear una nueva instancia puede tener efectos contraproducentes. En opinión de Arenas-Ortiz, puede ralentizar aún más la acción del Estado. También podría desviar esfuerzos y recursos en asuntos secundarios. Estos, si bien son importantes, no atienden las necesidades más urgentes.
Los migrantes requieren documentación de manera inmediata. También necesitan acceso a la salud sin barreras. Además, esperan una integración real a la sociedad colombiana. Estas son las prioridades que no pueden esperar.
A la lista de pendientes también se suman dudas importantes. Surgen interrogantes sobre cómo la Mesa podría focalizar esfuerzos. Estos deben llegar a los territorios donde la migración enfrenta obstáculos. La vida digna y la garantía de derechos están en juego.
Desde 2025, el grifo de los recursos de cooperación internacional cada vez se cierra más. Las arcas públicas, como ha dicho el propio Estado, no pasan por su mejor momento. Esta realidad fiscal complica cualquier plan ambicioso.
El cierre parcial de Usaid dejó programas huérfanos. Muchas iniciativas quedaron sin financiamiento. Así ha sucedido con dineros provenientes de la Unión Europea. También se han reducido los fondos de la cooperación alemana.
“Sin plata, las buenas voluntades quedan reducidas a eso: buenas voluntades. En esta conversación faltan voces de gobernaciones y alcaldías, quienes tienen panorama sobre la situación migratoria. Al próximo Gobierno, sea el que sea, le quedará la tarea de buscar grandes donantes, porque se necesitan y porque el golpe de esa escasez de dinero ya se ha sentido”, aclara Arenas-Ortiz.
Pero la Mesa no busca solo focalizar recursos. También pretende articular voces y esfuerzos de diversos actores. El objetivo es crear una respuesta coordinada y efectiva.
El viceministro Jaramillo comenta que la migración ha cambiado en los últimos años. Ya no es un asunto de crisis temporal. Ahora es una coyuntura permanente que requiere respuestas estructurales.
La Mesa, comenta el funcionario, tiene varios objetivos simultáneos. Aparte de buscar recursos de cooperantes internacionales, también incluirá sus opiniones. Busca generar consensos sobre cómo manejar la migración entre varios actores.
La Cancillería ha intentado “desvenezolanizar” el debate migratorio. Sin embargo, como señala Arenas-Ortiz, hay necesidades urgentes para los venezolanos. Estas siguen sin satisfacerse de manera adecuada.
Pero Jaramillo resalta logros importantes del país. “Colombia ha regularizado un equivalente al 5 % de su población nacional, no es un asunto menor. Ahora debemos ser estratégicos con la cooperación, porque no es un escenario ni de corto plazo; es multinacional”, comenta.
María Clara Robayo es investigadora del Observatorio de Venezuela. Trabaja en la Universidad Rosario. Ella aplaude y considera “interesante” este espacio de coordinación.
Pero, según ella, la instalación de la Mesa suscita más preguntas que respuestas. “Ahora hay que llenarlos de contenido y resultados. Que generen acciones que cambien la realidad de las personas”.
La académica considera que a todas las expectativas se suma el factor tiempo. Este es un elemento crítico que no puede ignorarse. El reloj corre mientras las necesidades aumentan.
El interrogante de fondo es compartido por varios expertos. Tanto Robayo como Arenas-Ortiz se preguntan lo mismo. ¿Logrará esta iniciativa trascender el Gobierno actual? ¿Se consolidará como una política de Estado permanente? ¿O quedará como un esfuerzo más en la larga lista de intentos?
Colombia ha experimentado con múltiples enfoques para ordenar la migración. Muchos han quedado en el camino por falta de continuidad. Otros se han diluido con los cambios de gobierno.
Por ahora, la Mesa arranca con una promesa ambiciosa. También cuenta con un margen de maniobra estrecho. Los recursos son limitados y el tiempo apremia.
Pero su tarea más urgente es clara. Debe convertir la voluntad política en resultados tangibles. Esto debe suceder antes que se agote el tiempo disponible.
Aparte de los venezolanos, hay migrantes de 14 países que requieren atención y servicios. Cada nacionalidad trae consigo necesidades específicas. Todas merecen respuestas adecuadas del Estado colombiano.
La pregunta permanece abierta. ¿Será esta Mesa de Migración diferente a los intentos anteriores? ¿Logrará transformar la realidad de millones de personas? Solo el tiempo y los resultados concretos darán la respuesta.
