El Gobierno de Gustavo Petro publicó este jueves un decreto para trasladar recursos a Colpensiones. Se trata de cerca de 25 billones de pesos. Estos recursos provienen de afiliados que cambiaron de régimen pensional.
Las personas aprovecharon la oportunidad de traslado que creó la reforma pensional. Por lo tanto, pasaron de los fondos privados al régimen público. Hasta el 5 de febrero, 119.632 personas realizaron este movimiento.
Entre este grupo hay personas que siguen cotizando actualmente. También hay personas que ya se pensionaron después de cambiarse. Específicamente, 22.472 personas ya reciben su pensión.
El decreto establece plazos diferentes según cada caso. Para quienes no se han pensionado, el traslado debe hacerse en dos etapas. El 50% debe transferirse en máximo 20 días desde la entrada en vigencia. El 50% restante debe moverse en los 10 días siguientes.
En cuanto a los que ya se pensionaron, el plazo es más corto. El traslado debe completarse en 15 días desde la vigencia del decreto.
Andrés Velasco es el presidente de Asofondos. En rueda de prensa, manifestó que la medida contradice la ley. Específicamente, contradice el artículo 76 de la reforma pensional.
Este artículo está vigente porque la Corte Constitucional no lo suspendió. El parágrafo establece que los valores en las cuentas individuales seguirán administrados por las AFP. Esta administración se mantiene hasta que se consolide la pensión.
Velasco explicó que “los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de las personas que hagan uso de este mecanismo seguirán siendo administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión de vejez del régimen anterior”.
El artículo 24 de la reforma definió qué pasa después de la pensión. Sin embargo, este artículo sí está suspendido por la Corte. El Congreso estableció la creación de un fondo de ahorro especial.
Este fondo sería administrado por el Banco de la República. Su objetivo es asegurar la sostenibilidad del nuevo sistema pensional. La ley establece textualmente que debe entrar “la totalidad de los ingresos por traslados”.
Velasco fue enfático en su posición. Según él, no habría base jurídica para solicitar los recursos. Esto aplica tanto para quienes no se han pensionado como para los ya pensionados.
“No habría base jurídica para solicitar los recursos de quienes no se han pensionado, ni de quienes ya se pensionaron porque la reglamentación y la ley son claras en que esos recursos deben ahorrarse”, dijo Velasco.
El gremio está estudiando todavía los alcances del decreto. También está analizando las implicaciones de esta medida gubernamental. Las AFP están revisando las opciones legales disponibles.
Asofondos no descarta ninguna acción legal en este momento. Velasco aseguró que el efecto no es sobre el patrimonio de los fondos. Tampoco afecta los activos de las administradoras de pensiones.
Según el presidente de Asofondos, el impacto recae sobre la población. Esta población merece que el Gobierno atienda la Constitución. También merece que se respete la ley vigente.
Velasco agregó que no ahorrar estos recursos generará consecuencias graves. Específicamente, causará un problema fiscal a largo plazo. Esta advertencia apunta a la sostenibilidad del sistema pensional.
Santiago García es el presidente del consejo directivo de Asofondos. García también expresó su preocupación por esta medida del Gobierno. Le sorprende que se ordene trasladar 25 billones sin estudios previos.
“Sorprende que una orden forzada de trasladar COP 25 billones se haya dado sin analizar el impacto”, dijo Santiago García.
A García le preocupan especialmente las implicaciones de liquidar las inversiones. Esta liquidación es necesaria para poder trasladar los recursos a Colpensiones. Las inversiones actuales están diversificadas en diferentes instrumentos financieros.
Velasco resaltó una diferencia importante con versiones anteriores del decreto. A diferencia del proyecto que se conoció en febrero, existe un cambio. La versión definitiva permite trasladar recursos en títulos de deuda.
Esta instrucción abre una serie de preguntas técnicas y operativas. Colpensiones hace décadas que no maneja ningún fondo directamente. Su operación es diferente a la de las AFP.
Velasco explicó el funcionamiento actual de Colpensiones. La entidad recibe recursos de las cotizaciones con una mano. Con la otra mano traslada inmediatamente esos recursos a los pensionados.
De hecho, estos recursos no son suficientes para cubrir las obligaciones. Hacen falta cerca de 35 billones anuales para pagar las pensiones. Por eso Colpensiones le pide recursos al Gobierno Nacional constantemente.
Esta situación genera dudas sobre la capacidad de administración de los recursos. Si Colpensiones no maneja fondos actualmente, surge la pregunta. ¿Cómo administrará efectivamente 25 billones de pesos en títulos de deuda?
