La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra dos personas por presuntas irregularidades académicas. Los hechos involucran títulos universitarios que habrían sido expedidos sin cumplir requisitos. Posteriormente, estos documentos fueron presentados ante entidades del Estado.
Juliana Andrea Guerrero Jiménez enfrenta señalamientos por el uso de diplomas irregulares. Estos títulos habrían sido utilizados para postularse a un cargo público. Se trata del puesto de viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad y la Equidad.
Luis Carlos Gutiérrez Martínez también fue imputado en este proceso judicial. Él se desempeñaba como secretario general de la Universidad San José en Bogotá. Según la investigación, habría tramitado y expedido dos diplomas universitarios a nombre de Guerrero Jiménez.
La Fiscalía sostiene que los títulos fueron expedidos irregularmente. Al parecer, la beneficiaria no cumplía con los requisitos académicos exigidos para graduarse. Los diplomas corresponden a Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria.
El entonces directivo certificó que la joven había completado el plan de estudios. Sin embargo, la investigación indicó que no habría cumplido con las exigencias académicas necesarias. Tampoco habría satisfecho otras obligaciones requeridas para obtener los títulos.
El expediente señaló que se habría incluido información falsa en el trámite. Esta información se relaciona con la presentación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT. También se habrían falsificado registros de asistencia a clases y otros requisitos académicos.
Validadores técnicos de la universidad habrían rechazado inicialmente la solicitud de grado. No obstante, posteriormente el exsecretario general habría acreditado manualmente que todo estaba en regla. Este procedimiento habría permitido la expedición de los diplomas.
El 1 de julio de 2025 se expidieron los dos diplomas a nombre de Juliana Andrea Guerrero Jiménez. La Fiscalía sostuvo que la mujer presuntamente conocía el origen irregular de los documentos. Además, los habría utilizado en trámites oficiales para aspirar al cargo de viceministra.
La investigación también señaló que los títulos habrían sido registrados en la plataforma Sigep. Esta plataforma pertenece a la Función Pública y se utiliza para verificar requisitos. El registro habría inducido en error a los funcionarios encargados de verificar las condiciones para el nombramiento.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Luis Carlos Gutiérrez Martínez el delito de falsedad ideológica. Este delito se refiere a consignar información falsa en documento público. A Juliana Andrea Guerrero Jiménez se le imputó el delito de fraude procesal.
Durante la audiencia de imputación, la fiscal Jessica Montealegre Villaquirá expuso los hechos jurídicamente relevantes. Los argumentos se dirigieron contra Luis Carlos Gutiérrez por su presunta participación en la expedición de títulos falsos. Su cargo dentro de la institución educativa le otorgaba responsabilidades específicas.
Según la Fiscalía, Gutiérrez tenía la responsabilidad de verificar el cumplimiento de requisitos académicos. Esta verificación debía realizarse antes de autorizar la expedición de diplomas y actas de grado. Sin embargo, el ente investigador sostuvo que el funcionario habría aprobado posteriormente los requisitos.
En la audiencia, la Fiscalía aseguró que el directivo universitario consignó hechos falsos en documentos auténticos. Certificó que Juliana Guerrero había satisfecho las exigencias normativas y reglamentarias para optar por dichos grados. Pese a ello, no había presentado las pruebas Saber Pro requeridas por el Icfes.
La fiscal explicó que los documentos expedidos tenían validez oficial. Por tanto, podían producir efectos jurídicos ante terceros y autoridades públicas. Los diplomas y actas de grado falsas fueron expedidos bajo la autorización del Ministerio de Educación Nacional.
Los documentos ostentaban forma y firma institucional. Además, tenían la capacidad de crear una situación jurídica concreta. Esta situación consistía en acreditar un nivel profesional y tecnológico para crear efectos ante terceros.
La Fiscalía recordó que el secretario general tenía a su cargo funciones específicas. Entre ellas, la verificación, validación y certificación del cumplimiento de requisitos de grado. También le correspondía la emisión y suscripción de los títulos académicos.
Su rol era determinante en el proceso de graduación. Según el ente investigador, Gutiérrez sabía que la solicitud de grado había sido negada inicialmente. Sin embargo, decidió aprobarla manualmente y consignar falsedades en los títulos educativos.
