En los lujosos pasillos del Centro de Congresos de Silk Road se respira tensión. Este complejo turístico de más de 17 hectáreas se encuentra a las afueras de Samarcanda, Uzbekistán. Allí se celebra la octava asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Una frase se repite constantemente entre los delegados presentes. Marca el inicio “de la recta final hacia los objetivos medioambientales para 2030”.
Esta asamblea se realiza cada cuatro años. Reúne a representantes de más de 140 países del mundo. El objetivo es definir las prioridades y financiación de uno de los principales mecanismos ambientales del planeta. Sin embargo, las noticias no son alentadoras para los países en desarrollo.
Hasta el momento, estos países contarán con al menos 3.900 millones de dólares. Este monto debe alcanzar hasta finales de la década. Servirá para cumplir los objetivos acordados en seis acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente. Entre ellos se encuentran la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. También está el Convenio sobre Diversidad Biológica.
Mientras tanto, el Secretario General de la ONU lanzó una advertencia. António Guterres señaló que El Niño se establecerá en los próximos meses. La certeza es del 90 por ciento. Este fenómeno “echará más leña al fuego de un mundo que se calienta”.
La cuestión es particularmente preocupante según los expertos. Liane Schalatek es directora adjunta de la oficina de Washington de la Fundación Heinrich Böll. Esta fundación política alemana no tiene fines de lucro. Schalatek cuenta con más de 20 años de experiencia en negociaciones internacionales sobre el clima. Ella resalta que los países en desarrollo enfrentarán esta recta final con menos dinero. Tendrán que hacerlo en un mundo con múltiples crisis climáticas.
El caso puntual del Fondo para el Medio Ambiente Mundial ejemplifica este punto. Este fondo es uno de los mecanismos multilaterales más grandes e importantes del mundo. Funciona con ciclos de reposición de cuatro años. Es decir, cada cuatro años los países más desarrollados destinan recursos a esta “bolsa global”. Los países en desarrollo acceden posteriormente a estos fondos.
Para el periodo 2026-2030 se han anunciado 3.900 millones de dólares. Este periodo corresponde al noveno ciclo de reposición, conocido como GEF-9. La cifra representa una reducción de casi el 27 por ciento. Entre 2022 y 2026 estuvieron disponibles 5.300 millones de dólares en el GEF-8. De hecho, el monto para este ciclo es el más bajo de los últimos 16 años.
Esto es el reflejo de lo que viene sucediendo en los últimos años. Schalatek agrega que afecta tanto al financiamiento al desarrollo como al financiamiento climático. Es producto de las múltiples tensiones alrededor del mundo. También influye el retiro de los Estados Unidos de varios tratados internacionales ambientales.
Sin embargo, lo que suceda con el fondo es particularmente sensible para Colombia. Casi el 57 por ciento de los recursos invertidos en el país provienen de este mecanismo financiero. Estos datos abarcan los últimos 20 años de los distintos fondos multilaterales ambientales. La información fue entregada por el Ministerio de Ambiente a El Espectador.
El dinero del fondo al que accede Colombia ha servido para múltiples propósitos. Entre cientos de proyectos, ha ayudado a transformar los conflictos entre humanos y jaguares en el Guaviare. También ha servido para reducir los riesgos de los mineros artesanales en Marmato, Caldas. Este dinero se vería reducido no solo por la disminución general de la “bolsa” global. También influyen dos decisiones que se están discutiendo actualmente en la octava asamblea en Uzbekistán.
Incluso personas como Schalatek reconocen la complejidad del tema. Ella tiene décadas de experiencia en estos asuntos. La estructura mundial de la financiación climática es verdaderamente compleja. En términos generales, existen docenas de fondos disponibles. Principalmente, países de ingresos bajos o medios pueden acceder a ellos. Sirven para hacer frente al cambio climático. También ayudan contra la pérdida de biodiversidad y la contaminación por mercurio. Abordan múltiples crisis climáticas y ambientales.
