La posibilidad de un fenómeno fuerte de El Niño en Colombia volvió a encender las alarmas. Además, el impacto sobre el costo de vida preocupa a expertos y autoridades. Un informe semanal de Anif advierte sobre consecuencias económicas significativas. Este choque climático podría presionar los precios de alimentos y energía. El momento resulta especialmente delicado para la economía nacional.
La presión sobre los precios llegaría durante el segundo semestre de 2026. Mientras tanto, la inflación todavía no converge a la meta del Banco de la República. Al mismo tiempo, la economía mantiene un crecimiento moderado y preocupante. Las condiciones actuales no ofrecen margen para absorber nuevos choques.
La probabilidad de consolidación del fenómeno climático aumentó significativamente en meses recientes. Según datos del Ministerio de Ambiente y el IDEAM, las cifras son contundentes. La probabilidad pasó de 62% a 82% para el trimestre mayo-junio-julio. Incluso podría llegar hasta 96% hacia finales de 2026. Estas proyecciones generan preocupación entre analistas económicos.
Organismos internacionales respaldan estas proyecciones con sus propios análisis. Por ejemplo, NOAA y ECMWF también apuntan hacia un episodio de El Niño. Este consenso internacional refuerza la necesidad de preparación. Los datos convergen en señalar el segundo semestre del año como crítico.
El principal impacto económico aparecería en dos frentes sensibles para los hogares. En primer lugar, la comida enfrenta riesgos de encarecimiento considerable. En segundo lugar, la energía podría experimentar incrementos significativos en tarifas. Históricamente, los episodios fuertes de El Niño han coincidido con aumentos importantes. Tanto la inflación de alimentos como las tarifas eléctricas sufren especialmente.
Las sequías afectan directamente los cultivos y reducen la producción agrícola. Asimismo, impactan la generación de energía que depende de recursos hídricos. Durante el fenómeno de 2015-2016, las consecuencias fueron devastadoras para los bolsillos. La inflación anual de alimentos llegó a 18,9% en ese periodo. Paralelamente, la inflación de electricidad alcanzó 13,6% en el mismo episodio.
El episodio de 2009-2010 dejó lecciones igualmente preocupantes sobre el impacto. La inflación eléctrica llegó incluso a 18,2% en aquella ocasión. Estos antecedentes históricos sirven como referencia para proyecciones actuales. Los patrones se repiten cuando las condiciones climáticas son similares.
Con base en esos antecedentes, Anif estima escenarios preocupantes para 2026. Si se consolida un fenómeno fuerte, la inflación anual de alimentos podría cerrar en 11,2%. Esta cifra contrasta dramáticamente con el 6,1% observado en abril. En electricidad, la inflación podría subir hasta 14,4% según las estimaciones. Este dato resulta alarmante frente al -3,8% registrado actualmente.
El informe resume el escenario con una frase contundente y clara. “A mayor temperatura, mayores precios”, sostiene el análisis de manera directa. Las presiones sobre precios de alimentos son transitorias, según reconocen los expertos. Sin embargo, son de un impacto considerable para el bolsillo de los hogares. Esta dualidad entre temporalidad e impacto genera dilemas de política económica.
Los productos más sensibles incluyen varios alimentos básicos de la canasta familiar. Entre ellos aparecen papa, plátano, frutas frescas y zanahoria en primer lugar. También arroz, maíz, cebolla, yuca, arracacha y legumbres secas enfrentan riesgos. Adicionalmente, podrían verse afectados productos como carne de res y leche. El pescado también enfrenta vulnerabilidad debido a su dependencia de condiciones fluviales.
La dependencia de agua, forraje y condiciones climáticas explica esta vulnerabilidad. En conjunto, estos productos representan 43,1% de la canasta de alimentos monitoreada. El IPC refleja esta composición en sus mediciones mensuales y anuales. Por tanto, el fenómeno puede tener un efecto amplio sobre el gasto. Las familias colombianas sentirían el impacto de manera generalizada en sus presupuestos.
