La delegación del Gobierno en los diálogos de paz emitió un comunicado urgente este martes. En él, exige a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano aclarar su responsabilidad en hechos violentos recientes. Los acontecimientos ocurrieron en el departamento de Nariño. Además, involucraron a menores de edad.
Los negociadores advirtieron que las conversaciones atraviesan un “estado altamente crítico”. La tensión se intensifica en la mesa de paz total del Gobierno de Gustavo Petro. Por su parte, la disidencia está al mando de Walter Mendoza. Los episodios de violencia amenazan los avances logrados hasta ahora.
El primer incidente ocurrió en la vereda La Laguna, municipio de Olaya Herrera. Cuatro menores de edad resultaron heridos por una mina antipersonal. Asimismo, un ataque con drones sacudió la zona rural de Ipiales. Específicamente, sucedió en el corregimiento La Victoria, vereda La Esfloria.
Tres soldados profesionales perdieron la vida en el ataque con drones cargados de explosivos. Sus nombres eran Andrés Esteban Álvarez, Darwin Arnoldo Gómez y Brayan Steven Galindo. La delegación gubernamental condenó enfáticamente estos hechos en su comunicado oficial.
“Esto constituye una grave violación a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario y, de confirmarse la participación de Comandos de La Frontera, sería también una violación del compromiso hecho por el grupo armado, de no atacar a la fuerza pública”, se lee en el documento.
En el municipio Olaya Herrera hace presencia el frente Alfonso Cano. Esta estructura pertenece a la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. La afectación de los niños representa un incumplimiento del compromiso acordado previamente. Concretamente, se refiere al cuarto ciclo de negociaciones.
Según el Gobierno, el grupo armado tiene una obligación fundamental. Debe garantizar que los territorios bajo su control estén libres de minas. Igualmente, deben estar libres de artefactos explosivos. Esta responsabilidad fue pactada en la mesa de diálogos.
Los negociadores del Ejecutivo calificaron los hechos como “inadmisibles”. Además, señalaron que afectan directamente los avances logrados en las conversaciones. Por consiguiente, habrá consecuencias en el proceso de paz.
“Las consecuencias se verán en la mesa: no podemos aceptar que en las negociaciones el grupo armado mantenga un discurso de paz, mientras sus unidades cometen acciones delictivas de extrema gravedad, que atropellan lo pactado y cobran vidas”, concluye el comunicado.
Armando Novoa es el jefe de la delegación gubernamental en estos diálogos. Él anunció que evaluará de manera inmediata el curso de las conversaciones. También determinará la suerte de estos diálogos. Para ello, realizará consultas con el presidente Gustavo Petro.
Igualmente, Novoa conversará con el consejero comisionado de paz, Otty Patiño. La decisión sobre la continuidad del proceso requiere análisis profundo. Mientras tanto, la incertidumbre crece en el territorio.
La tensión en la mesa de paz no es nueva. Viene acumulándose desde hace varias semanas. De hecho, el séptimo ciclo de diálogos ha enfrentado dos suspensiones consecutivas. Cada pausa ha revelado diferencias profundas entre las partes.
La primera suspensión ocurrió en marzo pasado. La delegación de la CNEB pausó el ciclo tras la muerte de uno de sus miembros. El fallecimiento sucedió durante un operativo del Ejército. Sin embargo, existían otras razones de fondo.
La decisión también respondía a dudas sobre el ingreso de Geovany Andrés Rojas a la zona temporal. Rojas es conocido con el alias de Araña. Además, es jefe de los Comandos de Frontera. Su ingreso a la Zona de Ubicación Temporal sigue siendo un tema pendiente.
Este asunto se ha convertido en uno de los temas más sensibles del proceso. Aún no termina de concretarse. Por ende, genera desconfianza entre las partes negociadoras.
La segunda pausa se produjo hace apenas una semana. Ocurrió dos días después de una reunión en Chimbuza. Esta localidad se encuentra en el municipio de Roberto Payán. El objetivo era verificar avances en un compromiso crucial.
Ese compromiso consiste en la sustitución de 30.000 hectáreas de coca. Las plantaciones se ubican entre Nariño y Putumayo. No obstante, este tema se ha convertido en el más controversial. Existe un desacuerdo fundamental sobre quién debe financiar la sustitución.
Según el comunicado gubernamental, hay estructuras de la CNEB en otras regiones de Nariño. Estas estructuras no han asumido ningún compromiso encaminado a la erradicación. Tampoco lo hicieron durante la sesión más reciente. Esta situación genera malestar en la delegación del Gobierno.
