Una operación militar estadounidense culminó esta semana con la incautación del petrolero venezolano Skipper frente a las costas de Venezuela. La embarcación transportaba casi dos millones de barriles de crudo venezolano. Además, estaba registrada a nombre de la firma Triton Navigation Corp. en las Islas Marshall.
La nave representaba un engranaje central en la red de cooperación energética entre el régimen de Nicolás Maduro y el de Cuba. Así lo señalan investigaciones citadas por The New York Times y The Economist. Por lo tanto, el operativo norteamericano agravó la vulnerabilidad de los regímenes de Caracas y La Habana.
El Skipper zarpó el 4 de diciembre con su cargamento de petróleo pesado desde Venezuela. Documentos internos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) identifican que el destino declarado de la embarcación era el puerto cubano de Matanzas. Asimismo, declaraciones de funcionarios de la industria petrolera recogidos por The New York Times confirman esta información.
La operación se realizaba bajo contrato conjunto entre Cubametales, la comercializadora estatal cubana, y una compañía ligada al comerciante panameño Ramón Carretero. Este empresario ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Carretero ha manejado una fracción sustancial del flujo de crudo entre Caracas y La Habana.
De hecho, facilita operaciones que eluden el mercado internacional tradicional en muchos casos. Según datos presentados en The New York Times, las firmas de Carretero han gestionado hasta una cuarta parte del crudo exportado por PDVSA. Mientras tanto, Cubametales obtuvo en lo que va del año contratos por unos 65.000 barriles diarios.
Esta cifra creció 29% respecto de 2024. Además, supera ampliamente las compras del año anterior. El tránsito del Skipper incluyó la transferencia de 50.000 barriles al buque Neptune 6. Posteriormente, este se dirigió hacia Cuba, según la firma Kpler de datos marítimos.
Sin embargo, el resto del cargamento del Skipper apuntó hacia Asia. Esto corresponde a una modalidad frecuente en estas operaciones. Parte del petróleo supuestamente destinado a la isla termina siendo revendido en el mercado asiático. En particular, se comercializa en China para obtener divisas esenciales.
Estas divisas alivian la situación económica del régimen cubano. La operación de incautación ocurrió el 10 de diciembre. En ese momento, tropas de elite estadounidenses abordaron el Skipper desde helicópteros Black Hawk.
The Economist consignó que no se produjeron enfrentamientos. La tripulación, compuesta en su mayoría por marinos rusos, no planteó resistencia. El gobierno estadounidense comunicó que la captura del petrolero responde a la política de sanciones contra el régimen de Maduro.
También responde a las sanciones contra sus aliados. La fiscal general estadounidense Pam Bondi aseguró que la acción se justificó porque el buque transportaba crudo venezolano e iraní eludiendo sanciones. Por su parte, el presidente Donald Trump afirmó: “Fue confiscado por una muy buena razón”.
Trump estimó el valor del crudo en alrededor de 80 millones de dólares. Autoridades del régimen cubano calificaron la incautación como un “acto de piratería y terrorismo marítimo”. Denunciaron que esta política busca obstaculizar el intercambio de recursos energéticos entre Venezuela y Cuba.
Caracas declaró que la intervención representa otro caso de “piratería” y “secuestro” en aguas internacionales por parte de Washington. La Casa Blanca y funcionarios estadounidenses indicaron a The Economist que la acción sobre el Skipper no será la última. Agregaron que existen planes para intervenir otras embarcaciones involucradas en la red de exportación petrolera venezolana.
El despliegue de una fuerza naval en el Caribe por parte de Estados Unidos se presenta oficialmente como parte de una campaña contra el narcotráfico. No obstante, fuentes citadas por The Economist vinculan este dispositivo también con la presión hacia la salida de Maduro del poder.
En ese sentido, expertos consultados destacan el funcionamiento de una flota de “buques fantasma” vinculada a Venezuela, Irán y Rusia. Francisco J. Monaldi de la Universidad Rice señala que estas naves operan desde 2019 con nombres y banderas cambiantes. Además, mantienen transpondedores apagados y propiedad registrada en empresas de papel.
Esto dificulta su rastreo y permite sortear sanciones comerciales. El costo de las maniobras para el régimen venezolano se proyecta en el alza de tarifas de fletes. También aumentan las comisiones para los intermediarios que operan estos buques.
Con cada nuevo operativo incrementan sus primas de riesgo. Empresarios que colaboran con el régimen venezolano, entrevistados por The Economist, estiman que este encarecimiento puede reducir aún más el margen de beneficio para PDVSA. Igualmente, complica el acceso a compradores dispuestos a asumir riesgos legales y financieros aumentados.
