La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció que apelará el fallo de primera instancia que lo encontró penalmente responsable por fraude procesal y soborno.
La decisión, emitida por la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, será detallada completamente el próximo 1 de agosto. Sin embargo, el equipo legal ya prepara su estrategia enfocada en cinco aspectos fundamentales.
El primer punto de controversia se centra en las interceptaciones telefónicas ordenadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La defensa argumenta que estas escuchas son ilegales porque se realizaron en un expediente sin relación con el exmandatario.
Además, estas grabaciones incluyeron conversaciones entre Uribe y su abogado Diego Cadena, lo cual viola el secreto profesional protegido constitucionalmente. No obstante, la jueza validó estas pruebas para el proceso.
Otro elemento cuestionado son los polémicos “relojes espía” utilizados por Juan Guillermo Monsalve en La Picota. Estos dispositivos grabaron encuentros con Diego Cadena y Enrique Pardo Hasche en febrero de 2018.
La defensa sostiene que estos elementos probatorios permanecieron casi siete años bajo custodia de Deyanira Gómez y su abogado. Según peritos forenses, los videos presentan alteraciones que comprometen su validez probatoria.
Un tercer aspecto controversial es la credibilidad del testigo Juan Guillermo Monsalve. La defensa cuestiona sus múltiples versiones contradictorias sobre supuestas visitas de Uribe a la finca Guacharacas y su participación en grupos paramilitares.
La magistrada, sin embargo, consideró a Monsalve víctima de presiones por parte de Diego Cadena y Pardo Hasche para retractarse. Esta interpretación contrasta con los testimonios de familiares que han desmentido sus declaraciones.
El cuarto punto se relaciona con los testimonios de tres exparamilitares recluidos en la cárcel de Cómbita. Estos internos denunciaron presiones del senador Iván Cepeda y la abogada Mercedes Arroyave para declarar contra Uribe.
La jueza restó credibilidad a estas declaraciones, aunque la defensa las considera cruciales para evidenciar un patrón sistemático en la búsqueda de testimonios contra el expresidente.
Finalmente, la defensa enfatiza la reacción de Uribe cuando supo que Cadena entregó una “ayuda humanitaria” al exparamilitar Carlos Enrique Vélez. El expresidente reprochó públicamente esta acción realizada sin su conocimiento.
El próximo 1 de agosto se conocerá la tasación de la pena, mientras el Centro Democrático inicia una intensa batalla política en defensa del exmandatario. La decisión judicial ha generado amplia cobertura mediática internacional y diversas reacciones en el ámbito político nacional.
