El Gobierno Nacional formalizó el miércoles 25 de febrero la creación de una Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal en Valle del Guamuez, Putumayo. Esta medida forma parte del proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Walter Mendoza comanda esta disidencia de las antiguas FARC.
La resolución establece que la zona se activa como instrumento de la política de paz. Además, señala que existe un estado avanzado del proceso con esa disidencia. El propósito central es facilitar el tránsito a la vida civil de los combatientes.
La Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal funcionará durante diez meses. Por lo tanto, su vigencia excede la terminación del Gobierno Petro el próximo 6 de agosto. Se trata de un espacio delimitado en área rural donde se concentrarán integrantes de la Coordinadora.
Según el texto oficial, la zona busca contribuir al fin del conflicto armado. Asimismo, se articulará con dinámicas de transformación territorial y sustitución de economías ilegales. La delimitación geográfica precisa no se publica en la resolución por seguridad. Sin embargo, queda consignada en un anexo técnico de carácter reservado.
El municipio de Valle del Guamuez, en Putumayo, albergará esta zona de ubicación temporal. Su funcionamiento deberá coordinarse con entidades nacionales, territoriales e internacionales. Estas instituciones participarán en los programas derivados del proceso de paz.
No se trata únicamente de un punto de concentración física para los combatientes. El documento plantea que la zona servirá para adelantar procesos de capacitación. También permitirá la ubicación temporal y articulación con proyectos productivos legales. Estos proyectos deben ser sostenibles y coherentes con los compromisos de sustitución de cultivos ilícitos.
Armando Novoa, jefe de la delegación de Gobierno, informó sobre el número de integrantes. La resolución autoriza inicialmente la ubicación de 100 miembros activos de esa disidencia. Estos combatientes deberán ingresar a la zona en tránsito a la vida civil. Además, no podrán portar armas ni uniformes dentro del área delimitada.
El Gobierno señaló que espera ampliar esta cifra en las próximas semanas. Igualmente, anticipa que un proceso similar se desarrollará en el departamento de Nariño. Novoa precisó en un video publicado en redes sociales que este es un paso firme. “El camino que abrimos en esta Mesa de Diálogos de Paz se empieza a materializar”, afirmó.
Uno de los elementos centrales de la resolución es la suspensión de órdenes de captura. Esta medida aplica dentro de la zona de ubicación temporal para los combatientes acogidos. El texto establece que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz debe recibir la lista. Una vez aceptada, quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura.
La suspensión incluye aquellas órdenes con fines de extradición contra quienes figuren en ese listado. También aplica durante el desplazamiento hacia la zona de ubicación. Si algunos miembros deben desarrollar actividades fuera de la zona, el Gobierno podrá solicitar suspensiones temporales. La Fiscalía será informada caso por caso sobre estas situaciones especiales.
El alcance de esta medida es exclusivamente temporal y excepcional. No implica la extinción de las órdenes judiciales contra los combatientes. Tampoco representa una amnistía automática para los integrantes de la disidencia. Se trata de un mecanismo vinculado exclusivamente al desarrollo de los diálogos de paz.
Esta medida beneficiaría, entre otros, a Geovanny Andrés Rojas, conocido como Araña. Él es jefe de los Comandos de Frontera, estructura adscrita a la CNEB. Araña está detenido desde febrero de 2025 por diversas acusaciones. La Corte Suprema ya dio vía libre para su extradición a Estados Unidos.
Sin embargo, la decisión final sobre Araña recae en el presidente Petro. El mandatario ha dado varios ultimátum a este jefe disidente. El más reciente ocurrió el pasado 3 de febrero durante su reunión con Donald Trump. Esa reunión se realizó en Washington entre los dos mandatarios presidenciales.
El objetivo declarado de la zona combina dimensiones individuales y colectivas para los participantes. Por un lado, busca facilitar el tránsito a la vida civil de los integrantes. Por otro, se articula con una agenda de transformación territorial en Putumayo. También incluye compromisos similares en el departamento de Nariño.
