La deuda pública del Gobierno Nacional Central alcanzó $1.167 billones en junio de este año. Esta cifra representa un incremento del 6,8% frente a los $1.092 billones registrados hace un año. Además, el indicador superó el 60% del Producto Interno Bruto.
El Ministerio de Hacienda presentó estos datos en su actualización más reciente. Por lo tanto, el país enfrenta un escenario fiscal cada vez más complejo. En consecuencia, los expertos advierten sobre la velocidad del endeudamiento nacional.
La deuda externa pública llegó a $267,4 billones en el sexto mes del año. Esto equivale al 22,9% del PIB. Sin embargo, hace un año esta cifra era de $343,3 billones.
La deuda interna pública se ubicó en $899,7 billones en junio. Es decir, representa el 77,1% del PIB. Mientras tanto, hace un año esta cifra estaba en $749,20 billones.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal explicó las razones detrás de estos números. Según su informe de julio, el resultado obedeció principalmente a factores específicos. Por un lado, se produjo la disminución de la deuda externa tras el pago final del TRS. Por otro lado, hubo una reducción del saldo de bonos.
No obstante, el Carf advirtió que las presiones fiscales continúan siendo significativas. De hecho, los intereses representaron el 29,6% de los ingresos tributarios. Este nivel es superior al promedio histórico observado para mayo.
El mercado de deuda pública mostró una mejora en su comportamiento. Los Títulos de Tesorería presentaron valorizaciones relevantes. Específicamente, registraron una caída promedio de 240 puntos básicos frente al máximo alcanzado en mayo.
Las colocaciones de largo plazo ascendieron a $3,9 billones. Al mismo tiempo, la caja en pesos cerró en $20,1 billones. Aun así, permaneció por debajo del promedio histórico.
Diego Montañez Herrera, economista, analizó las implicaciones de este incremento. Según él, este mayor aumento en la deuda pública generará menor espacio fiscal en el corto plazo. “Más deuda hoy significa menos espacio fiscal mañana”, señaló el experto.
Luis Fernando Calderón ofreció su perspectiva sobre el tema. El docente de la Universidad de San Buenaventura considera que este aumento es una señal de alerta. Además, advierte sobre la velocidad del endeudamiento.
“El 60% no activa por sí mismo ninguna restricción”, explicó Calderón. La regla fiscal fija el límite de deuda en 71% del PIB. Además, el ancla prudente se encuentra en 55%.
Sin embargo, el país se está alejando del ancla. Simultáneamente, se acerca peligrosamente al techo. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha advertido sobre este escenario.
Incluso cumpliendo la senda oficial, la deuda neta seguiría subiendo. Específicamente, podría llegar cerca del 70% en 2028. Por lo tanto, el problema no es la foto de junio sino la película completa.
Cada punto adicional de deuda significa menos espacio para inversión. También reduce las posibilidades de gasto social mañana. En otras palabras, el margen de maniobra fiscal se estrecha progresivamente.
El dato se conoce a menos de dos semanas del cambio de gobierno. Además, ocurre en plena estrechez de las finanzas públicas. Por consiguiente, el nuevo gobierno heredará una situación fiscal compleja.
Calderón identificó cuatro fuerzas actuando simultáneamente. La primera es el déficit fiscal. Con la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal, el Confis fijó metas específicas.
El déficit proyectado es de -7,1% del PIB para 2025. Luego, se espera -5,3% para 2026. Finalmente, -4,9% para 2027. Todo faltante se cubre con más deuda.
Analistas como BTG Pactual estiman cifras aún más preocupantes. Según ellos, el déficit de 2026 podría llegar incluso a 7,1% del PIB. Por ende, las necesidades de financiamiento aumentarían considerablemente.
La segunda fuerza es la suspensión temporal del marco de disciplina. La cláusula de escape estará activa entre 2026 y 2027. Solo desde 2028 habría un cumplimiento paramétrico de la regla.
Esto autoriza un mayor endeudamiento transitorio en la práctica. Sin embargo, también posterga el ajuste fiscal necesario. En consecuencia, se acumula presión para años futuros.
La tercera fuerza es el hueco de ingresos. Tras el hundimiento de las leyes de financiamiento, surgió un problema significativo. El propio ministro de Hacienda reconoció que quedaron cerca de $16 billones sin incorporar.
