El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció cambios drásticos en la reforma tributaria. Además, reveló que el Gobierno está dispuesto a eliminar impuestos controvertidos. De esta manera, busca salvar un proyecto que enfrenta su momento más crítico.
La propuesta se encuentra a solo una semana del cierre de sesiones ordinarias del Congreso. Por lo tanto, el tiempo apremia para lograr la aprobación necesaria. El ministro explicó que están considerando retirar medidas que generan mayor rechazo.
Según Ávila, la administración evalúa “la exclusión total del impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, particularmente para la cerveza”. Asimismo, estudia “quizá la eliminación del impuesto al carbono en los $100 que impactan el precio de la gasolina”. Estas declaraciones fueron publicadas en una columna del diario La República.
El proyecto de ley busca recaudar 16,3 billones de pesos colombianos para 2026. Esta cifra representa aproximadamente el 0,8% del Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, el trámite permanece bloqueado en las comisiones económicas del Congreso desde septiembre.
La iniciativa enfrenta fuerte resistencia de diversos sectores políticos y sociales. En particular, los impuestos a la cerveza y la gasolina generan mayor controversia. Por consiguiente, el Gobierno decidió flexibilizar su postura para destrabar el debate legislativo.
El ministro Ávila detalló que el proyecto persigue un doble objetivo fundamental. Primero, busca cumplir el principio de progresividad tributaria en el sistema fiscal. Segundo, pretende restablecer la regla fiscal tras activar una cláusula de escape en junio.
Las tres medidas con mayor potencial recaudatorio fueron identificadas claramente por el ministro. La primera corresponde al “impuesto al consumo sobre bebidas alcohólicas y tabaco” por 3 billones. La segunda se refiere al “impuesto a los patrimonios superiores a $2.600 millones” por 2,2 billones. La tercera contempla el “impuesto a personas jurídicas con las mayores tasas a las instituciones financieras y al carbón” por 1,3 billones.
El riesgo de hundimiento del proyecto es real y tiene consecuencias graves. Se requieren 11 votos negativos en las comisiones terceras para archivar la iniciativa. Igualmente, se necesitan nueve votos en las cuartas de Cámara y Senado. De lograrse estas cifras, la ley quedaría archivada sin posibilidad de continuar.
La representante Katherine Miranda denunció una estrategia dilatoria por parte de algunos sectores. Según ella, buscan forzar un estado de emergencia económica posterior. De esta forma, intentarían viabilizar la reforma mediante decreto presidencial.
Miranda advirtió que la Corte Constitucional ha establecido límites claros para estas medidas. “La Corte ha dicho que solo procede ante un hecho sobreviniente, imprevisible y externo”, señaló. Además, aclaró que no aplica “por derrotas políticas ni por una crisis fiscal”.
El ministro Ávila defendió enfáticamente el impuesto al patrimonio propuesto en la reforma. Este gravamen se enfoca en las mayores fortunas del país, según explicó. Particularmente, afecta a quienes poseen patrimonios superiores a 6.000 millones de pesos.
Ávila planteó preguntas directas sobre la equidad de estas medidas tributarias. “¿Cuántos colombianos trabajadores, gente de clase media o medianos y pequeños empresarios tienen este nivel de patrimonio?”, cuestionó. Posteriormente agregó: “¿Acaso no es justo que personas con tal riqueza contribuyan mucho más al financiamiento de los bienes y servicios sociales?”.
El funcionario fundamentó su argumento en el artículo 363 de la Constitución Política. Esta norma establece que el sistema tributario debe basarse en tres principios fundamentales. Estos son la equidad, la eficiencia y la progresividad en la distribución de cargas.
Según el ministro, la progresividad implica que quienes tienen mayor capacidad económica deben pagar más. “Porque reduce la desigualdad y genera recursos para financiar la política social”, explicó. También destacó que permite financiar “los servicios públicos esenciales” que requiere la población.
El Gobierno insiste en que la ley de financiamiento es indispensable para el país. Específicamente, señala que es necesaria para cubrir programas sociales prioritarios. Igualmente, afirma que garantiza la estabilidad de las cuentas públicas nacionales.
Ávila criticó duramente la posición de algunos legisladores en el Congreso. Señaló que “un reducido grupo de senadores en comisiones económicas se opone a discutir y aprobar dicha ley”. Además, los acusó de actuar “sin escuchar razones, sin analizar los cambios que ha tenido el proyecto”.
El ministro también cuestionó que estos congresistas no consideren las concesiones ofrecidas. Indicó que ignoran “la posibilidad de eliminar algunos tributos con los que ellos mismos han manifestado inconformidad”. Por lo tanto, calificó esta resistencia como algo que “no resulta sensata, ni responsable con el país”.
