El Gobierno colombiano asumió el compromiso de definir el destino de siete entidades promotoras de salud intervenidas. La fecha límite establecida es diciembre de 2026. Así lo anunció la ministra Ana María Vesga durante un evento especializado.
La funcionaria participó en el encuentro Visión y Prioridades del Sistema de Salud Colombiano. El foro fue organizado por Así Vamos en Salud, Uniandes y Fundación Santa Fe. Allí expuso sus hallazgos tras un mes al frente del Ministerio.
Vesga planteó realizar una “alta cirugía” sobre estas instituciones de salud. El objetivo es determinar cuáles entidades pueden recuperarse financieramente. También establecerá cuáles deberán avanzar hacia su liquidación definitiva.
Las siete EPS intervenidas agrupan 22,4 millones de afiliados en todo el país. Además, acumulan pasivos citados por la ministra en $52 billones. Esta cifra proviene de datos divulgados por la Contraloría General de la República.
Sin embargo, Vesga reconoció que existen diferencias entre las cifras oficiales disponibles. También mencionó patrimonios negativos superiores a $24 billones en estas entidades. Por tanto, el primer paso será sincerar las cuentas reales.
La ministra explicó que estos pasivos se trasladan a clínicas y hospitales. Igualmente afectan a proveedores mediante carteras gigantescas de deudas acumuladas. Por eso, antes de definir mecanismos financieros, el Estado necesita conocer cifras exactas.
“¿Cómo se financia un pasivo, si no se sabe cuál es el pasivo? ¿Cómo se reestructura un pasivo si no se conoce cuál es el pasivo?”, cuestionó Vesga durante su intervención pública.
El Ministerio y la Superintendencia Nacional de Salud preparan un ejercicio de conciliación. Esta tarea busca sincerar las obligaciones reales de cada entidad intervenida. Con esa información, el Estado evaluará opciones de reestructuración financiera del sector.
Vesga descartó aplicar una solución uniforme para las siete EPS intervenidas. Liquidarlas todas simultáneamente afectaría a millones de usuarios del sistema. Nacionalizarlas implicaría asumir pasivos que el Estado no puede absorber operativamente.
La ruta propuesta consiste en revisar individualmente cada caso particular. Se evaluará la viabilidad financiera y operativa de cada institución. También se analizará la red de prestadores disponible para cada aseguradora.
Según la ministra, algunas entidades podrían recuperarse con intervenciones adecuadas. Otras tendrían que avanzar necesariamente hacia su liquidación definitiva. La decisión final corresponderá a la Superintendencia Nacional de Salud.
El Gobierno también revisará el modelo de intervención actualmente aplicado. Vesga cuestionó la efectividad de este mecanismo en el sistema colombiano. Afirmó no conocer casos donde una intervención terminara en instituciones más sólidas.
Tampoco ha visto que mejoren la gobernanza o la atención a usuarios. Por tanto, se requiere replantear la forma en que se intervienen entidades.
Más allá de las EPS, la ministra describió una crisis multidimensional del sistema. Identificó problemas financieros, de atención y de erosión institucional profunda. También señaló deterioro técnico y territorial que obliga a recuperar la gobernanza.
Vesga relató que tras el sismo del 10 de agosto encontró debilidades estructurales. En su primera llamada buscó activar la dirección de atención de emergencias. El hallazgo fue inesperado y revelador para la funcionaria.
La persona encargada de esa dirección pertenecía al equipo de comunicaciones. Se dedicaba a fotografías y seguimiento de redes sociales institucionales. Para Vesga, ese episodio evidenció la magnitud de la erosión técnica institucional.
“Erosión técnica. Erosión institucional”, resumió la ministra al describir sus primeros 30 días. También señaló una ruptura total de conversación con los territorios. Especialmente grave es la situación con secretarios departamentales y municipales.
Algunos funcionarios territoriales manifestaron que no habían hablado con el Ministerio. Algunos no lo hacían desde hacía dos o tres años completos. Otros aseguraron que nunca habían tenido comunicación directa con la cartera.
La pregunta planteada por Vesga fue cómo gobernar así el sistema entero. Por tanto, su primera tarea es recuperar la conversación territorial. También necesita conocer las necesidades específicas de cada región del país.
El diagnóstico también alcanza la administración de recursos públicos del sector salud. Vesga sostuvo que durante cuatro años el sistema reaccionó a necesidades puntuales. Atendía a quienes se acercaban al Ministerio o tenían favor político.
Esa dinámica se reflejó en la distribución de recursos y las inversiones. También generó pérdida de control sobre el sistema general de salud. Por eso, recuperar el control territorial es prioritario para la gestión actual.
El sismo terminó convirtiéndose en una oportunidad para ese acercamiento institucional. La ministra dijo que durante 30 días hubo presencia gubernamental en municipios. Según los habitantes, nunca había estado un ministro nacional del Gobierno.
La emergencia dejó 400 sedes de IPS afectadas en la región. De ellas, 192 presentan mayor nivel de afectación estructural y operativa. Un censo inicial calcula que serán necesarios $1,9 billones para recuperar la red.
El reto no termina con reconstruir edificios y dotación hospitalaria. Muchos hospitales públicos dependen de su facturación para operar diariamente. Hoy operan entre 20% y 30% de su capacidad habitual.
