La violencia sacudió Bolivia este domingo con tres asesinatos en distintas localidades de Santa Cruz. Los crímenes ocurrieron en espacios públicos y fueron ejecutados con armas de fuego. Sin embargo, en principio no están vinculados entre sí de manera directa.
El primer homicidio se registró en San Matías, una localidad fronteriza con Brasil. Douglas Q.R., de 42 años, fue atacado mientras presenciaba un campeonato de fútbol. Además, tenía antecedentes de narcotráfico, según el reporte policial.
Los testigos relataron que personas desconocidas se acercaron súbitamente a la víctima. Luego le dispararon varias veces en el centro deportivo. Después se dieron a la fuga sin dejar rastro inmediato.
El segundo asesinato ocurrió en Puerto Quijarro, también cerca de la frontera con Brasil. Un hombre de nacionalidad brasileña identificado como Luiz Antonio P.L. fue abatido con arma de fuego. En el ataque, una mujer que lo acompañaba resultó herida.
La mujer fue trasladada a la localidad de Corumbá, en Brasil, para recibir atención médica. Mientras tanto, el cuerpo de la víctima fue trasladado a Santa Cruz de la Sierra. Allí se realizará la autopsia correspondiente para determinar las circunstancias exactas.
El tercer caso ocurrió en el municipio de Warnes, distante unos 30 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. El piloto de rally José Pedro R., de 28 años, fue asesinado minutos antes de iniciar una competencia. El ataque sucedió justo detrás del aeropuerto de Viru Viru.
Según las personas que se encontraban en el lugar, el piloto se disponía a ubicarse en la línea de salida. Fue interceptado por una vagoneta de la que bajó un hombre con el rostro cubierto. Este abrió fuego contra el joven y luego escapó rápidamente del sitio.
La víctima era investigada por vínculos con el presunto narcotraficante Sebastián Marset, según publicaron algunos medios locales. En el ataque, su copiloto resultó herido. Fue trasladado de emergencia a una clínica privada donde recibe atención médica.
El vehículo tipo buggie Can-Am del piloto, sucio de barro, se encuentra acordonado en la escena del crimen. La Fiscalía boliviana y agencias especializadas de la Policía realizan las investigaciones correspondientes. Buscan identificar a los sicarios y esclarecer las causas de los crímenes.
De momento no hay ningún detenido por estos hechos violentos. El fiscal general Roger Mariaca informó en conferencia de prensa que convocó a varias instituciones. El objetivo es realizar un trabajo coordinado para combatir la expansión de la violencia.
También buscan desarticular posibles grupos delictivos que operan en la región. La coordinación interinstitucional será clave para enfrentar este desafío de seguridad pública. Sin embargo, los resultados aún están por verse en las próximas semanas.
La criminóloga y exdirectora del Observatorio de Seguridad Ciudadana, Gabriela Reyes, manifestó en entrevista con Infobae su preocupación. Según ella, estos hechos son el resultado de no haber desmantelado la estructura de Sebastián Marset. Esto ocurrió tras su captura el 13 de marzo pasado.
Reyes dijo que, aunque no están conectados directamente, podrían ser parte de una pugna entre organizaciones criminales. El presunto narcotraficante Sebastián Marset fue detenido en Santa Cruz, Bolivia. Posteriormente fue entregado a las autoridades de Estados Unidos para enfrentar cargos.
“Estamos viendo las consecuencias de no desarticular la organización de Marset. Si bien se lo ha expulsado, la organización sigue intacta. Los detenidos son eslabones débiles y reemplazables, pero las estructuras más importantes están intocables, no hay nadie detenido”, afirmó la experta.
Según Reyes, esta reconfiguración dentro del crimen organizado puede escalar en violencia. Esto sucederá si no hay una respuesta efectiva de parte del Estado. El desmantelamiento de las redes de narcotráfico es fundamental para evitar más muertes.
“Es importantísimo tomar el control (…) se podría haber tomado acciones para desarticular económicamente a las organizaciones y no lo han hecho, los resultados son claros: aumento de la violencia, pugnas y cero detenciones”, señaló la criminóloga con preocupación evidente.
La simultaneidad y el contexto de estos hechos plantean interrogantes importantes sobre la capacidad del Estado. Todo esto ocurre a poco más de un mes de la caída de Marset. Las organizaciones criminales se reacomodan con rapidez en la región.