Finalmente, la Fiscalía señaló que el funcionario faltó a la verdad. Consignó en documentos públicos hechos que no correspondían a la verdad. Esto creó un riesgo probado para el bien jurídico de la República.
El riesgo se concretó con la existencia de los títulos falsos. Por esta razón, se le imputó el delito de falsedad ideológica en documento público. Este delito protege la fe pública y la confianza en los documentos oficiales.
Al finalizar la audiencia, el juez preguntó a los imputados si aceptaban los cargos. Tanto Juliana Guerrero como Luis Carlos Gutiérrez no aceptaron los delitos imputados. Por consiguiente, el proceso judicial continuará en las siguientes etapas procesales.
La defensa de Guerrero aseguró que la imputación de la Fiscalía no era clara. También cuestionó la relación entre las supuestas irregularidades y el Ministerio de la Igualdad. Estos argumentos serán desarrollados en las próximas audiencias del proceso.
La investigación también señaló que la información falsa fue usada para registrar los títulos. El registro se realizó en la plataforma Sigep de la Función Pública. Esto habría inducido en error a los encargados de verificación de requisitos para cargos públicos.
Los validadores técnicos de la Universidad San José rechazaron inicialmente la solicitud de grado de Juliana Guerrero. El rechazo se debió al incumplimiento de los requisitos formales exigidos por la institución. No obstante, posteriormente estos requisitos fueron aprobados de manera manual por el secretario general.
Este caso pone en evidencia las posibles fallas en los controles académicos de instituciones educativas. También plantea interrogantes sobre los mecanismos de verificación de títulos por parte del Estado. Las plataformas como Sigep dependen de la veracidad de la información suministrada por las universidades.
El proceso judicial determinará la responsabilidad de los imputados en estos hechos. Mientras tanto, ambos enfrentan cargos que pueden derivar en sanciones penales. La Fiscalía deberá demostrar en juicio que los títulos fueron expedidos irregularmente.
También deberá probar que Guerrero Jiménez conocía el origen irregular de los documentos. Además, que los utilizó deliberadamente para obtener un cargo público. La defensa tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas.
El caso se desarrolla en el contexto del gobierno de Gustavo Petro. La viceministra señalada buscaba ocupar un cargo en el Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Este ministerio forma parte de la estructura administrativa creada durante la actual administración.
La Universidad San José en Bogotá también enfrenta cuestionamientos por sus procedimientos internos. Los mecanismos de control para la expedición de títulos están siendo examinados. Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de garantizar la validez de sus diplomas.
El delito de falsedad ideológica en documento público protege la confianza en los documentos oficiales. Cuando un funcionario consigna información falsa en documentos auténticos, afecta la fe pública. Este delito puede acarrear penas de prisión según la legislación colombiana.
Por su parte, el fraude procesal se configura cuando se presentan documentos falsos ante autoridades. El objetivo es inducir en error a funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Este delito también está contemplado en el Código Penal colombiano.
Las pruebas Saber Pro y Saber TyT son requisitos obligatorios para obtener títulos profesionales y tecnológicos. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) administra estas pruebas. Las universidades deben verificar su presentación antes de expedir diplomas.
La plataforma Sigep es el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público. En ella se registran las hojas de vida de quienes aspiran a cargos públicos. Los funcionarios encargados de nombramientos consultan esta plataforma para verificar requisitos.
La veracidad de la información en Sigep es fundamental para el funcionamiento del Estado. Cuando se registran títulos falsos, se compromete la idoneidad de quienes ocupan cargos públicos. Esto puede afectar la eficiencia y legitimidad de las instituciones gubernamentales.
El caso también plantea preguntas sobre los procedimientos de verificación en el sector público. Las entidades estatales deben corroborar la autenticidad de los títulos presentados por los aspirantes. Existen mecanismos de consulta con las universidades para confirmar la validez de los diplomas.
La Fiscalía continuará recopilando pruebas para sustentar su acusación en las siguientes etapas procesales. Los imputados tendrán derecho a presentar su defensa y controvertir las evidencias. El proceso judicial determinará si existió o no el delito señalado.
