El asesinato del coronel Élmer Fernández, exdirector de la cárcel La Modelo de Bogotá, podría derivar en una condena contra el Estado colombiano tras una fallida conciliación con su familia.
La audiencia de conciliación, que contó con representantes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) y la Unidad Nacional de Protección (UNP), terminó sin acuerdo entre las partes. Los familiares del coronel Fernández sostienen que existió negligencia estatal al no atender las advertencias sobre los riesgos contra su vida.
El trágico suceso ocurrió el 16 de mayo de 2024, cuando sicarios interceptaron al coronel retirado en la intersección de la Carrera 30 con Calle 80 en Bogotá. Este homicidio generó profunda conmoción en las autoridades penitenciarias del país.
La familia argumenta que existían claras señales de amenaza contra el coronel Fernández durante su gestión como director de La Modelo. Sin embargo, según los allegados, estas alertas no recibieron la atención necesaria por parte de las instituciones responsables de su seguridad.
Al no alcanzarse un acuerdo conciliatorio, el caso se trasladará a la jurisdicción contencioso administrativa. Allí se evaluará minuciosamente la posible responsabilidad del Estado en la muerte del funcionario penitenciario.
Este proceso judicial podría sentar un precedente importante sobre la protección a funcionarios del sistema carcelario. Los jueces deberán determinar si hubo fallas en los protocolos de seguridad establecidos para resguardar la integridad de los directores penitenciarios.
La situación refleja la compleja realidad que enfrentan los funcionarios del sistema penitenciario colombiano. Muchos de ellos están expuestos a amenazas constantes por la naturaleza de su trabajo en las cárceles del país.
El caso del coronel Fernández ha puesto sobre la mesa el debate acerca de la efectividad de los esquemas de protección para funcionarios en riesgo. También cuestiona la capacidad de respuesta institucional ante las alertas tempranas de seguridad.