El jefe de la cartera de Hacienda hizo un llamado directo al Legislativo. “Permítanme hacer un llamado porque la razón y la empatía prime en los debates”, solicitó. Seguidamente, advirtió sobre las consecuencias de rechazar la reforma tributaria propuesta.
Según Ávila, el rechazo afectaría directamente a la población más vulnerable del país. Específicamente, se sacrificarían “recursos necesarios para los programas sociales que las colombianas y los colombianos más necesitados demandan”. Esta advertencia busca presionar a los legisladores indecisos en sus posiciones.
El recaudo proyectado financiará diversos programas sociales y servicios públicos esenciales en Colombia. Sin estos recursos, el Presupuesto de 2026 enfrentaría un déficit significativo. Por consiguiente, muchas políticas públicas comprometidas quedarían sin financiación adecuada.
El debate en la Cámara de Representantes resulta crucial para el futuro de la iniciativa. Esta instancia legislativa define el destino de un proyecto clave para el equilibrio presupuestal. De allí depende la viabilidad financiera del próximo año fiscal.
Si la reforma no logra los votos necesarios antes del cierre de sesiones, el Ejecutivo tiene alternativas. En ese escenario, convocará a sesiones extraordinarias para continuar el trámite legislativo. Estas sesiones se celebrarían a mediados de diciembre según lo previsto.
El resultado final definirá el rumbo fiscal para 2026 de manera determinante. También establecerá el alcance real de las políticas públicas contempladas en el presupuesto. Además, podría marcar cambios sustanciales en la estructura tributaria del país.
Todo el proceso legislativo se desarrolla bajo observación constante de diversos sectores. Los analistas económicos siguen de cerca cada movimiento en el Congreso. Igualmente, los gremios empresariales y los movimientos sociales mantienen atención permanente.
La flexibilización propuesta por el Gobierno representa un giro estratégico importante. Demuestra la disposición del Ejecutivo para negociar con los sectores opositores. No obstante, mantiene firme su posición sobre los impuestos a patrimonios altos.
Los impuestos a bebidas alcohólicas y gasolina han sido los más cuestionados públicamente. Diversos sectores argumentan que afectan desproporcionadamente a la clase media. Por este motivo, su eventual eliminación busca reducir la resistencia al proyecto completo.
El impuesto al carbono sobre la gasolina añade 100 pesos al precio del combustible. Esta medida ambiental ha generado rechazo entre transportadores y consumidores finales. Sin embargo, también cuenta con defensores que destacan su importancia para la transición energética.
El gravamen a la cerveza afecta directamente a la industria cervecera nacional. Este sector ha ejercido presión constante contra esta medida específica. Argumenta que perjudicaría el empleo y la competitividad de la industria local.
El Gobierno mantiene firme su posición sobre gravar los patrimonios más altos. Especialmente aquellos que superan los 148.000 millones de pesos colombianos. Esta medida afectaría a un número reducido de personas con las mayores fortunas.
Las instituciones financieras también enfrentarían tasas impositivas más elevadas bajo la reforma propuesta. Este sector ha expresado preocupaciones sobre el impacto en su operación. No obstante, el Gobierno argumenta que tienen mayor capacidad contributiva.
La industria del carbón sería otro sector afectado por impuestos corporativos más altos. Esta medida busca aumentar la contribución de las actividades extractivas al fisco. Además, se alinea con objetivos ambientales de largo plazo del Gobierno.
El debate tributario refleja tensiones más amplias sobre el modelo económico del país. Por un lado, están quienes defienden mayor progresividad en el sistema fiscal. Por otro, quienes temen que los impuestos afecten la inversión y el crecimiento.
La próxima semana será definitiva para conocer el destino de la reforma tributaria. Los congresistas deberán decidir si aprueban, modifican o rechazan el proyecto gubernamental. Esta decisión tendrá repercusiones significativas para la economía nacional durante 2026.
El ministro Ávila mantiene conversaciones permanentes con diferentes bancadas en el Congreso. Busca construir consensos que permitan aprobar al menos los componentes esenciales de la reforma. La estrategia incluye concesiones puntuales sin sacrificar los objetivos centrales de recaudo.
Las sesiones extraordinarias aparecen como último recurso para salvar el proyecto de ley. Sin embargo, convocarlas no garantiza la aprobación de la iniciativa gubernamental. Además, prolongaría la incertidumbre sobre las finanzas públicas del próximo año.
El fracaso de la reforma obligaría al Gobierno a buscar alternativas para financiar el presupuesto. Estas opciones incluyen recortes de gasto o endeudamiento adicional del Estado. Ambas alternativas presentan desafíos significativos para la gestión económica del país.