La mesa de diálogos ha planteado compromisos relacionados con la sustitución de economías ilegales. Además, busca la promoción de proyectos productivos legales y sostenibles en la región. En ese sentido, la zona se concibe como un instrumento transitorio. Pretende conectar la dejación progresiva de la confrontación armada con iniciativas de desarrollo regional.
La zona tendrá una duración inicial de 10 meses desde la vigencia de la resolución. Cualquier modificación, prórroga o cierre dependerá del avance del proceso de paz. También influirán los acuerdos que adopten las partes en la mesa de diálogos. Por lo tanto, la flexibilidad es un componente importante del mecanismo establecido.
Se prevé otra zona de ubicación temporal con este grupo en el departamento de Nariño. Esta segunda zona complementará los esfuerzos de desmovilización y reintegración. Ambas zonas forman parte de una estrategia integral del Gobierno Nacional. El objetivo es consolidar el proceso de paz con la Coordinadora Nacional.
La creación de esta zona se enmarca en compromisos previos asumidos por la disidencia. La resolución recuerda que en diciembre de 2024 la organización ratificó su compromiso. Este incluía no adelantar acciones ofensivas contra la fuerza pública del Estado. También prometieron respetar la vida de la población civil y preservar el ambiente.
Posteriormente, en abril de 2025, la Coordinadora reiteró su acatamiento al Derecho Internacional Humanitario. Este compromiso incluye la prohibición del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, se comprometieron al no uso de minas antipersonal en sus operaciones. Estos compromisos son verificables y forman parte del proceso de desescalamiento del conflicto.
En desarrollo de acuerdos anteriores, la Coordinadora entregó 14,5 toneladas de material de guerra. Este material fue entregado para su destrucción controlada por las autoridades. El proceso se llevó a cabo entre octubre y noviembre de 2025. La instalación de la zona aparece como un paso posterior dentro de esta secuencia.
El Gobierno ha anunciado hasta ahora siete Zonas de Ubicación Temporal con diferentes grupos. Tres de ellas están proyectadas con el Clan del Golfo en Córdoba y Chocó. Dos corresponden a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en Putumayo y Nariño. Una más se planea con la disidencia de Calarcá Estado Mayor en Catatumbo.
Finalmente, otra zona está prevista con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Esta última se ubicaría en Santa Marta, departamento del Magdalena. De todas estas zonas anunciadas, solo dos tienen resolución oficial hasta ahora. La primera corresponde al Estado Mayor de los Bloques y Frente en Catatumbo.
Esta resolución se firmó el pasado 23 de mayo del año anterior. Sin embargo, aún no se ha construido ni se han dado mayores avances. La segunda resolución es precisamente esta de la disidencia de Walter Mendoza. Por lo tanto, el proceso de implementación está apenas comenzando en el país.
Los compromisos verificables y la entrega de material de guerra demuestran avances concretos. No obstante, el camino hacia la paz total sigue siendo complejo y desafiante. La coordinación entre entidades nacionales e internacionales será fundamental para el éxito. También será crucial el apoyo de las comunidades locales en Putumayo y Nariño.
La sustitución de cultivos de uso ilícito representa uno de los mayores desafíos. Las economías ilegales están profundamente arraigadas en estas regiones del país. Por ello, los proyectos productivos legales deben ofrecer alternativas viables y sostenibles. Solo así los excombatientes podrán reintegrarse efectivamente a la vida civil.
La transformación territorial implica inversión en infraestructura, educación y oportunidades económicas. Sin estos componentes, el proceso de paz podría enfrentar serias dificultades. Las comunidades locales esperan beneficios tangibles de estos acuerdos de paz. De lo contrario, podría generarse desconfianza hacia el proceso gubernamental.
La suspensión temporal de órdenes de captura es un mecanismo controvertido pero necesario. Permite que los combatientes participen en el proceso sin temor a detención inmediata. Sin embargo, no exime de responsabilidades judiciales a largo plazo. Los crímenes graves deberán ser juzgados en el marco de la justicia transicional.