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial no es el que más dinero ofrece actualmente. Sin embargo, sí es uno de los más importantes en el mundo. Se estableció en 1992 durante la Cumbre de la Tierra. Esta se celebró en Río de Janeiro, Brasil. Funciona como el mecanismo financiero de las convenciones de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. También lo es de la Lucha Contra la Desertificación y del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
En la actualidad, el fondo sirve como mecanismo financiero a seis convenios y convenciones de la ONU. Además, es una “familia” de seis fondos diferentes. Para ponerlo en perspectiva, existen datos de Climate Funds Update de la Heinrich Böll. Según estos, en América Latina, entre 2003 y 2025, el fondo fue el cuarto que más dinero desembolsó. Quedó por detrás del Fondo Verde del Clima. También por detrás del Amazon Fund y el Fondo de Tecnologías Limpias.
En Colombia, sin embargo, la realidad es distinta. Datos entregados por el Ministerio de Ambiente a El Espectador muestran cifras reveladoras. De los casi 480 millones de dólares invertidos en los últimos 20 años, 270 millones provienen del fondo. Esto representa el 56,4 por ciento del total. Lo sigue el Fondo Verde del Clima con 182 millones de dólares. Esto equivale al 38,8 por ciento del total.
En este punto es importante hacer una aclaración. El dinero del fondo no se entrega al gobierno de cada país. Se canaliza a través de una de las 18 agencias que se encargan de ejecutar los recursos. Entre ellas se encuentran WWF y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También está Conservación Internacional.
El Ministerio de Ambiente señaló información relevante en su respuesta. “Colombia ha logrado posicionarse como uno de los países en desarrollo con capacidad de acceso a financiamiento climático”. También mencionó el acceso a “financiamiento ambiental multilateral a través de fondos multilaterales”.
En lo que respecta al fondo, el país está dentro del “top 10”. Se encuentra entre los países donde más recursos se han invertido históricamente. Al ampliar la mirada sobre todos los fondos, Colombia hace parte de cuatro países. Junto a Brasil, México y Costa Rica concentran la mitad del dinero destinado a la región.
A pesar de los acuerdos internacionales, la realidad es diferente. En la COP29 de Cambio Climático, celebrada en Azerbaiyán en 2024, los países acordaron algo importante. Las naciones más ricas debían triplicar el dinero en los fondos para 2030. Esto con respecto a los niveles de 2022. Sin embargo, esto sigue siendo considerado insuficiente por los países en desarrollo.
Lo cierto del caso, dice Schalatek, es que ha sucedido lo contrario. Los recursos se han ido reduciendo progresivamente. Además de la reducción del 27 por ciento en el ciclo del GEF-9, existen otros ejemplos. La directora adjunta de la Heinrich Böll menciona lo sucedido a mediados de mayo de este año. El Reino Unido y el Fondo Verde del Clima protagonizaron un episodio preocupante.
Después de haber anunciado un aporte inicial de 1.600 millones de libras esterlinas, el gobierno británico cambió de opinión. Anunció que solo entregará la mitad del monto prometido. Las razones tienen que ver con el redireccionamiento de estos recursos al sector militar e industrial. Schalatek continúa explicando que varios países ricos estarían siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. Este país se ha retirado en los últimos años de varios acuerdos multilaterales.
La situación plantea desafíos enormes para países como Colombia. La deforestación en la Amazonía colombiana continúa siendo un problema grave. Los fondos del mecanismo financiero ayudan a los países a hacer frente a estas crisis. Abordan el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Sin estos recursos, los esfuerzos de conservación se verán severamente limitados.
La reducción del financiamiento ocurre en el peor momento posible. Las crisis climáticas se intensifican en todo el mundo. Los países en desarrollo necesitan más recursos, no menos. Deben adaptarse a los efectos del cambio climático. También deben proteger sus ecosistemas y biodiversidad. Necesitan transformar sus economías hacia modelos más sostenibles.
El panorama se complica aún más con las proyecciones sobre El Niño. Este fenómeno climático traerá consecuencias severas para la región. La sequía, la deforestación y los incendios pondrán en jaque a la Amazonia. Los países necesitarán recursos adicionales para hacer frente a estas emergencias. Sin embargo, tendrán menos dinero disponible que en ciclos anteriores.
La octava asamblea en Samarcanda se convierte así en un momento crítico. Las decisiones que se tomen allí afectarán directamente la capacidad de Colombia. También impactarán a otros países en desarrollo para enfrentar sus desafíos ambientales. La comunidad internacional enfrenta una contradicción evidente. Por un lado, reconoce la urgencia de la crisis climática. Por otro, reduce los recursos disponibles para combatirla.
