Un nuevo acuerdo entre agencias federales estadounidenses ha generado profunda preocupación entre los beneficiarios de Medicaid, especialmente en la comunidad inmigrante. La medida permitirá que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acceda a información sensible de millones de personas.
El convenio, firmado entre los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), afectará potencialmente a 79 millones de inscritos en el programa de salud pública Medicaid. Esta iniciativa forma parte de las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump.
Los agentes del ICE podrán consultar datos personales como nombres, direcciones domiciliarias, fechas de nacimiento, información étnica y racial, así como números de Seguro Social. Sin embargo, existirán algunas restricciones: no podrán descargar la información y solo tendrán acceso durante horarios laborales hasta el 9 de septiembre.
La subsecretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Tricia McLaughlin, justificó la medida argumentando que buscan “asegurar que los inmigrantes ilegales no reciban beneficios de Medicaid destinados a estadounidenses respetuosos de la ley”.
Esta decisión ha desatado temores en la comunidad inmigrante. Muchas personas podrían evitar buscar atención médica por miedo a ser identificadas y deportadas. Los expertos advierten que la medida afectará especialmente a poblaciones vulnerables, incluyendo niños que dependen de este servicio gratuito financiado por el Estado.
Varios legisladores y funcionarios de CMS han cuestionado la legalidad del acceso a estos datos en ciertos estados. El mes pasado, miembros del Congreso enviaron cartas al DHS y HHS exigiendo detener estas acciones.
Los defensores de la medida argumentan que servirá para detectar personas inscritas indebidamente en el programa. No obstante, los críticos señalan que esto convertirá espacios cotidianos como hospitales en lugares inseguros para inmigrantes.
Aunque el documento completo del acuerdo no se ha hecho público, las autoridades aseguran que los datos se utilizarán principalmente como medida de ahorro de costos. Sin embargo, la incertidumbre crece mientras no se aclare si el DHS ya ha comenzado a acceder a esta información sensible.
Esta nueva política se suma a una serie de medidas que han convertido diversos espacios públicos como escuelas, iglesias y tribunales en lugares donde los inmigrantes indocumentados se sienten cada vez más vulnerables ante posibles redadas.