La estatal venezolana exige desde hace meses el pago adelantado de la carga antes de que los buques zarpen. Esta condición, tras lo ocurrido con el Skipper, pocos intermediarios aceptarían sin mayores garantías. Las sanciones y operativos norteamericanos afectan no solo la economía venezolana.
También afectan la economía cubana, dada la dependencia energética de la isla. The New York Times documentó que los embarques de crudo venezolano son insuficientes para resolver las crisis de abastecimiento en Cuba. Del mismo modo, no resuelven los apagones que enfrenta la isla.
Sin embargo, sigue conformando un factor decisivo en la supervivencia política del régimen de La Habana. También resulta determinante para la supervivencia financiera del gobierno cubano. La operación, según analistas citados por ambos medios, marca un nuevo episodio en el enfrentamiento geopolítico.
Este enfrentamiento involucra a Estados Unidos, Venezuela, Cuba, Irán y Rusia. Estos actores compiten y cooperan a la vez en el mercado global de crudo sancionado. La red de comercialización petrolera entre Venezuela y Cuba ha funcionado como un sistema de supervivencia mutua para ambos regímenes.
Durante años, Caracas ha enviado petróleo a La Habana a precios preferenciales o mediante acuerdos de trueque. A cambio, Cuba proporciona servicios profesionales, especialmente médicos y asesores de seguridad. Este intercambio ha permitido a ambos gobiernos sortear parcialmente las sanciones internacionales.
La estrategia de utilizar intermediarios y empresas pantalla se ha vuelto cada vez más sofisticada. Los comerciantes como Ramón Carretero operan a través de múltiples jurisdicciones. Utilizan estructuras corporativas complejas que dificultan el rastreo de las transacciones.
Estas empresas frecuentemente cambian de nombre y registro. Además, emplean técnicas de ocultamiento marítimo para evitar la detección. Los buques apagan sus sistemas de identificación automática durante largos períodos. También realizan transferencias de carga en alta mar para confundir a los monitores internacionales.
La participación rusa en estas operaciones añade otra capa de complejidad geopolítica. La presencia de tripulaciones rusas en buques que transportan petróleo venezolano sugiere una coordinación más amplia. Esta coordinación involucra a países bajo sanciones occidentales.
Rusia ha desarrollado su propia experiencia en evadir sanciones petroleras desde 2014. Posteriormente, ha intensificado estas prácticas tras la invasión de Ucrania en 2022. Esta experiencia se ha compartido con Venezuela e Irán.
Los tres países han formado una alianza informal para burlar las restricciones comerciales occidentales. Comparten información sobre rutas marítimas, compradores dispuestos y técnicas de ocultamiento. También coordinan estrategias legales para desafiar las sanciones en tribunales internacionales.
El mercado asiático, particularmente China, se ha convertido en el destino final de gran parte de este petróleo. Aunque Beijing oficialmente respeta las sanciones internacionales, empresas privadas chinas continúan comprando crudo venezolano e iraní. Estas compañías operan en zonas grises legales que les permiten adquirir petróleo sancionado.
Frecuentemente, el petróleo pasa por múltiples intermediarios antes de llegar a refinerías chinas. Este proceso de “lavado” comercial dificulta establecer la procedencia original del crudo. Por consiguiente, complica los esfuerzos de aplicación de sanciones.
Para Cuba, la dependencia del petróleo venezolano representa una vulnerabilidad crítica. La isla consume aproximadamente 100.000 barriles diarios de petróleo. Sin embargo, produce menos de 40.000 barriles diarios localmente.
Esta brecha debe cubrirse con importaciones, principalmente desde Venezuela. Cualquier interrupción en estos suministros genera crisis energéticas inmediatas en la isla. Los apagones se vuelven más frecuentes y prolongados.
La población cubana enfrenta restricciones severas en el uso de electricidad. Las industrias reducen operaciones por falta de energía. El transporte público se ve afectado por la escasez de combustible.
Estas condiciones generan descontento social que amenaza la estabilidad del régimen. Por lo tanto, mantener el flujo de petróleo venezolano es una prioridad existencial para La Habana. Cada barco interceptado representa un golpe directo a la capacidad del gobierno cubano de satisfacer necesidades básicas.
Para Venezuela, las exportaciones petroleras constituyen prácticamente la única fuente significativa de divisas. Las sanciones estadounidenses han reducido drásticamente la producción petrolera venezolana. De más de tres millones de barriles diarios antes de 2015, la producción cayó a menos de 800.000 barriles diarios actualmente.
Esta caída refleja años de mala gestión, falta de inversión y corrupción endémica en PDVSA. Las sanciones han agravado esta situación al dificultar el acceso a tecnología y financiamiento. También han complicado la comercialización del petróleo producido.