Por tanto, necesitan apoyo para mantenerse viables durante la recuperación. Mientras tanto, deben recuperar plenamente su capacidad operativa para atender pacientes.
Para atender esa situación, el Ministerio anunció asistencia técnica a secretarios. También creó el Fondo Milagro con recursos públicos y participación privada. Contempla obras por impuestos y alianzas público-privadas para reconstruir rápidamente.
En paralelo, el Ministerio diseñó un plan de choque para la atención. Este busca reducir la presión asistencial acumulada en el sistema. Vesga aclaró que no cuenta con un gran cheque disponible.
Por tanto, deberá utilizar mecanismos creativos para movilizar recursos existentes. El plan prioriza pacientes según la criticidad de su condición médica.
En el grupo de mayor riesgo están personas trasplantadas y pacientes oncológicos. También incluye enfermedades huérfanas, diabetes insulinodependiente y VIH en tratamiento. Especialmente cuando existe riesgo vital o pérdida irreversible de respuesta terapéutica.
Un segundo grupo reúne pacientes con alta probabilidad de hospitalización próxima. Entre ellos están personas con asma, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal. También pacientes de salud mental, gestantes y personas con EPOC.
Una tercera categoría incluye pacientes con hipertensión pulmonar y diabetes mellitus. También dislipidemia, hipotiroidismo y otras condiciones crónicas que requieren seguimiento. La intención es identificar por asegurador qué tratamientos están pendientes.
Los medicamentos representan 70% del rezago de atención encontrado. Esta información preliminar fue presentada por Vesga hasta el 30 de agosto. Para la ministra, destrabar estos tratamientos puede ser más rápido.
El plan buscará recursos de presupuestos máximos y compra de cartera. Vesga afirmó que 4.000 pacientes con enfermedades huérfanas no han recibido tratamientos. Esto ocurre pese a que existen recursos disponibles para atenderlos parcialmente.
También señaló que 75% de la “represa” de atención está concentrada. Se encuentra en las EPS intervenidas que han gestionado mal los recursos. Según su diagnóstico, estas entidades sí recibieron dinero del sistema.
Sin embargo, generaron arbitrariedad en giros y postulaciones arbitrarias de necesidades. Por tanto, el problema no es únicamente de falta de recursos.
La meta inmediata es llegar al 31 de diciembre con tres avances concretos. Primero, estabilización de las EPS intervenidas y sinceramiento de cuentas. Segundo, acatamiento de las órdenes de la Corte sobre financiamiento del sistema.
Tercero, implementación inicial del plan de choque para descongestionar la atención. Si estas acciones permiten reducir la presión, el Ministerio ganará espacio. Entonces podrá avanzar en reformas estructurales del sistema de salud.
Estas reformas incluyen reorganizar el aseguramiento con lógica territorial más efectiva. También modificar modelos de contratación entre aseguradores y prestadores de servicios. Mejorar la compra de medicamentos y fortalecer hospitales públicos son prioridades.
Vesga también pidió revisar la prescripción médica en el sistema. Propuso integrar bases de datos dispersas entre diferentes entidades del sector. Igualmente, enfrentar la judicialización excesiva que afecta la operación del sistema.
Señaló que hubo dos millones de tutelas el año pasado solamente. Por tanto, propuso mecanismos previos de conciliación para evitar litigios. Esto reduciría la carga sobre tribunales y agilizaría la atención a pacientes.
El mensaje de la ministra combina urgencia financiera con presión asistencial acumulada. También incluye reconstrucción institucional profunda del Ministerio y sus entidades adscritas. La apuesta es ordenar primero las cuentas y la atención inmediata.
Mientras tanto, se recuperará la gobernanza necesaria para transformar el sistema. Esta transformación debe ser estructural, no solo coyuntural o reactiva. El plazo establecido hasta finales de 2026 marca el cronograma de decisiones.
La ministra reconoció que el sistema atraviesa su momento más crítico. Sin embargo, expresó que existe voluntad política para enfrentar los problemas. También cuenta con respaldo institucional para tomar decisiones difíciles pero necesarias.
El diagnóstico presentado por Vesga en su primer mes es contundente. Revela años de deterioro acumulado en múltiples dimensiones del sistema. No obstante, también traza una ruta clara de intervención escalonada y priorizada.
La sinceridad de las cifras será el punto de partida fundamental. Sin conocer el tamaño real del problema, no hay solución sostenible posible. Por eso, el ejercicio de conciliación de cuentas es el primer paso.
Posteriormente vendrán las decisiones sobre cada EPS intervenida de manera individualizada. Algunas podrán salvarse mediante reestructuración financiera y operativa profunda. Otras inevitablemente avanzarán hacia su liquidación para proteger a los afiliados.
El impacto de estas decisiones será significativo para millones de colombianos. Más de 22 millones de personas dependen de estas siete entidades. Por tanto, cada decisión deberá garantizar continuidad en la atención médica.
El Gobierno deberá equilibrar viabilidad financiera con derechos de los pacientes. También debe considerar la sostenibilidad del sistema a mediano y largo plazo. Las decisiones tomadas en 2026 marcarán el futuro del sistema.
