El ataque al helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi, Antioquia, ha tomado un giro inesperado en las últimas horas. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se atribuyó la responsabilidad del hecho violento que dejó 13 policías muertos.
A través de un video difundido recientemente, una guerrillera del frente de guerra ‘Darío Ramírez Castro’ del ELN aseguró que el atentado fue obra de su organización. El incidente ocurrió específicamente en la vereda Los Toros, zona limítrofe con el municipio de Anorí.
Inicialmente, el ministro de Defensa Pedro Sánchez había señalado como responsable al Clan del Golfo. Sin embargo, posteriormente las autoridades atribuyeron el ataque al frente 36 del Estado Mayor de Bloques y Frente, disidencia bajo el mando de Calarcá.
Una lideresa de la región explicó la compleja situación de violencia que se vive en el nordeste antioqueño. “En el territorio han cogido fuerza grupos como el Clan del Golfo y las disidencias FARC del Frente 36”, manifestó en declaraciones a El Espectador.
Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales tienen su origen en el control de la minería y los cultivos de coca. La población civil queda atrapada en medio de estas disputas territoriales, según relató la lideresa social.
En los días previos al ataque, los habitantes de la zona habían observado operativos de erradicación de cultivos ilícitos. “El helicóptero los bajaba y los recogía. La gente decía que se veían muy confiados arrancando coca”, reveló la fuente.
Los detalles del ataque incluyen el uso de un dron y posteriores ráfagas de fusil, según testimonios de la comunidad. El líder disidente Calarcá ofreció una versión diferente de los hechos en diálogo con Colombia+20.
Según Calarcá, no se trató de un ataque planeado sino de un episodio derivado de enfrentamientos con el Clan del Golfo. Afirmó que el helicóptero fue impactado durante estos combates y posteriormente aterrizó sobre un campo minado.
El consejero comisionado de paz, Otty Patiño, sugirió que el frente responsable del ataque debería ser excluido de la mesa de diálogo con el gobierno. No obstante, Calarcá defendió sus acciones argumentando la ausencia de un cese al fuego.
“Nosotros asumimos la responsabilidad y así se lo dijimos al gobierno”, manifestó Calarcá. Además, recordó que las autoridades habían advertido sobre la posibilidad de bombardear sus estructuras ante la falta de acuerdos de cese al fuego.
La confusión sobre la autoría del ataque refleja la compleja situación de seguridad en la región. La presencia de múltiples grupos armados ilegales y las disputas territoriales continúan afectando a las comunidades locales.