Los proyectos ambientales en Colombia dependen fuertemente de estos fondos. La transformación de conflictos entre humanos y fauna silvestre requiere financiamiento sostenido. La protección de mineros artesanales necesita inversión continua. La conservación de ecosistemas estratégicos demanda recursos constantes. Todos estos esfuerzos se verán afectados por la reducción del financiamiento.
La posición de Colombia como uno de los principales receptores de fondos refleja algo importante. Demuestra la capacidad del país para formular proyectos ambientales sólidos. También muestra su habilidad para ejecutar recursos de manera efectiva. Sin embargo, esta posición privilegiada no lo protege de los recortes globales. El país deberá competir por una porción más pequeña de recursos disponibles.
Las agencias que canalizan los fondos también enfrentarán desafíos. WWF, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Conservación Internacional verán reducida su capacidad de acción. Deberán priorizar proyectos y regiones. Tendrán que tomar decisiones difíciles sobre dónde invertir recursos limitados.
La recta final hacia 2030 se presenta más empinada de lo esperado. Los países en desarrollo deberán hacer más con menos recursos. La creatividad y la eficiencia serán fundamentales. También será necesaria una mayor coordinación entre diferentes fuentes de financiamiento. La cooperación regional podría ayudar a maximizar el impacto de los recursos disponibles.
El ejemplo de la alianza de países amazónicos muestra el camino. Estos países están impulsando iniciativas conjuntas para cuidar la Amazonia. Trabajan juntos ante fenómenos como El Niño. Este tipo de colaboración podría compensar parcialmente la reducción de fondos. Permite compartir experiencias, recursos y mejores prácticas.
Las prohibiciones de nuevas explotaciones mineras en áreas sensibles también son importantes. El Ministerio de Ambiente ha prohibido nuevas explotaciones en la Sierra Nevada. Estas medidas demuestran compromiso político con la protección ambiental. Sin embargo, su implementación efectiva requiere recursos. La reducción del financiamiento internacional complica esta tarea.
El reconocimiento del desplazamiento forzado por el cambio climático es otro avance significativo. El gobierno firmó una ley que reconoce esta realidad. Sin embargo, atender a las poblaciones desplazadas por causas ambientales requiere inversión. Los fondos reducidos limitarán la capacidad de respuesta del Estado.
La situación actual plantea preguntas fundamentales sobre la justicia climática. Los países desarrollados son los principales responsables históricos de las emisiones. Sin embargo, están reduciendo el apoyo financiero a los países en desarrollo. Estos últimos sufren desproporcionadamente los impactos del cambio climático. Tienen menos capacidad económica para enfrentar las crisis.
La brecha entre los compromisos y las acciones se amplía. En las conferencias climáticas, los países desarrollados prometen aumentar el financiamiento. En la práctica, los recursos disminuyen. Esta contradicción erosiona la confianza en el sistema multilateral. Dificulta las negociaciones futuras sobre temas ambientales.
Los próximos años serán decisivos para el futuro ambiental del planeta. Las acciones que se tomen antes de 2030 determinarán la trayectoria climática a largo plazo. La reducción del financiamiento en este momento crítico es particularmente preocupante. Podría comprometer la posibilidad de alcanzar los objetivos ambientales globales.
Colombia y otros países en desarrollo deberán adaptarse a esta nueva realidad. Necesitarán diversificar sus fuentes de financiamiento ambiental. El sector privado podría jugar un rol más importante. También será necesario movilizar recursos nacionales de manera más efectiva. La innovación en mecanismos de financiamiento será crucial.
Las lecciones aprendidas en los últimos 20 años serán valiosas. Colombia ha demostrado capacidad para acceder y ejecutar fondos multilaterales. Esta experiencia será fundamental para navegar el periodo de escasez. El país deberá ser aún más estratégico en la formulación de proyectos. Tendrá que priorizar iniciativas con mayor impacto por dólar invertido.
La octava asamblea en Uzbekistán marcará el tono para los próximos años. Las decisiones sobre la asignación de recursos tendrán consecuencias duraderas. Los países en desarrollo presionarán por mantener niveles adecuados de financiamiento. Los países desarrollados argumentarán sobre sus propias restricciones presupuestarias. El resultado de estas negociaciones afectará millones de hectáreas de ecosistemas. También impactará las vidas de millones de personas que dependen de ellos.
