El foro “Proteger la vida y transformar los territorios: Seguridad y Paz Total” en la Universidad de Los Andes ha reunido a diversas voces para discutir las políticas de seguridad y paz del gobierno de Gustavo Petro. Este evento, organizado por el Ministerio de Defensa Nacional, la Universidad de los Andes y el Instituto de Paz de Estados Unidos (USIP), busca abordar las complejidades de la seguridad y la paz en Colombia.
Desde el inicio del foro, se ha destacado la importancia de las mesas de diálogo como herramientas para transferir el poder de los grupos armados a las comunidades. Álvaro Jiménez, de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, subrayó que estas mesas son fundamentales para empoderar a las comunidades y reducir la influencia de los grupos armados.
El foro comenzó con saludos protocolarios de figuras destacadas, como la rectora de la Universidad de los Andes, Raquel Bernal, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez. La charla introductoria estuvo a cargo de Gerson Arias de USIP, quien estableció el tono para las discusiones que seguirían.
El primer panel se centró en los retos del cese al fuego, con la participación de figuras como Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, y Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Ruiz Massieu destacó el carácter preventivo de los ceses al fuego, aunque reconoció que los avances no son suficientes. Señaló que los beneficios para las comunidades son limitados, ya que los enfrentamientos entre grupos armados continúan.
Luis Francisco Ruiz, gobernador de Caquetá, criticó el proceso de negociación con la disidencia de Calarcá Córdoba. Afirmó que el cese al fuego ha aumentado la violencia en su departamento, con un incremento en las confrontaciones entre grupos armados y el confinamiento de comunidades. Ruiz también expresó su preocupación por el levantamiento de órdenes de captura, que considera una “licencia para delinquir”.
La fiscal Camargo señaló que los ceses al fuego se están utilizando en un momento incipiente de las negociaciones y que no pueden frenar mágicamente las actividades ilegales de los grupos armados. Además, destacó que el Estado se enfrenta a grupos que ejercen un control territorial similar a dictaduras locales.
Roberto Molina, vicedefensor del Pueblo, enfatizó la necesidad de leer el cese al fuego y las negociaciones en clave territorial. Destacó que hay 790 municipios afectados por el conflicto armado, lo que representa un panorama complejo. A pesar de los desafíos, Molina afirmó que el camino hacia la paz es el único viable.
Camilo González Posso, jefe de la delegación de Gobierno en los diálogos con la disidencia de Calarcá, defendió el cese al fuego como un instrumento de negociación. Afirmó que ha contribuido a la disminución de homicidios, desplazamientos y confinamientos. También resaltó la importancia de la coordinación con el Ministerio de Defensa para avanzar en la georreferenciación de las tropas.
En el segundo panel, se discutieron temas de paz y seguridad territorial. La lideresa Luz Stella Sucre describió la situación en Arauca, un departamento azotado por la violencia. Expresó la necesidad de que el Estado intervenga para consolidar compromisos de paz.
Leyner Palacios, del Instituto de Paz de los Estados Unidos, destacó el miedo de los líderes sociales ante la instrumentalización por parte de grupos armados. Señaló el reclutamiento por parte del ELN y las AGC, así como la cooptación de autoridades locales. Palacios advirtió que la percepción de que el Estado está perdiendo frente a los grupos armados es preocupante.
Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, director de la Pastoral Social, subrayó la importancia de la resiliencia en las comunidades. Afirmó que los consejos comunitarios han sido clave para encontrar espacios de diálogo y construir paz.
El foro ha puesto de manifiesto la complejidad de la situación en Colombia y la necesidad de un enfoque integral que combine seguridad y paz. Las mesas de diálogo son vistas como una herramienta crucial para empoderar a las comunidades y reducir la influencia de los grupos armados. Sin embargo, los desafíos son significativos y requieren un compromiso sostenido por parte del Estado y la sociedad civil.