El sistema energético colombiano vuelve al centro de la preocupación nacional. Anif recuerda que el país depende estructuralmente de la generación hidráulica. Esta fuente representa cerca del 62% de la capacidad efectiva neta del sistema. Consecuentemente, cuando las lluvias disminuyen, los embalses bajan peligrosamente.
El sistema debe recurrir con mayor frecuencia a generación térmica alternativa. Esta generación se basa en combustibles líquidos, carbón o gas natural. El problema radica en que estas fuentes son considerablemente más costosas. Finalmente, terminan presionando las tarifas que pagan hogares y empresas. “El sistema debe recurrir a generación térmica basada en combustibles líquidos, carbón o gas, fuentes significativamente más costosas”, señala el informe.
Las reservas hídricas todavía muestran niveles relativamente altos en comparación histórica. No obstante, Anif advierte señales que comienzan a generar preocupación entre especialistas. En abril, los embalses estaban en 64% de su capacidad total. Esta cifra supera la mediana histórica de 52,3% para ese mes. Sin embargo, durante mayo dejaron de crecer como normalmente ocurre.
La temporada de lluvias debería impulsar el llenado de los embalses. Ese comportamiento atípico podría ser relevante para la planificación energética nacional. El sistema eléctrico entraría al periodo seco sin niveles suficientemente altos de reservas. Esta situación aumenta la vulnerabilidad ante cualquier extensión del periodo seco.
Los precios de energía en bolsa ya muestran aumentos moderados recientes. Asimismo, los precios de escasez reflejan mayor volatilidad en las últimas semanas. “El mercado mayorista incorpora con anticipación las expectativas de estrés hídrico”, advierte Anif. Las señales de tensión empiezan a reflejarse antes de la materialización completa. Los efectos climáticos aún no se han manifestado en toda su magnitud.
Este posible choque climático llega en un momento complejo para Colombia. La economía enfrenta múltiples desafíos simultáneos que complican la respuesta. Aunque la inflación ha venido moderándose frente a los máximos observados anteriormente, persisten preocupaciones. Todavía no converge hacia la meta del 3% establecida por el Banco. Esta meta representa el objetivo de estabilidad de precios del país.
El crecimiento económico sigue siendo moderado y por debajo de las expectativas. Según el análisis, la economía apenas creció 2,2% en el primer trimestre. Este dato deja un margen reducido frente a nuevos choques de precios. “Todo esto ocurre en un momento en que la inflación aún no ha convergido a la meta del 3% y la economía apenas creció 2,2% en el primer trimestre”, concluyeron.
La combinación de inflación persistente y crecimiento débil genera un dilema de política. Las autoridades económicas enfrentan decisiones difíciles en los próximos meses. Por un lado, deben controlar la inflación para proteger el poder adquisitivo. Por otro lado, necesitan estimular el crecimiento para generar empleo y bienestar.
El fenómeno de El Niño podría complicar aún más este equilibrio delicado. Los hogares colombianos ya enfrentan presiones sobre su presupuesto familiar. El costo de vida en Colombia lleva meses sin dar tregua a las familias. Nuevos incrementos en alimentos y energía reducirían el consumo de otros bienes. Esta contracción del consumo afectaría negativamente el crecimiento económico general.
Las empresas también sentirían el impacto de mayores costos de energía. Los sectores productivos que dependen de electricidad enfrentarían presiones sobre sus márgenes. Esto podría traducirse en menores inversiones o incluso reducciones de personal. El círculo vicioso entre costos, producción y empleo podría intensificarse.
El sector agrícola enfrenta riesgos tanto de producción como de costos. Las sequías reducirían los rendimientos de cultivos en diversas regiones del país. Simultáneamente, los costos de riego y mantenimiento de cultivos aumentarían significativamente. Los pequeños productores serían los más vulnerables ante esta combinación de factores.
La seguridad alimentaria del país podría verse comprometida en algunos productos específicos. La dependencia de importaciones podría aumentar para compensar la menor producción nacional. Sin embargo, esto también presionaría la tasa de cambio y el balance comercial. Las autoridades deben considerar medidas preventivas para mitigar estos riesgos potenciales.
