A dos meses del cambio de gobierno en Bolivia, distintas voces exigen implementar una alerta migratoria contra el presidente Luis Arce y sus ministros.
El diputado Rolando Cuéllar, quien anteriormente respaldaba al gobierno de Arce, presentó una solicitud formal ante la Fiscalía General del Estado. Su petición busca aplicar la Ley de Arraigo una vez que el mandatario concluya su período en noviembre.
“El presidente y sus ministros deben permanecer en el país para rendir cuentas por actos de corrupción”, manifestó Cuéllar ante periodistas en Sucre. Además, anunció que presentará una proposición acusatoria contra Arce por presunto sobreprecio en la compra de combustibles.
Por su parte, Stello Cochamanidis, presidente del influyente Comité Cívico de Santa Cruz, respaldó esta iniciativa. El dirigente propuso extender la medida al “círculo inmediato y familiar” de las autoridades, argumentando la existencia de “clanes familiares” en negociados estatales.
La controversia surge de una ley promulgada en 2020 durante el gobierno interino de Jeanine Añez. Esta norma obliga a altos funcionarios a permanecer tres meses en territorio boliviano después de dejar sus cargos.
Sin embargo, el abogado constitucionalista José Luis Santistevan advierte sobre la inconstitucionalidad de estas medidas. “El arraigo debe ejecutarse dentro de una investigación formal como medida precautoria, respetando derechos fundamentales”, explicó a Infobae.
Actualmente, el presidente Arce enfrenta investigaciones por abandono a una mujer embarazada. También existen denuncias contra sus hijos por supuesta intervención en negociaciones del litio e irregularidades en transacciones inmobiliarias.
Frente a estas acusaciones, Arce ha mantenido una postura clara: no abandonará Bolivia al terminar su mandato. El mandatario niega haber cometido delitos y afirma que se dedicará a la docencia universitaria.
El próximo 8 de noviembre, Arce entregará el poder al ganador del balotaje entre el senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge Tuto Quiroga. Esta segunda vuelta electoral se realizará el 19 de octubre, tras las elecciones generales de agosto.
La situación genera un precedente complejo en la política boliviana, donde se debate entre la necesidad de investigar posibles casos de corrupción y el respeto a las garantías constitucionales de los funcionarios salientes.
El escenario político se tensa mientras diversos sectores presionan por medidas restrictivas, aunque expertos legales advierten sobre los riesgos de vulnerar derechos fundamentales en el proceso.