La estructura armada respondió al Gobierno mediante una carta dirigida al comisionado de paz. También la enviaron a la delegación del Ejecutivo y a los países garantes. En el documento, el grupo armado rechazó la decisión gubernamental.
La CNEB habló de un giro inexplicado del Gobierno. Según su perspectiva, esto implicaría asumir por cuenta propia la erradicación. Además, tendrían que cubrir el costo de una cifra aún desconocida de hectáreas. Esta posición revela la distancia entre las partes.
El tema de la coca ha tensado históricamente los procesos de paz en Colombia. En este caso, no es la excepción. La economía ilícita se entrelaza con dinámicas sociales complejas. Por tanto, su abordaje requiere soluciones integrales.
Las comunidades campesinas dependen económicamente de estos cultivos. Simultáneamente, los grupos armados obtienen financiación de esta actividad. Consecuentemente, cualquier acuerdo debe considerar múltiples dimensiones del problema.
La sustitución voluntaria ha sido la apuesta del Gobierno en otros procesos. Sin embargo, requiere recursos significativos del Estado. También necesita acompañamiento técnico a las familias cultivadoras. Además, debe garantizar alternativas económicas viables.
En este contexto, la posición de la CNEB genera interrogantes. Si el grupo armado se beneficia de la economía cocalera, ¿debe contribuir a su transformación? Por otro lado, ¿es responsabilidad exclusiva del Estado financiar la sustitución? Estas preguntas permanecen sin respuesta clara.
Mientras tanto, la situación humanitaria en los territorios se agrava. Los menores heridos por la mina antipersonal representan el rostro más doloroso del conflicto. Sus vidas quedaron marcadas por la violencia. Asimismo, sus familias enfrentan ahora un futuro incierto.
Las minas antipersonal constituyen armas indiscriminadas. No distinguen entre combatientes y población civil. Tampoco diferencian entre adultos y niños. Por ello, su uso está prohibido por el derecho internacional humanitario.
Colombia es uno de los países más contaminados por minas en el mundo. Miles de víctimas han sufrido las consecuencias de estos artefactos. Muchas de ellas son campesinos que trabajan la tierra. Otras son niños que juegan en zonas rurales.
El compromiso de desminado por parte de los grupos armados es fundamental. Representa un gesto humanitario básico. Además, demuestra voluntad real de proteger a la población civil. En este caso, el incidente en Olaya Herrera contradice ese compromiso.
Por su parte, las familias de los tres soldados fallecidos también sufren. Andrés Esteban Álvarez, Darwin Arnoldo Gómez y Brayan Steven Galindo cumplían su deber. El ataque con drones representa una escalada en la violencia. Igualmente, cuestiona la viabilidad del cese al fuego.
Los drones cargados con explosivos son una táctica relativamente nueva en el conflicto colombiano. Su uso evidencia capacidad técnica del grupo armado. Sin embargo, también demuestra disposición para acciones letales. Esto contrasta con el discurso de paz en la mesa.
La delegación gubernamental señaló precisamente esta contradicción. No es posible negociar mientras continúan las acciones violentas. La coherencia entre el discurso y la práctica es esencial. De lo contrario, el proceso pierde credibilidad.
Los países garantes observan con preocupación estos acontecimientos. Su rol es acompañar y verificar los acuerdos alcanzados. También pueden mediar en momentos de crisis. No obstante, su influencia tiene límites claros.
La comunidad internacional ha respaldado la paz total del presidente Petro. Diversos gobiernos y organismos multilaterales han expresado su apoyo. Sin embargo, este respaldo depende del cumplimiento de estándares internacionales. Especialmente, en materia de derechos humanos.
Las violaciones documentadas ponen en riesgo ese respaldo. Si la CNEB no aclara su responsabilidad, las consecuencias pueden ser graves. Podrían incluir sanciones internacionales. También podrían afectar la legitimidad del proceso ante la opinión pública.
En Colombia, la paz total enfrenta múltiples desafíos simultáneos. El Gobierno negocia con varios grupos armados a la vez. Cada mesa tiene sus propias dinámicas y dificultades. No obstante, todas están interconectadas.
Lo que sucede en una mesa afecta a las demás. Si el proceso con la CNEB fracasa, otros grupos podrían reconsiderar su participación. Por el contrario, los avances en una negociación pueden inspirar progresos en otras. Esta interdependencia es compleja.
