La Contraloría General de la República detectó giros irregulares por 23.426 millones de pesos en Asmet Salud EPS. Esta situación surgió tras una auditoría realizada a las vigencias 2023 y 2024. Los recursos fueron transferidos a prestadores de servicios de salud sin justificación aparente.
La firma RG Auditores S.A.S. autorizó estos giros irregulares. Esta empresa actuaba como interventora designada por la Superintendencia Nacional de Salud. Según el ente de control, la firma modificó de forma injustificada e ilegal los montos aprobados. Estos montos estaban destinados para pago directo a prestadores de servicios médicos.
Asmet Salud certificó inicialmente la postulación de 91 prestadores para pagos por giro directo. El monto total aprobado alcanzaba los 47.809 millones de pesos. Sin embargo, la auditoría identificó una irregularidad significativa en la distribución de estos recursos.
A 74 de estos prestadores se les giraron montos superiores a los autorizados. Esta diferencia generó el desbalance financiero que ahora investiga la Contraloría. La EPS manifestó no haber autorizado dichos pagos en ningún momento. La entidad atribuyó estas decisiones exclusivamente a la interventoría.
No obstante, el ente de control señala la falta de acciones concretas. No existe evidencia de gestiones administrativas adelantadas por la EPS contra la firma interventora. Tampoco se registran acciones judiciales para la recuperación de estos recursos públicos.
A la fecha, se ha logrado el reintegro de 24.383 millones de pesos. Aun así, quedan pendientes 23.426 millones por recuperar de las arcas de terceros. Este monto representa recursos públicos que permanecen sin justificación en manos de prestadores.
Durante 2024, Asmet Salud EPS solicitó autorización para iniciar procesos de conciliación extrajudicial. La entidad buscaba resolver la situación con los 74 prestadores que recibieron pagos excesivos. Sin embargo, los resultados de estos intentos fueron desalentadores para la recuperación.
De los 74 casos identificados, 27 prestadores rechazaron directamente la conciliación propuesta. Otros 29 prestadores simplemente no asistieron a las convocatorias realizadas por la EPS. Adicionalmente, 8 procesos se encuentran actualmente suspendidos sin fecha de reanudación clara.
Han transcurrido más de dos años desde el giro de los recursos cuestionados. Durante este tiempo, los recursos permanecen en manos de terceros sin movimiento. Tampoco se han ejercido los mecanismos legales disponibles para su reintegro efectivo.
La Contraloría insistió en un punto fundamental sobre la responsabilidad institucional. La obligación de recuperar recursos públicos no desaparece por circunstancias particulares. El hecho de que la EPS no haya sido directamente responsable no elimina su deber.
Asmet Salud EPS atiende actualmente a poco más de 1,5 millones de afiliados. La entidad tiene cobertura en 12 departamentos del país a lo largo del territorio nacional. Esta población depende de la estabilidad financiera y operativa de la institución.
La Superintendencia Nacional de Salud ordenó intervención forzosa administrativa sobre esta EPS el 12 de mayo de 2023. Esta medida se tomó debido a reiteradas fallas en la atención a usuarios. También influyó la crítica situación financiera que presentaba la entidad promotora en ese momento.
Las fallas en la atención ponían en riesgo la salud de los usuarios afiliados. Por ello, la Supersalud consideró necesaria una intervención inmediata para proteger los derechos fundamentales. La medida buscaba estabilizar la operación y garantizar la continuidad del servicio.
A mediados de enero, la Superintendencia Nacional de Salud emitió un comunicado aclaratorio importante. La entidad aseguró que Asmet Salud EPS no se encuentra en proceso de liquidación. Tampoco se ha ordenado el cierre o terminación de su operación en el país.
La intervención ordenada en mayo de 2023 se extenderá al menos hasta el 11 de mayo de este año. Esta medida no implica la suspensión de los servicios prestados a los afiliados. Los usuarios continúan recibiendo atención médica durante todo el proceso de intervención.
Cualquier decisión sobre una eventual liquidación solo podrá adoptarse mediante acto administrativo formal. Esta decisión deberá estar soportada en criterios técnico-científicos rigurosos y verificables. También requerirá análisis financieros y jurídicos profundos antes de su implementación.
Además, cualquier determinación deberá ser comunicada a través de los canales oficiales establecidos. La Supersalud garantiza transparencia en el proceso y acceso a la información para los afiliados. No se tomarán decisiones sin el debido proceso y la evaluación correspondiente.
