La Asociación de Epidemiología de Colombia solicitó detener el proyecto legislativo que eliminaría el impuesto saludable. Además, pidió esperar evidencia más sólida sobre sus efectos. La organización considera prematura cualquier decisión mientras se consolidan los resultados sobre consumo y salud.
El pronunciamiento ocurrió después de un anuncio parlamentario. La representante Carolina Borda y el representante Daniel Briceño presentaron un proyecto para eliminar la medida. Según Asocepic, la discusión debe apoyarse en evaluaciones rigurosas antes de modificar la política.
Colombia implementó entre 2022 y 2023 un paquete regulatorio integral. Este combina un impuesto a bebidas azucaradas y ultraprocesados con etiquetado frontal. Las medidas surgieron en un contexto de aumento sostenido del sobrepeso en el país. Igualmente, las enfermedades crónicas no transmisibles han crecido de manera preocupante.
Asocepic sostiene que los resultados finales en salud requieren tiempo considerable. Por ello, advierte que eliminar la medida a los dos años sería prematuro. Retirar la política impediría observar plenamente sus posibles efectos durante este año. Consecuentemente, se perderían datos valiosos sobre el impacto real de la medida.
La asociación señala que existe una cadena causal respaldada por evidencia internacional. Los impuestos y sellos modifican las decisiones de compra de los consumidores. Posteriormente, reducen el consumo de productos no saludables en la población. Finalmente, pueden disminuir factores de riesgo relacionados con enfermedades cardiovasculares en Colombia.
El comunicado cita experiencias de Chile, México y Perú como referentes importantes. En estos países, las políticas han producido cambios medibles en compras y consumo. Además, en algunos contextos las empresas han reformulado productos para evitar los sellos. Las autoridades sanitarias establecieron estos sellos de advertencia como herramienta de información.
En Chile, la aplicación del paquete completo de medidas generó resultados significativos. Se asoció con una reducción de 8,3 por ciento en la compra de calorías. También hubo una disminución de 20 por ciento en la compra de azúcar. Paralelamente, las empresas cambiaron recetas para evitar los sellos de advertencia.
En México, cerca de cuatro de cada diez personas modificaron sus hábitos. Reportaron comprar menos productos no saludables después de implementar los sellos de advertencia. Asimismo, el reconocimiento ciudadano de estos sellos aumentó considerablemente con el tiempo.
En Perú, estudios también documentaron reformulación de productos por parte de las empresas. Igualmente, se registró un alto reconocimiento ciudadano de los sellos de advertencia. Estos cambios sugieren que las políticas pueden influir tanto en consumidores como productores.
Colombia también cuenta con evidencia sobre el funcionamiento del etiquetado en su territorio. Asocepic menciona estudios que muestran que el sello de advertencia funciona efectivamente. Sin embargo, esto ocurre cuando las personas efectivamente lo ven y lo entienden. Todavía faltan evaluaciones integrales sobre el impacto en salud pública en Colombia.
La organización reconoce que buena parte de la evidencia inicial provino de estudios. Específicamente, estos fueron estudios de modelación con proyecciones teóricas sobre posibles efectos. No obstante, destaca que comenzaron a publicarse análisis observacionales con datos del mundo real. Según el comunicado, este cuerpo de evidencia está creciendo en la región latinoamericana.
Asocepic plantea que Colombia aún no cuenta con una evaluación integral del impacto. Falta medir el efecto del impuesto y del sello en la salud poblacional. Algunos resultados sobre compras, consumo, sustitución y reformulación pueden medirse ahora con relativa facilidad. Otros requieren seguimiento prolongado en el tiempo para detectar cambios significativos en salud.
La asociación también cuestiona argumentos económicos utilizados para respaldar la eliminación del impuesto. Afirma que datos oficiales del Dane muestran un aumento de 4,7 por ciento. Este incremento en el número de micronegocios ocurrió entre 2024 y 2025. Además, se registraron mayores ventas del comercio minorista del país durante el periodo.
Frente a este debate, Asocepic pide que las decisiones públicas se sustenten en cifras. Específicamente, solicita que sean cifras verificables y transparentes para toda la ciudadanía. Además, solicita actualizar la información nutricional nacional con urgencia para evaluar correctamente. La Encuesta Nacional de Situación Nutricional no se actualiza desde 2015 completamente.
Esta falta de actualización limita la evaluación actual confiable sobre el estado nutricional. Consecuentemente, dificulta medir con precisión el impacto de las políticas implementadas recientemente. Por tanto, se requiere información más reciente para tomar decisiones informadas sobre políticas públicas.
El comunicado plantea cuatro líneas de acción concretas para avanzar en el debate. Entre ellas, una evaluación independiente con rigor técnico y datos colombianos específicos. Los métodos, fuentes y resultados de esta evaluación deben ser públicos y accesibles. También pide actualizar la ENSIN para tener información nutricional reciente y confiable.
Otra línea propuesta busca fortalecer la información sobre consumo de ultraprocesados en Colombia. Este fortalecimiento permitiría monitorear mejor los cambios en patrones de consumo de la población. Igualmente, facilitaría evaluar la efectividad de las políticas implementadas en años recientes.
Asocepic solicita al Ministerio de Salud publicar el destino de los recursos recaudados. Estos recursos provienen específicamente del impuesto saludable implementado en 2022 y 2023. La transparencia sobre el uso de estos fondos es fundamental para el debate público. Además, permitiría evaluar si los recursos se destinaron efectivamente a programas de salud.
La asociación invita a Borda y Briceño a un espacio técnico conjunto. Este espacio permitiría revisar la evidencia disponible antes de radicar el proyecto definitivo. De esta manera, se promovería un debate informado basado en datos científicos rigurosos. Asimismo, se evitarían decisiones apresuradas que podrían afectar la salud pública nacional.
El debate sobre el impuesto saludable refleja tensiones entre diferentes prioridades de política pública. Por un lado, están las preocupaciones sobre el impacto económico en pequeños comerciantes. Por otro, existe evidencia internacional sobre los beneficios de estas medidas en salud.
Las enfermedades crónicas no transmisibles representan un desafío creciente para el sistema de salud. El sobrepeso y la obesidad han aumentado sostenidamente en las últimas décadas. Estos factores de riesgo están relacionados con enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos cánceres. Por tanto, las políticas preventivas cobran especial relevancia en el contexto actual colombiano.
La experiencia internacional muestra que las políticas de etiquetado e impuestos pueden funcionar. Sin embargo, requieren tiempo suficiente para generar cambios en comportamientos y salud poblacional. Además, necesitan acompañarse de evaluaciones rigurosas que documenten su efectividad real en cada contexto.
El llamado de Asocepic enfatiza la importancia de basar las decisiones en evidencia. Especialmente, en decisiones de política pública que afectan la salud de millones de personas. La organización aboga por esperar resultados más concluyentes antes de desmontar la medida. De esta forma, se evitaría perder la oportunidad de aprender de la experiencia colombiana.
La actualización de la información nutricional nacional emerge como una necesidad urgente compartida. Sin datos recientes, resulta difícil evaluar objetivamente el impacto de cualquier política nutricional. Por ello, la solicitud de actualizar la ENSIN trasciende el debate específico. Representa una necesidad fundamental para la toma de decisiones informadas en salud pública.
El debate continuará en las próximas semanas mientras se define el futuro del proyecto. La invitación a un espacio técnico conjunto podría facilitar un diálogo más constructivo. Esto permitiría que legisladores y expertos en salud pública revisen conjuntamente la evidencia. Finalmente, podría conducir a decisiones más informadas sobre el futuro del impuesto saludable.