El caso de Araña ejemplifica las tensiones entre justicia y paz en estos procesos. Su posible extradición representa un obstáculo para la confianza en las negociaciones. El presidente Petro debe equilibrar las presiones internacionales con los objetivos de paz. Esta decisión marcará precedentes importantes para futuros casos similares en el proceso.
La duración de diez meses excede el período de Gobierno actual, lo cual genera incertidumbre. El próximo gobierno deberá decidir si continúa o modifica esta política de paz. Por ello, la institucionalización de estos procesos es fundamental para su sostenibilidad. No pueden depender exclusivamente de la voluntad política de un mandatario específico.
La verificación internacional del cumplimiento de compromisos será esencial para la credibilidad del proceso. Organizaciones internacionales deben monitorear el respeto al Derecho Internacional Humanitario. También deben supervisar que no haya reclutamiento de menores ni uso de minas. Estos mecanismos de verificación fortalecen la confianza entre las partes negociadoras.
La articulación con gobiernos locales y comunidades indígenas es otro aspecto crucial del proceso. El resguardo de Nariño ya aceptó la creación de una zona de ubicación. Esta aceptación comunitaria es fundamental para el éxito de la implementación territorial. Sin el apoyo local, las zonas podrían convertirse en focos de tensión.
Los proyectos productivos deben diseñarse con participación de las comunidades y los excombatientes. Solo así se garantizará su pertinencia y viabilidad económica en el largo plazo. La experiencia del anterior proceso de paz ofrece lecciones valiosas sobre este aspecto. Los errores pasados deben evitarse en esta nueva etapa de construcción de paz.
La capacitación integral de los excombatientes debe incluir educación, formación laboral y apoyo psicosocial. Muchos combatientes llevan décadas en la guerra y carecen de habilidades civiles. Por ello, el proceso de reintegración requiere tiempo, recursos y acompañamiento sostenido. No se trata solo de desarmar, sino de reconstruir proyectos de vida.
El contexto regional de Putumayo y Nariño presenta desafíos particulares para el proceso. Estas zonas fronterizas tienen presencia de múltiples actores armados y economías ilegales. La sustitución de cultivos debe ir acompañada de presencia estatal integral y sostenida. De lo contrario, otros grupos armados podrían ocupar los espacios dejados por la disidencia.
La coordinación con Ecuador será importante dada la naturaleza fronteriza de estas regiones. Los grupos armados operan a ambos lados de la frontera internacional. Por ello, una estrategia binacional podría fortalecer los resultados del proceso de paz. La cooperación regional es fundamental para la estabilización de estos territorios.
El papel de la comunidad internacional en el acompañamiento y verificación es estratégico. Países como Noruega y organizaciones como Naciones Unidas han apoyado procesos similares. Su experiencia técnica y capacidad de mediación pueden ser valiosas en momentos críticos. Además, su presencia genera confianza entre las partes en conflicto.
La transparencia en la implementación de estos acuerdos es fundamental para la legitimidad del proceso. La ciudadanía debe conocer los avances, dificultades y costos de estas iniciativas de paz. Solo así se puede construir un respaldo social amplio a la política de paz. La comunicación efectiva es tan importante como la negociación misma.
Los retos que enfrenta esta zona de ubicación temporal son múltiples y complejos. Incluyen desde aspectos logísticos hasta desafíos políticos y sociales de gran envergadura. Sin embargo, representa un paso concreto hacia la desmovilización de un grupo armado. En un país cansado de la guerra, cada avance cuenta significativamente.
La historia colombiana está marcada por procesos de paz incompletos y promesas incumplidas. Por ello, el escepticismo ciudadano es comprensible ante estos nuevos anuncios gubernamentales. Solo los resultados concretos y sostenidos podrán cambiar esta percepción social. La construcción de paz requiere paciencia, persistencia y voluntad política sostenida.
