La Superintendencia de Transporte reveló la lista completa de 37 organismos de tránsito investigados. Estas entidades operaron sistemas de fotodetección sin cumplir requisitos legales. Además, el documento oficial incluye las fechas exactas de cada infracción.
Cali encabeza la lista con el caso más grave. La ciudad operó fotomultas sin aval técnico durante seis años consecutivos. El período irregular se extendió desde el 10 de diciembre de 2018. Finalmente concluyó el 21 de noviembre de 2024.
Durante ese tiempo, Cali impuso 2,7 millones de comparendos. Ahora todos quedarán sin validez. Por lo tanto, deberán ser revocados de oficio.
“La ciudad más protagonista es Cali, que tiene 2.700.000 comparendos que colocaron en estos cinco años, y que nunca contó con el concepto de desempeño de la tecnología”, afirmó el superintendente a Portafolio.
Medellín también figura entre las ciudades con mayores irregularidades. La capital antioqueña operó sistemas sin certificación entre diciembre de 2018 y abril de 2020. Consecuentemente, acumuló más de 717.000 comparendos irregulares.
Bogotá impuso cerca de 294.000 fotomultas entre diciembre de 2018 y enero de 2020. Mientras tanto, Barranquilla registró más de 131.000 comparendos. El período barranquillero se extendió desde diciembre de 2018 hasta septiembre de 2019.
Estas cuatro ciudades concentran la mayor cantidad de multas bajo investigación. En conjunto, representan el problema más significativo del país.
Los primeros cinco organismos iniciaron operación irregular el 10 de diciembre de 2018. Entre ellos figuraba la Secretaría de Movilidad de Medellín. También aparecía la División de Tránsito y Transporte de La Dorada.
La Inspección Municipal de Tránsito de Villavicencio se sumó ese mismo día. Igualmente, la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali comenzó entonces. Dos días después, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá inició operaciones irregulares.
El documento evidencia diferencias significativas entre los casos. Algunos organismos operaron apenas unos meses sin certificación. Sin embargo, otros mantuvieron sistemas activos durante varios años consecutivos.
“Otras ciudades importantes, obviamente, por la cantidad de vehículos y la cantidad de sistemas automáticos y semiautomáticos autorizados, pues está Bogotá, está Barranquilla, está Medellín, y tenemos tránsitos departamentales como el de Cundinamarca y Valle del Cauca, también con importantes multas”, señaló el superintendente Piñeros Olaves.
La Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca operó desde abril de 2019. Su período irregular se extendió hasta el 21 de noviembre de 2024. Por otro lado, la Secretaría del Valle del Cauca comenzó en febrero de 2021. Esta última mantuvo operaciones hasta el 11 de febrero de 2026.
La lista incluye municipios del área metropolitana de Medellín. Itagüí operó fotomultas irregulares entre febrero de 2019 y julio de 2020. Posteriormente, Sabaneta mantuvo sistemas sin certificación desde febrero de 2019. Este municipio continuó hasta el 21 de noviembre de 2024.
Bello también aparece en la investigación. Su período irregular transcurrió entre febrero de 2019 y febrero de 2020.
En la Costa Atlántica aparecen varios organismos investigados. Corozal figura entre ellos. También están Galapa, Puerto Colombia y Soledad. Adicionalmente, Fundación aparece en la lista oficial.
Norte de Santander presenta tres municipios con irregularidades. Villa del Rosario mantuvo sistemas sin certificación. San José de Cúcuta también operó de manera irregular. Los Patios completa el trío santandereano. Estos períodos irregulares se extienden hasta 2024.
La Superintendencia de Transporte identificó más de 7,5 millones de comparendos irregulares. Los 37 organismos investigados impusieron estas multas mediante sistemas tecnológicos. No obstante, ninguno cumplió con el concepto de desempeño requerido.
El Instituto Nacional de Metrología debe emitir este concepto obligatorio. La Ley 2251 de 2022 estableció este requisito indispensable. Igualmente, la Resolución 718 del Ministerio de Transporte lo confirma.
De ese total, 1.582.398 comparendos ya fueron pagados. Los ciudadanos colombianos cancelaron estas multas. Por consiguiente, representan recaudos superiores a $1,05 billones. Ahora las autoridades locales deberán devolver estos recursos.
Los organismos investigados enfrentan consecuencias económicas graves. Deberán devolver el dinero recaudado. Además, podrían enfrentar sanciones equivalentes al doble de lo recaudado. Esta suma superaría los $2,1 billones.
Adicionalmente, 5.832.906 comparendos aún no han sido pagados. Todos quedarán sin validez. Por lo tanto, deberán ser revocados de oficio. Esta medida beneficiará potencialmente a más de 1,4 millones de ciudadanos.
La ministra de Transporte, Maria Fernanda Rojas, destacó la importancia histórica. Esta actuación marca un precedente sin comparación. “Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”, afirmó la ministra.
El superintendente Piñeros Olaves explicó el propósito de publicar las fechas exactas. Los ciudadanos podrán verificar si sus comparendos fueron impuestos durante períodos irregulares. Esta transparencia facilita el ejercicio de derechos.
“No estamos actuando contra la seguridad vial. Estamos actuando contra posibles irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana. Ninguna cámara de fotodetección puede operar sin cumplir los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la ley”, afirmó el superintendente.
Las devoluciones representan un impacto fiscal considerable para los municipios afectados. Cali enfrentará la mayor carga financiera. La ciudad deberá devolver miles de millones de pesos. Además, las sanciones duplicarán este monto.
