La justicia chilena volvió a detener al exagente de la DINA José Zara, apenas 24 horas después de haber recuperado su libertad. El brigadier retirado, de 82 años, había cumplido una condena de 15 años por el asesinato del general Carlos Prats.

Esta vez, Zara deberá enfrentar cargos por su presunta participación en el atentado que acabó con la vida de Orlando Letelier y Ronni Moffitt. El brutal ataque ocurrió en Washington D.C. en septiembre de 1976, cuando una bomba explotó bajo el vehículo de las víctimas.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, Zara ocupó un papel fundamental en las operaciones internacionales de la DINA. Como jefe del Departamento Exterior, dirigió una extensa red de inteligencia desde Buenos Aires y mantuvo contactos con servicios secretos uruguayos.

Su primera operación relevante fue coordinar el asesinato del general Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Argentina. El atentado, ejecutado por el estadounidense Michael Townley en 1974, marcó el inicio de una serie de crímenes transnacionales.

Estos ataques formaron parte de la tristemente célebre “Operación Cóndor”, una campaña represiva coordinada entre las dictaduras del Cono Sur. Los regímenes de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay colaboraron para eliminar opositores en todo el continente.

La portavoz del gobierno chileno, Camila Vallejo, lamentó públicamente que Zara completara su sentencia sin aportar información sobre desaparecidos. Sus declaraciones llegaron en un momento simbólico: el 50° aniversario de la Operación Cóndor.

El exmilitar ganó notoriedad pública en 1988, poco antes del plebiscito que marcaría el fin de la dictadura. En un gesto intimidatorio, ofreció a Pinochet los “corvos acerados” de su batallón, una clara amenaza hacia los opositores al régimen.

Aunque otros agentes de la DINA como Manuel Contreras y Pedro Espinoza ya fueron condenados por el asesinato de Letelier, aún quedan responsabilidades por esclarecer. Específicamente, la justicia busca determinar los culpables de la muerte de Ronni Moffitt.

La Corte de Apelaciones de Santiago deberá decidir próximamente si Zara permanece en prisión preventiva o cumple arresto domiciliario. Su detención se produjo inmediatamente después de abandonar el penal de Punta Peuco, centro donde se encuentran recluidos los militares acusados de crímenes de lesa humanidad.

El caso ha generado fuertes reacciones entre organizaciones de derechos humanos, que exigen justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura. La nueva detención de Zara representa un capítulo más en la larga búsqueda de verdad y reparación para las víctimas del terrorismo de Estado.

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