La Superintendencia aseguró que la EPS evidencia avances en la estabilización de indicadores financieros. También ha mejorado la oportunidad de la prestación de los servicios a sus usuarios. Asimismo, se registra cumplimiento de las órdenes impartidas por la entidad de vigilancia.
Sin embargo, la Supersalud no entregó detalles específicos sobre estos avances mencionados en su comunicado. Esta falta de información genera incertidumbre sobre el estado real de la recuperación institucional. Los afiliados y prestadores esperan mayor claridad sobre los indicadores de mejora.
En mayo del año pasado, la Supersalud prorrogó por tercera vez la medida de intervención. Pese a los avances registrados, aún había varios aspectos pendientes del plan de trabajo. Este plan se aprobó específicamente para la recuperación integral de la EPS.
Cuando fue intervenida, la EPS contaba con 2.027.382 afiliados en todo el país. A corte de diciembre de 2025, el Ministerio de Salud reportó 1.587.009 afiliados activos. Esta cifra representa una disminución significativa en la población atendida por la entidad.
De estos afiliados, la mayoría pertenece al régimen subsidiado con 1.509.203 usuarios registrados. El resto corresponde al régimen contributivo con 77.806 afiliados en todo el territorio nacional. Esta distribución refleja el perfil poblacional que atiende principalmente la EPS.
La pérdida de más de 440.000 afiliados en el período de intervención genera preocupación. Esta disminución podría reflejar desconfianza de los usuarios en la capacidad operativa de la entidad. También puede indicar traslados a otras EPS buscando mejor calidad en los servicios.
La situación de Asmet Salud EPS refleja problemas estructurales del sistema de salud colombiano. Las dificultades financieras y operativas afectan directamente la prestación de servicios a poblaciones vulnerables. La recuperación de recursos públicos se convierte en prioridad para garantizar sostenibilidad.
El caso evidencia la importancia de controles efectivos sobre las firmas interventoras designadas. Estas empresas deben actuar con transparencia y apego estricto a las normas establecidas. Su función es proteger los recursos públicos, no generar nuevas irregularidades administrativas.
La Contraloría mantiene su posición sobre la responsabilidad de recuperar los recursos faltantes. Los 23.426 millones de pesos pendientes representan recursos que deberían estar financiando atención médica. Estos fondos son fundamentales para garantizar servicios de calidad a los afiliados.
Los mecanismos de conciliación extrajudicial han demostrado limitaciones en su efectividad para este caso. La baja respuesta de los prestadores complica el proceso de recuperación de recursos. Esto sugiere la necesidad de acciones legales más contundentes y expeditas.
La falta de acciones judiciales contra la firma interventora genera cuestionamientos sobre la gestión. RG Auditores S.A.S. modificó montos sin justificación, generando el desfalco detectado por la auditoría. Esta empresa debe responder por las decisiones que tomó durante su función.
El tiempo transcurrido sin recuperación efectiva de recursos preocupa a las autoridades de control. Dos años representan un período extenso sin resultados concretos en la restitución de fondos. La urgencia aumenta considerando las necesidades de atención médica de la población afiliada.
La estabilización de Asmet Salud EPS depende de múltiples factores que deben converger simultáneamente. La recuperación financiera requiere el reintegro de los recursos desviados a través de giros irregulares. También necesita eficiencia operativa y recuperación de la confianza de los usuarios.
La intervención de la Supersalud continuará monitoreando el cumplimiento del plan de trabajo establecido. Los próximos meses serán determinantes para evaluar la viabilidad de la EPS a largo plazo. Las decisiones que se tomen afectarán a más de 1,5 millones de colombianos.
Los prestadores de servicios de salud también enfrentan consecuencias por esta situación irregular. Aquellos que recibieron pagos excesivos deben responder por la devolución de recursos públicos. Su cooperación es esencial para resolver el desbalance financiero detectado por la Contraloría.
El sistema de salud colombiano requiere fortalecimiento en los mecanismos de supervisión y control. Las auditorías deben realizarse con mayor frecuencia y profundidad para detectar irregularidades oportunamente. La prevención es más efectiva que la corrección de problemas ya consolidados.
La transparencia en el manejo de recursos públicos destinados a salud es fundamental e innegociable. Los colombianos tienen derecho a conocer cómo se utilizan los fondos del sistema. Esta información permite ejercer control social y exigir rendición de cuentas a las instituciones.
La recuperación de los 23.426 millones de pesos pendientes debe convertirse en prioridad institucional inmediata. Estos recursos representan medicamentos, procedimientos y atenciones médicas que requieren los afiliados de Asmet Salud. Cada día sin recuperación es un día de servicios potencialmente no prestados.