El sistema de subsidios energéticos enfrentaría presiones fiscales adicionales en este escenario. El gobierno podría verse obligado a aumentar los subsidios para proteger a los hogares. Alternativamente, podría permitir el traslado completo de costos a las tarifas finales. Cualquiera de estas opciones tiene consecuencias económicas y sociales significativas.
La preparación ante el fenómeno requiere coordinación entre múltiples entidades gubernamentales. El Ministerio de Ambiente, el IDEAM y las autoridades energéticas deben trabajar conjuntamente. También es necesaria la participación del sector privado en la planificación. Las empresas generadoras y distribuidoras de energía juegan un rol fundamental.
La comunicación clara y oportuna a la población resulta esencial en este contexto. Los hogares necesitan información para ajustar sus presupuestos y patrones de consumo. Las empresas requieren señales para planificar sus operaciones y gestionar riesgos. La transparencia en las proyecciones y medidas gubernamentales genera confianza.
Las lecciones de episodios anteriores de El Niño deben guiar las respuestas actuales. Colombia ha enfrentado estos fenómenos previamente y ha acumulado experiencia institucional. Sin embargo, cada episodio presenta características particulares que requieren adaptación. Las condiciones económicas actuales difieren de las de 2015-2016 o 2009-2010.
El contexto internacional también influye en cómo Colombia puede responder al fenómeno. Los precios internacionales de alimentos y energía afectan las opciones disponibles. Las condiciones financieras globales determinan el acceso a recursos para medidas contracíclicas. La coordinación con organismos internacionales puede facilitar el acceso a asistencia técnica.
La inversión en infraestructura de adaptación climática cobra mayor relevancia ante estos eventos. Los sistemas de riego eficientes pueden reducir la vulnerabilidad del sector agrícola. La diversificación de la matriz energética disminuye la dependencia de fuentes hidroeléctricas. Estas inversiones requieren planificación de largo plazo y recursos significativos.
La investigación y el monitoreo climático continuo son herramientas fundamentales de prevención. El fortalecimiento de capacidades del IDEAM y entidades relacionadas resulta estratégico. Los sistemas de alerta temprana permiten respuestas más oportunas y efectivas. La tecnología satelital y los modelos climáticos avanzan constantemente en precisión.
El sector privado también debe desarrollar estrategias de gestión de riesgos climáticos. Las empresas agrícolas pueden implementar seguros paramétricos contra sequías. Las compañías energéticas pueden diversificar sus fuentes de generación gradualmente. Los comercializadores de alimentos pueden ajustar sus cadenas de suministro anticipadamente.
La educación y concientización pública sobre el uso eficiente de recursos es fundamental. El ahorro de agua y energía en hogares puede aliviar parcialmente las presiones. Los cambios en hábitos de consumo contribuyen a la resiliencia colectiva. Las campañas de comunicación deben enfatizar la responsabilidad compartida ante los desafíos.
Las políticas de protección social deben prepararse para posibles impactos sobre poblaciones vulnerables. Los programas de transferencias condicionadas pueden requerir ajustes en montos o cobertura. Los comedores comunitarios y programas de alimentación escolar cobran mayor importancia. La red de protección social actúa como amortiguador de choques económicos.
El monitoreo continuo de indicadores económicos y climáticos permite ajustes oportunos en políticas. Las autoridades deben mantener flexibilidad para responder a la evolución del fenómeno. Los planes de contingencia deben actualizarse regularmente según nueva información disponible. La capacidad de respuesta rápida puede marcar la diferencia en los impactos finales.
La experiencia de 2026 con El Niño dejará lecciones importantes para el futuro. Colombia debe fortalecer su resiliencia ante eventos climáticos cada vez más frecuentes. El cambio climático aumenta la probabilidad e intensidad de estos fenómenos. La adaptación y mitigación deben integrarse en todas las políticas de desarrollo.