La población civil observa estos procesos con esperanza y escepticismo. Muchas comunidades han vivido décadas de conflicto armado. Han visto procesos de paz anteriores con resultados mixtos. Por tanto, su confianza debe ganarse con hechos concretos.
Los hechos recientes en Nariño erosionan esa confianza. Las familias afectadas necesitan respuestas. También requieren reparación y garantías de no repetición. Sin estos elementos, la paz será solo un nombre.
El departamento de Nariño ha sido históricamente un territorio en disputa. Su ubicación fronteriza con Ecuador es estratégica. Además, concentra economías ilegales como el narcotráfico. Igualmente, tiene presencia de múltiples actores armados.
En este contexto, la consolidación de la paz es particularmente compleja. Requiere transformaciones estructurales en el territorio. También necesita presencia efectiva del Estado. Además, debe incluir a las comunidades en la construcción de soluciones.
La sustitución de cultivos es solo una parte del desafío. También se requiere infraestructura vial para conectar las zonas rurales. Asimismo, es necesario garantizar acceso a servicios básicos. La educación y la salud deben llegar a todos los rincones.
Sin desarrollo rural integral, la paz será frágil. Las condiciones que originaron el conflicto permanecerán intactas. Por consiguiente, nuevas formas de violencia podrían emerger. Este es el gran reto estructural.
Mientras tanto, la mesa de diálogos enfrenta su momento más crítico. Las próximas semanas serán decisivas. La CNEB debe responder a las exigencias gubernamentales. Igualmente, debe demostrar compromiso real con la paz.
El Gobierno, por su parte, debe mantener firmeza en sus principios. No puede normalizar las violaciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo, debe preservar el espacio de diálogo. Este equilibrio es delicado pero necesario.
Los mediadores y garantes tendrán un papel crucial en los próximos días. Pueden ayudar a encontrar salidas a la crisis. También pueden proponer mecanismos de verificación más robustos. Su experiencia en otros procesos puede ser valiosa.
Las organizaciones de víctimas también observan atentamente. Ellas han insistido en que la verdad y la justicia son innegociables. Cualquier acuerdo debe incluir estos elementos. De lo contrario, no habrá paz sostenible.
La sociedad civil organizada ha jugado un rol importante en estos procesos. Sus aportes enriquecen las discusiones en las mesas. Además, mantienen viva la perspectiva de las comunidades afectadas. Su participación debe fortalecerse.
Los académicos y expertos en conflicto también contribuyen con análisis. Ayudan a comprender las dinámicas complejas del territorio. Igualmente, proponen alternativas basadas en evidencia. Este conocimiento debe ser considerado.
La prensa cumple una función fundamental de información y control. Documentar estos procesos es esencial para la transparencia. También permite que la ciudadanía forme opiniones informadas. La libertad de prensa debe protegerse.
En definitiva, la crisis actual en la mesa con la CNEB es un momento de verdad. Revelará si existe voluntad real de paz por parte del grupo armado. También mostrará la capacidad del Gobierno para manejar situaciones complejas.
Los próximos movimientos determinarán el futuro de este proceso. Pueden llevar a un fortalecimiento de los acuerdos. Alternativamente, pueden conducir a la ruptura definitiva de las conversaciones. La incertidumbre es total.
Lo que está en juego trasciende esta mesa particular. Se trata de la viabilidad de la paz total como estrategia. También se cuestiona la posibilidad de resolver el conflicto por vías negociadas. Estas son preguntas fundamentales para Colombia.
Las víctimas de la violencia reciente esperan justicia. Las familias de los soldados caídos merecen respuestas. Los niños heridos necesitan atención integral. Todas estas personas representan la urgencia de la paz.
Sin embargo, la paz no puede construirse sobre la impunidad. Tampoco puede ignorar las violaciones a los derechos humanos. Debe fundamentarse en la verdad, la justicia y la reparación. Estos principios no son negociables.
El camino hacia la paz en Colombia ha sido largo y tortuoso. Ha tenido avances significativos y retrocesos dolorosos. Cada generación ha aportado a esta construcción colectiva. El momento actual es parte de esa historia.
La responsabilidad de construir paz es compartida. El Gobierno debe crear condiciones y liderar el proceso. Los grupos armados deben cumplir sus compromisos. La sociedad debe apoyar y exigir resultados.
Nariño espera respuestas concretas. Sus comunidades han pagado un precio muy alto por el conflicto. Merecen vivir en paz y con dignidad. Este es el objetivo último de cualquier negociación.