Este monto faltante afecta el presupuesto de 2026. Además, el 93,7% del gasto es inflexible. Por lo tanto, las opciones de ajuste son limitadas.
La cuarta fuerza es el costo de la propia deuda. Solo en 2026 el servicio de la deuda interna asciende a $149,2 billones. Mientras tanto, en 2027 llegará a $140,5 billones.
De estos, $59 billones son únicamente intereses. En ese punto, la deuda empieza a alimentarse a sí misma. Consecuentemente, se genera un círculo vicioso difícil de romper.
La deuda interna sigue siendo la gran protagonista del indicador. Esta composición refleja una estrategia deliberada del Gobierno. Específicamente, busca financiarse cada vez más en el mercado local vía TES.
Además, pretende depender menos de préstamos en el exterior. Esa apuesta tiene lógica financiera. Principalmente, reduce el riesgo cambiario.
Un total de $663,2 billones de esa deuda están denominados en pesos. Adicionalmente, $236,5 billones están en UVR. Es decir, son obligaciones que no se encarecen con cada salto del dólar.
El retroceso de la deuda externa tiene explicaciones específicas. Pasó de $343,3 billones a $267,4 billones en un año. Esto se explica en parte por operaciones de manejo.
También influyó la apreciación del peso. El CARF califica este factor como externo y transitorio. No obstante, el contrapunto es significativo.
Concentrar el fondeo en casa tiene costos importantes. El mercado local debe absorber cada vez más papel. Además, los TES de corto plazo permanecen muy por encima de su promedio histórico.
El propio comité ha advertido sobre estas operaciones. Según el CARF, elevaron las necesidades de financiamiento del próximo cuatrienio. También aumentaron los riesgos de refinanciamiento en el corto plazo.
Es una deuda más segura frente al dólar. Sin embargo, es más exigente frente al calendario. Por lo tanto, se requiere una gestión cuidadosa del perfil de vencimientos.
Calderón propone soluciones para reducir este indicador. Según él, el país debe hacer un ajuste creíble sobre el déficit primario. No basta con ingeniería de financiamiento.
El Marco Fiscal de Mediano Plazo reconoce la magnitud del desafío. Se requiere un ajuste de $30,2 billones en 2027. Este monto es necesario para recuperar la senda de sostenibilidad.
El Carf ha insistido en que la cláusula de escape exige compromisos. Específicamente, requiere un compromiso creíble de corrección gradual. Esto pasa por tres frentes simultáneos.
El primer frente son los ingresos. Es necesario sacar adelante una reforma estructural de recaudo. La radicada busca $21,9 billones en 2027 con vocación de permanencia.
El segundo frente es el gasto. Se requiere una revisión seria de la rigidez presupuestal. Con más del 93% del presupuesto inflexible no hay tijera posible.
Esto implica que se necesitan reformas legales. De lo contrario, los ajustes serán insuficientes. Por ende, la sostenibilidad fiscal seguirá en riesgo.
El tercer frente es el crecimiento económico. Con una economía proyectada al 2,6% en 2026, el denominador no ayuda. Sin crecer más, la aritmética del ratio deuda/PIB no cede.
A esto se suma un activo escaso pero valioso: la credibilidad. Analistas advierten que la narrativa fiscal pierde fuerza. Esto ocurre por la falta de detalle en los recortes.
El propio Marco Fiscal de Mediano Plazo propone un Pacto Fiscal. Este convocaría a toda la institucionalidad. Las primeras señales del nuevo gobierno serán cruciales.
El retorno verificable a la regla desde 2028 es fundamental. Esto valdrá tanto como cualquier reforma. En definitiva, la credibilidad del ajuste determinará su éxito.
El panorama fiscal colombiano presenta desafíos significativos. La deuda pública continúa su trayectoria ascendente. Mientras tanto, los espacios de maniobra se reducen progresivamente.
El nuevo gobierno enfrentará decisiones difíciles desde el inicio. Deberá balancear las necesidades de gasto con la sostenibilidad fiscal. Además, tendrá que recuperar la confianza de los mercados.
Los próximos años serán determinantes para la trayectoria de la deuda. Las decisiones tomadas ahora tendrán consecuencias duraderas. Por ello, se requiere un consenso amplio sobre el ajuste necesario.