El régimen de Maduro ha respondido desarrollando redes clandestinas de comercialización. Estas redes operan al margen del sistema financiero internacional. Utilizan criptomonedas, trueque y acuerdos bilaterales para evitar el sistema bancario occidental.
Sin embargo, estas alternativas resultan más costosas y menos eficientes. Los compradores dispuestos a asumir riesgos legales exigen descuentos sustanciales. Los intermediarios cobran comisiones elevadas por sus servicios.
El resultado es que Venezuela recibe una fracción del valor de mercado por su petróleo. Esto reduce aún más los ingresos disponibles para el gobierno. Consecuentemente, limita su capacidad de mantener servicios básicos y lealtades políticas.
La estrategia estadounidense de incautar petroleros busca aumentar estos costos y riesgos. Cada incautación envía un mensaje a potenciales intermediarios y compradores. Participar en el comercio de petróleo venezolano conlleva riesgos legales y financieros significativos.
Las embarcaciones pueden ser confiscadas, lo que representa pérdidas millonarias para sus propietarios. Las empresas involucradas enfrentan sanciones que les impiden operar en mercados occidentales. Los individuos pueden ser procesados penalmente en jurisdicciones estadounidenses.
Estos riesgos incrementan el costo de hacer negocios con Venezuela. Menos intermediarios están dispuestos a participar en estas operaciones. Los que continúan exigen compensaciones cada vez mayores.
La Casa Blanca ha señalado que planea intensificar estas acciones. Funcionarios estadounidenses consultados por The Economist indicaron que se preparan más operaciones similares. El objetivo es hacer insostenible económicamente el modelo actual de exportación petrolera venezolana.
Esta estrategia forma parte de una presión más amplia sobre el régimen de Maduro. Washington busca forzar una transición política en Venezuela. Las sanciones económicas constituyen una herramienta central en este esfuerzo.
La administración Trump ha adoptado una postura particularmente dura hacia Venezuela. Ha rechazado el reconocimiento de la última elección presidencial venezolana. Continúa reconociendo a líderes opositores como representantes legítimos del país.
Simultáneamente, ha intensificado la presión militar en la región. El despliegue naval en el Caribe incluye portaaviones, destructores y submarinos. Aviones de combate realizan patrullajes regulares cerca de aguas venezolanas.
Oficialmente, estas operaciones se enmarcan en la lucha contra el narcotráfico. Venezuela se ha convertido en una ruta importante para el tráfico de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa. El régimen de Maduro ha sido acusado de complicidad con organizaciones narcotraficantes.
Sin embargo, analistas observan que el despliegue militar también sirve propósitos políticos. Demuestra la capacidad estadounidense de proyectar poder en la región. Envía una advertencia al régimen venezolano sobre posibles acciones más directas.
Algunos funcionarios estadounidenses han sugerido que no se descarta una intervención militar. Aunque esta opción enfrenta considerable oposición tanto doméstica como internacional. La mayoría de países latinoamericanos se oponen a una solución militar.
Prefieren mecanismos diplomáticos y presión económica para forzar cambios en Venezuela. La Organización de Estados Americanos ha intentado mediar en la crisis. Sin embargo, estas iniciativas han tenido éxito limitado.
El régimen de Maduro ha rechazado consistentemente las demandas de reforma política. Mantiene control sobre las instituciones estatales mediante la cooptación y represión. Las fuerzas armadas permanecen leales, en parte debido a su participación en actividades económicas lucrativas.
Militares venezolanos controlan sectores clave de la economía, incluyendo minería y distribución de alimentos. Esto les proporciona incentivos financieros para mantener el statu quo. Cualquier transición política amenazaría estos intereses.
La oposición venezolana enfrenta represión sistemática. Líderes opositores han sido encarcelados, exiliados o inhabilitados políticamente. Las protestas son dispersadas violentamente. Los medios independientes enfrentan censura y persecución.
En este contexto, figuras como María Corina Machado han ganado prominencia internacional. Su reciente salida de Venezuela y gira internacional buscan mantener atención sobre la crisis. También pretenden asegurar apoyo internacional para la oposición.
La incautación del Skipper ocurre en este momento de tensión elevada. Representa una escalada en la confrontación entre Washington y Caracas. También afecta directamente a Cuba, el aliado más cercano de Venezuela.
La relación entre ambos regímenes se ha fortalecido durante las últimas dos décadas. Cuba proporcionó asesoría crucial a Maduro para consolidar su control autoritario. Asesores cubanos ayudaron a reorganizar los servicios de inteligencia venezolanos.
También entrenaron fuerzas de seguridad en técnicas de control social y represión. A cambio, Venezuela se convirtió en el principal sostén económico de Cuba
