El departamento de Norte de Santander se vio invadido por las disidencias de las FARC, quienes realizaron una inauguración de obras viales como si fueran el Gobierno legítimo. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, reprendió duramente a la fuerza pública por su falta de presencia en la zona y ordenó el despliegue de tropas en Tibú, donde se grabaron las imágenes de los delincuentes realizando sus actividades ilícitas. Para Velásquez, la presencia de organizaciones ilegales en centros poblados es inaceptable y bochornosa, y debe ser reprimida de manera permanente.
Sin embargo, la situación no se limita a la presencia de grupos armados ilegales en la región del Catatumbo. Las disidencias de las FARC también han implementado una modalidad de extorsión en Caquetá, donde emiten un recibo para que las víctimas se pongan a paz y salvo con el aporte que exigen. Este documento es una “citación de carácter obligatorio” que busca intimidar a los comerciantes. De forma descarada, los delincuentes elaboran un paz y salvo donde dejan soporte de los pagos hechos por las víctimas.
Ante este panorama, es crucial que las instituciones correspondientes examinen cómo la acción en el cumplimiento del deber constitucional de las Fuerzas Militares puede impedir que hechos como estos vuelvan a presentarse. Para ello, es necesario replantear el control del territorio y determinar el grado de responsabilidad del mando territorial. La presencia hostil de grupos armados ilegales en medio de la población es inaceptable, y debe ser reprimida de manera permanente.