La medida no es aislada en el contexto actual. Se suma a otro decreto del Gobierno relacionado con recursos pensionales. Este decreto busca trasladar a Colombia parte de los recursos invertidos en el exterior.
Los afiliados a las AFP tienen recursos invertidos internacionalmente. Estos recursos están en el exterior buscando diversificación y rentabilidad. El nuevo decreto obligaría a repatriar parte de estas inversiones.
La reforma pensional ha generado múltiples controversias desde su aprobación. La Corte Constitucional suspendió algunos artículos de la ley. Sin embargo, otros permanecen vigentes y en aplicación.
Esta situación crea un escenario jurídico complejo y contradictorio. Por un lado, algunos artículos están suspendidos temporalmente. Por otro lado, el Gobierno emite decretos basándose en interpretaciones particulares.
Los fondos privados de pensiones administran actualmente billones de pesos. Estos recursos pertenecen a millones de colombianos que cotizan mensualmente. Las AFP invierten estos recursos buscando rentabilidad para las futuras pensiones.
El modelo de fondos privados se basa en cuentas individuales. Cada afiliado tiene su propia cuenta de ahorro pensional. Los aportes se capitalizan con los rendimientos de las inversiones.
El régimen público funciona de manera diferente al sistema privado. Opera bajo el esquema de prima media con prestación definida. Los recursos no se capitalizan individualmente sino que se redistribuyen.
Las cotizaciones de los trabajadores activos pagan las pensiones actuales. Este sistema requiere un flujo constante de nuevos cotizantes. De lo contrario, se generan déficits que debe cubrir el Estado.
La oportunidad de traslado permitió a los afiliados cambiar de régimen. Esta posibilidad fue parte de las disposiciones transitorias de la reforma. Miles de personas decidieron moverse del régimen privado al público.
Las razones para este traslado son diversas según cada caso. Algunos buscan mejores condiciones para su futura pensión. Otros consideran que el régimen público ofrece mayor seguridad.
Sin embargo, este movimiento masivo tiene implicaciones económicas importantes. El traslado de 25 billones representa un monto significativo en la economía. También implica movimientos importantes en los mercados financieros.
La liquidación de inversiones para hacer los traslados puede afectar los mercados. Si se venden activos rápidamente, pueden generarse pérdidas. También puede haber impactos en la valoración de ciertos instrumentos financieros.
La posibilidad de transferir recursos en títulos de deuda mitiga parcialmente este riesgo. No sería necesario liquidar todas las inversiones en efectivo. Los títulos pueden transferirse directamente a Colpensiones.
No obstante, surgen preguntas sobre la capacidad operativa de Colpensiones. ¿Cuenta la entidad con la infraestructura para administrar estos títulos? ¿Tiene el personal técnico capacitado para gestionar estas inversiones?
Estas preguntas son relevantes porque afectan directamente a los afiliados. Los recursos trasladados deben generar rendimientos para pagar pensiones futuras. Una mala administración podría reducir el valor de estos recursos.
El debate sobre el sistema pensional continúa en Colombia. Diferentes sectores tienen visiones distintas sobre el modelo ideal. El Gobierno defiende el fortalecimiento del régimen público.
Los fondos privados argumentan que ofrecen mejor rentabilidad y transparencia. También señalan que las cuentas individuales dan mayor control a los afiliados. Cada persona puede conocer exactamente cuánto tiene ahorrado.
Los expertos en pensiones advierten sobre los retos del sistema actual. Colombia enfrenta un envejecimiento progresivo de su población. Cada vez habrá más pensionados y menos trabajadores activos cotizando.
Esta realidad demográfica hace urgente un sistema pensional sostenible. Las decisiones que se tomen hoy afectarán a generaciones futuras. Por eso es fundamental que se basen en análisis técnicos rigurosos.
La controversia sobre este decreto probablemente llegará a instancias judiciales. Asofondos está evaluando todas las opciones legales disponibles. Los fondos privados podrían presentar acciones ante los tribunales.
La Corte Constitucional podría tener que pronunciarse nuevamente sobre este tema. Ya suspendió algunos artículos de la reforma pensional. Podría evaluar si este decreto es compatible con la Constitución.
Mientras tanto, los plazos establecidos en el decreto comienzan a correr. Los fondos privados deben decidir cómo proceder ante esta orden. El cumplimiento o no del decreto tendrá consecuencias importantes.
Los afiliados que se trasladaron observan con atención esta situación. Sus recursos están en el centro de esta controversia. Esperan que las decisiones protejan sus ahorros pensionales.
La sostenibilidad fiscal del país también está en juego. Si los recursos no se ahorran como establece la ley, aumentará el déficit. Este déficit deberá cubrirse con recursos del presupuesto nacional.
