En la vereda La Sagrada Familia, ubicada en el municipio López de Micay, Cauca, se vivió una tragedia que ha conmocionado a la región y al país entero. Doce personas, cinco mujeres y siete hombres, fueron brutalmente asesinadas mientras compartían en un lugar público. Este hecho, denunciado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), se suma a la larga lista de masacres que han ocurrido en Colombia este año, siendo la número 54.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, informó en Caracol Radio que los asesinatos ocurrieron en medio de enfrentamientos entre disidentes y grupos del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En esta región, operan varios grupos armados, entre ellos el Frente José María Becerra del ELN, el Frente 30 Rafael Aguilera y el Frente Jaime Martínez de la disidencia Estado Mayor Central. La presencia de estos grupos ha generado un ambiente de constante tensión y violencia.
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para los municipios de Guapi, López de Micay y Timbiquí. Esta alerta busca poner de manifiesto el riesgo que enfrentan estas zonas debido a la confrontación armada entre grupos ilegales que se disputan el control territorial. La situación es crítica y requiere una intervención urgente por parte del Estado para proteger a la población civil.
El Ejército Nacional ha llevado a cabo operaciones ofensivas en Cauca contra miembros del ELN. Según Indepaz, la Tercera División del Ejército tiene injerencia en la zona. Sin embargo, hasta el momento, las Fuerzas Militares no han proporcionado detalles sobre la masacre en López de Micay. Las autoridades están investigando si las víctimas eran miembros de la comunidad o pertenecían a algún grupo armado.
La situación en Cauca es compleja y está marcada por la presencia de múltiples actores armados. La disidencia de Mordisco, que tiene influencia en la región, no está participando en la mesa de negociación del Gobierno. Actualmente, solo los frentes bajo el mando de Calarcá Córdoba están en diálogo con el Gobierno. La negociación con el ELN, por su parte, atraviesa una de sus mayores crisis. A pesar de los constantes llamados del Gobierno para reactivar la mesa de diálogo, la guerrilla se resiste a prorrogar el cese al fuego, que venció el pasado 3 de agosto. Además, el ultimátum del ELN para que el Gobierno los sacara de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO) también ha vencido.
El consejero comisionado Otty Patiño expresó su preocupación por el estado del proceso de paz con el ELN. “El Gobierno nunca desistirá de ningún camino hacia la paz, pero desde luego, si la otra parte desiste de eso, el Gobierno no puede hacer nada más”, afirmó. Esta declaración refleja la frustración y el desafío que enfrenta el Gobierno en su intento de lograr la paz en una región asolada por la violencia.
La masacre en López de Micay es un recordatorio doloroso de la realidad que viven muchas comunidades en Colombia. La lucha por el control territorial entre grupos armados ilegales ha dejado una estela de muerte y sufrimiento. Las autoridades deben redoblar sus esfuerzos para proteger a la población civil y buscar soluciones duraderas que permitan la construcción de una paz estable y duradera.
En este contexto, es crucial que el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil trabajen de la mano para abordar las causas profundas del conflicto. La falta de oportunidades económicas, la ausencia del Estado en muchas regiones y la impunidad son factores que alimentan la violencia. Es necesario implementar políticas integrales que promuevan el desarrollo y la inclusión social en estas zonas.
Además, la comunidad internacional puede jugar un papel importante en apoyar los esfuerzos de paz en Colombia. La cooperación y el acompañamiento de organismos internacionales pueden contribuir a fortalecer las instituciones y a garantizar el respeto de los derechos humanos.