Las zonas sensibles como las fronteras y los corredores logísticos de la cocaína son especialmente vulnerables. Estos territorios se han convertido en escenarios de disputa entre grupos delictivos. El control territorial es clave para las operaciones de narcotráfico.
San Matías y Puerto Quijarro son localidades fronterizas con Brasil que tienen importancia estratégica. Por allí transitan rutas del narcotráfico que conectan Bolivia con mercados internacionales. La presencia del Estado en estas zonas es históricamente débil.
Warnes, por su parte, es un municipio cercano a Santa Cruz de la Sierra. Su proximidad al aeropuerto de Viru Viru lo convierte en un punto logístico importante. Las organizaciones criminales aprovechan estas ventajas geográficas para sus operaciones.
Los tres casos ocurrieron en espacios públicos, lo que demuestra la audacia de los sicarios. El campeonato de fútbol en San Matías estaba lleno de espectadores cuando ocurrió el primer asesinato. La competencia de rally en Warnes también contaba con numeroso público presente.
Esta violencia en espacios abiertos genera terror en la población civil. Los ciudadanos se sienten desprotegidos ante la capacidad de acción de estos grupos criminales. La sensación de inseguridad se incrementa en toda la región de Santa Cruz.
Las autoridades enfrentan el desafío de proteger a la población y desarticular las redes criminales. No obstante, la falta de detenciones hasta el momento genera dudas sobre su capacidad. La ausencia de resultados concretos alimenta la percepción de impunidad.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en Bolivia trabaja en las investigaciones. Sin embargo, el tiempo transcurre y los responsables siguen prófugos. Cada día que pasa sin capturas fortalece a las organizaciones criminales.
El fiscal general Mariaca reconoció implícitamente la gravedad de la situación al convocar a múltiples instituciones. Esta coordinación debería haberse implementado antes, según señalan los expertos en seguridad. Ahora las autoridades intentan recuperar el control de la situación.
La expulsión de Marset a Estados Unidos fue presentada como un logro importante. Sin embargo, la estructura que construyó en Bolivia permanece operativa. Los lugartenientes y operadores locales continúan sus actividades sin mayor interferencia.
La falta de una estrategia integral para desmantelar económicamente a estas organizaciones es evidente. Las cuentas bancarias, propiedades y negocios fachada siguen funcionando. Mientras estos activos permanezcan intactos, la organización puede seguir operando.
Los eslabones débiles detenidos son fácilmente reemplazables en la estructura criminal. Los cabecillas y operadores importantes permanecen en libertad y en la sombra. Esta situación permite que las organizaciones se recompongan rápidamente tras cada golpe.
La pugna entre organizaciones criminales por el control territorial podría explicar estos asesinatos. Con Marset fuera del país, sus rivales intentan ocupar los espacios que dejó. Esta reconfiguración del poder criminal genera violencia y ajustes de cuentas.
Los antecedentes de narcotráfico de Douglas Q.R. y los vínculos de José Pedro R. con Marset sugieren conexiones. Aunque las autoridades no han establecido vínculos directos entre los tres casos. La coincidencia temporal y geográfica no puede ignorarse.
El caso del ciudadano brasileño en Puerto Quijarro añade complejidad al panorama. Las organizaciones criminales operan a ambos lados de la frontera con Brasil. Esta dimensión transnacional dificulta las investigaciones y la coordinación entre países.
La mujer herida que fue trasladada a Brasil es un testigo clave potencial. Sin embargo, su declaración dependerá de la cooperación entre autoridades bolivianas y brasileñas. Los mecanismos de colaboración judicial internacional suelen ser lentos y burocráticos.
El desafío está a la vista para las autoridades bolivianas. La capacidad del Estado para enfrentar organizaciones criminales sofisticadas está siendo puesta a prueba. Los próximos días y semanas serán cruciales para determinar la efectividad de la respuesta.
La población de Santa Cruz vive con temor ante esta escalada de violencia. Los asesinatos en espacios públicos generan una sensación de vulnerabilidad generalizada. Las familias se preguntan si están seguras al asistir a eventos deportivos o recreativos.
Los tres homicidios del domingo representan solo la punta del iceberg. Detrás de cada ejecución hay redes complejas de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción. Desarticular estas estructuras requiere voluntad política, recursos y estrategia de largo plazo.
