El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha lanzado una campaña para que los ciudadanos eliminen voluntariamente la aplicación de mensajería WhatsApp. Esta medida ha generado una gran controversia, ya que más del 92% de los usuarios de internet en Venezuela utilizan esta plataforma. Activistas y defensores de derechos en línea han alertado que endurecer las medidas regulatorias alrededor del servicio representa un riesgo a la integridad de la población.
Maduro ha argumentado que WhatsApp está siendo utilizada para amenazar a militares, policías y líderes comunitarios del país. En un mitin celebrado el lunes, el mandatario expresó: “Por WhatsApp están amenazando a la familia militar venezolana, a toda la oficialidad, a la familia policial, a los líderes de calle y de comunidad. Están amenazando a todo aquel que no se pronuncie a favor del fascismo. Yo voy a romper relaciones. Es necesario hacerlo. Fuera WhatsApp de Venezuela”.
El presidente ha pedido a sus partidarios que inicien el “retiro voluntario, progresivo y radical” de la app propiedad de Meta. Durante una reciente emisión de su programa televisivo Maduro+, desinstaló WhatsApp de su smartphone y declaró: “Soy libre. WhatsApp al carajo. Hombres y mujeres patriotas ¿quieren paz? Eliminen WhatsApp, porque [la plataforma] le entregó la lista de toda Venezuela al narcotráfico colombiano y al imperialismo tecnológico para que atacara y volviera loca a la familia venezolana”.
Maduro ha mostrado en diversas ocasiones su oposición a las redes sociales. Durante su acto de proclamación como presidente reelecto, declaró que era necesario “abrir un debate sobre el efecto permisivo de las redes sociales en la psiquis colectiva, en la educación de los niños, en la promoción de antivalores y en el daño del clima del país. Le pido a la Asamblea Nacional que abra un debate amplio e inclusivo para que Venezuela vaya a la vanguardia en lo que tiene que ver con el tema”.
Este fin de semana, el mandatario también anunció que buscará regular el uso de Instagram y TikTok en la nación sudamericana. Alegó que estos servicios pretenden “dividir a los venezolanos y crear fanáticos fascistas”. Indicó que estos espacios de interacción social han “infectado de manera descarada” a sectores clave de la sociedad con discursos de odio.
La administración de Maduro ha sido señalada de censurar a los medios de comunicación por más de dos décadas. La organización sin fines de lucro Espacio Público acusa que “el Estado [venezolano] manipula el debate en línea a través de operaciones de influencia y plataformas en línea para servicios gubernamentales, que generan preocupaciones sobre la privacidad debido a su recopilación a gran escala de datos personales de los ciudadanos. Las autoridades han cerrado prácticamente todos los canales de disidencia política, restringiendo las libertades civiles y procesando a los que perciben como opositores”.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (CONATEL) es la encargada de regular y licenciar el sector de telecomunicaciones en el país. Depende administrativamente del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos le otorga la facultad de tomar decisiones sobre el bloqueo o eliminación de contenidos y de sancionar a los prestadores de servicios que incurran en violaciones al marco legislativo vigente. El artículo 35 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones prevé la autonomía operativa de la entidad. No obstante, el artículo 40 señala que el presidente tiene la facultad de nombrar y remover al director del organismo y a los otros cuatro miembros de su directorio. “Esto destaca la falta de independencia de CONATEL respecto del Ejecutivo”, según Espacio Público.
En marzo de 2021, Maduro dio a conocer un nuevo conjunto de reformas para moderar el acceso y uso de internet en Venezuela. Las propuestas incluyen la creación de la “Ley de Ciberespacio”. Un borrador de la normativa fue difundido en 2019. La iniciativa contempla la creación de un nuevo organismo regulador que estará a cargo de supervisar las “políticas relativas al ciberespacio venezolano”. El ente estaría compuesto por un director general y un comité de cuatro especialistas que serían designados y, en su caso, destituidos por el Ejecutivo. Tendría la autoridad para definir las mejores prácticas en el entorno digital. Esto implica moderar las acciones de los proveedores de servicios, la infraestructura crítica y la libertad de expresión en línea. El Estado conservaría la capacidad de gestionar el acceso a la red que se considere de interés público para la defensa integral de la nación.
WhatsApp es el servicio digital más utilizado en Venezuela, según la plataforma de gestión de redes sociales Social Gest. Más del 92% de los usuarios de internet en la región usan la plataforma. Los defensores de derechos en línea alertan que endurecer las medidas regulatorias representa un riesgo a la integridad de la población. “Esta situación no solo afecta a los opositores al régimen de Maduro y a los periodistas independientes, sino también a los ciudadanos comunes. Las autoridades han intensificado las detenciones por comentarios realizados en grupos de WhatsApp o redes sociales”, señala Espacio Público.
En este contexto, la propuesta de Maduro de eliminar WhatsApp y regular otras redes sociales como Instagram y TikTok plantea serias preocupaciones sobre la libertad de expresión y la privacidad en Venezuela. La medida podría tener un impacto significativo en la vida cotidiana de los venezolanos, quienes dependen en gran medida de estas plataformas para comunicarse y acceder a información. Además, la falta de independencia de los organismos reguladores y la capacidad del Ejecutivo para influir en sus decisiones generan dudas sobre la imparcialidad y transparencia de estas medidas.