Medellín también enfrentará consecuencias económicas significativas. Sus 717.000 comparendos irregulares generaron recaudos millonarios. Ahora deberá reintegrar estos recursos a los ciudadanos afectados.
Bogotá tendrá que devolver el dinero correspondiente a 294.000 fotomultas. Barranquilla hará lo propio con sus 131.000 comparendos irregulares. Estas ciudades deberán ajustar sus presupuestos para cumplir.
Los organismos departamentales también enfrentan obligaciones financieras. Cundinamarca operó sistemas irregulares durante más de cinco años. Valle del Cauca mantuvo operaciones sin certificación durante cinco años también.
Los municipios del área metropolitana de Medellín deberán realizar devoluciones. Itagüí, Sabaneta y Bello tienen obligaciones con sus ciudadanos. Estos municipios más pequeños enfrentarán desafíos presupuestales importantes.
La Costa Atlántica verá afectadas varias administraciones locales. Corozal, Galapa, Puerto Colombia, Soledad y Fundación deberán responder. Estas localidades tendrán que reorganizar sus finanzas públicas.
Norte de Santander enfrentará impactos en tres municipios. Villa del Rosario, San José de Cúcuta y Los Patios tienen compromisos. Sus períodos irregulares generaron recaudos que ahora deben revertirse.
La investigación reveló fallas sistemáticas en la implementación de tecnología. Los organismos de tránsito no verificaron los requisitos legales. Tampoco solicitaron oportunamente los conceptos técnicos necesarios.
El Instituto Nacional de Metrología tiene la función de certificar estos sistemas. Sin embargo, muchos organismos operaron sin solicitar esta certificación. Otros iniciaron operaciones antes de recibir el concepto favorable.
La Ley 2251 de 2022 estableció claramente los requisitos técnicos. La Resolución 718 del Ministerio de Transporte complementó estas disposiciones. No obstante, los organismos investigados ignoraron estas normativas.
Los ciudadanos afectados podrán solicitar la devolución de sus pagos. Deberán verificar las fechas de sus comparendos. Si coinciden con los períodos irregulares, tendrán derecho al reintegro.
Más de 1,4 millones de ciudadanos se beneficiarán directamente. Aquellos con comparendos no pagados verán anuladas sus multas. Además, no tendrán que cancelar estos valores.
Los que ya pagaron podrán recuperar su dinero. Deberán presentar solicitudes ante los organismos correspondientes. Las autoridades locales tendrán que establecer procedimientos de devolución.
La seguridad vial no se verá comprometida por estas medidas. Los sistemas de fotodetección podrán continuar operando. Sin embargo, deberán cumplir estrictamente con todos los requisitos legales.
Los organismos de tránsito deberán solicitar los conceptos técnicos correspondientes. El Instituto Nacional de Metrología evaluará cada sistema. Solamente después de recibir certificación favorable podrán operar legalmente.
Las autoridades locales tendrán que revisar sus procedimientos administrativos. Deberán implementar controles para evitar futuras irregularidades. Igualmente, necesitarán capacitar a su personal sobre requisitos legales.
La confianza ciudadana en los sistemas de control de tránsito sufrió un golpe. Millones de colombianos pagaron multas impuestas irregularmente. Este hecho genera cuestionamientos sobre la gestión pública local.
Las administraciones municipales deberán reconstruir esta confianza. La transparencia en los procesos de devolución será fundamental. También necesitarán demostrar compromiso con la legalidad.
El precedente establecido por esta investigación tendrá efectos duraderos. Los organismos de tránsito serán más cuidadosos con el cumplimiento normativo. Las superintendencias ejercerán mayor vigilancia sobre estos sistemas.
Los ciudadanos contarán con mayor protección frente a posibles irregularidades. Las autoridades deberán demostrar que sus sistemas cumplen requisitos técnicos. La carga de la prueba recaerá sobre los organismos sancionadores.
Las finanzas públicas locales enfrentarán presiones significativas. Las devoluciones y sanciones superarán los $3 billones en total. Muchos municipios deberán ajustar drásticamente sus presupuestos.
Algunos organismos pequeños podrían enfrentar crisis fiscales. Las obligaciones de devolución superarán sus capacidades financieras inmediatas. Necesitarán apoyo departamental o nacional para cumplir.
Las grandes ciudades tendrán mayor capacidad de respuesta. No obstante, también enfrentarán desafíos presupuestales importantes. Deberán priorizar estas obligaciones sobre otros gastos programados.
La ministra de Transporte reafirmó el compromiso gubernamental con la legalidad. El debido proceso debe prevalecer sobre consideraciones fiscales. Los derechos de los ciudadanos tienen prioridad absoluta.
El superintendente Piñeros Olaves enfatizó la necesidad de cumplimiento normativo. Ningún objetivo de seguridad vial justifica irregularidades legales. Los sistemas tecnológicos deben operar dentro del marco legal establecido.
Las autoridades locales tendrán plazo para iniciar las devoluciones. Deberán establecer procedimientos claros y expeditos. Los ciudadanos no deberán enfrentar trámites engorrosos para recuperar su dinero.
La Superintendencia de Transporte mantendrá vigilancia sobre el proceso. Verificará que los organismos cumplan con sus obligaciones. Además, sancionará cualquier demora injustificada en las devoluciones.
Los comparendos impuestos fuera de los períodos irregulares mantienen su validez. Los ciudadanos deberán verificar cuidadosamente las fechas. Solamente aquellos dentro de los períodos identificados quedarán sin efecto.
Los organismos de tránsito deberán actualizar sus sistemas de información. Necesitarán identificar automáticamente los comparendos irregulares. Esta actualización facilitará tanto las revocatorias como las devoluciones.
