La victoria de Abelardo De La Espriella en las elecciones presidenciales instaló sobre la mesa un debate urgente. Colombia enfrenta un panorama fiscal complejo que exige decisiones inmediatas. El próximo Gobierno deberá diseñar una estrategia económica capaz de cerrar el hueco fiscal sin sacrificar el crecimiento.
Además, la confianza de los inversionistas se ha convertido en un factor crítico. Por ello, el equipo del presidente electo advierte sobre la necesidad de cambiar el rumbo. Según su diagnóstico, el manejo irresponsable de las finanzas públicas ha asfixiado al sector productivo durante años.
De ese manejo dependen variables clave para el país. Entre ellas figuran la competitividad, la calificación de riesgo y la capacidad de generar riqueza. Asimismo, el programa de Gobierno presentado por De La Espriella reconoce que Colombia no puede continuar por la misma senda.
**Un plan de choque para reducir el gasto**
El programa económico contempla un plan de choque enfocado en la eficiencia radical del Estado. José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial, ha planteado eliminar gastos innecesarios de forma contundente. También propone frenar el aumento descontrolado de la burocracia en todas las entidades públicas.
La meta central consiste en generar un ahorro estructural cercano al 3,1 % del PIB. Este objetivo implicaría liberar recursos significativos para otras prioridades del Gobierno. En cifras concretas, el plan contempla ahorros por 31,8 billones de pesos derivados de la optimización estatal.
Dentro de esas medidas aparece la eliminación de nómina paralela en diversas instituciones. Igualmente, se propone una asignación más adecuada de subsidios dirigidos exclusivamente a quienes los necesitan. Por otra parte, el equipo económico espera incrementar el recaudo mediante la lucha contra la evasión.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) jugará un papel protagónico en esta estrategia. Adicionalmente, el programa incluye la venta de activos improductivos que hoy representan una carga para el Estado. Estos recursos se destinarían a reducir el déficit y financiar inversiones prioritarias.
**Tres líneas para enfrentar la crisis fiscal**
En entrevista con El Tiempo, De La Espriella resumió su fórmula económica en tres líneas principales. La primera consiste en bajar los costos operativos del Estado mediante ajustes estructurales profundos. La segunda busca recuperar recursos que hoy se pierden por múltiples vías ilegales o ineficientes.
Entre esas vías figuran la evasión tributaria, el contrabando, la corrupción y las exenciones injustificadas. Según el presidente electo, sobre la mesa hay 120.000 millones de pesos perdidos por evasión y contrabando. Además, se estiman pérdidas de 190 billones de pesos anuales derivadas de actos de corrupción.
Por si fuera poco, las exenciones tributarias representan otros 110 billones de pesos que el Estado deja de recaudar. Estas cifras evidencian la magnitud del desafío que enfrentará el próximo Gobierno. La tercera línea de acción apunta a activar los motores de crecimiento económico del país.
De La Espriella considera que sin crecimiento robusto no habrá solución fiscal sostenible en el tiempo. Por eso, su programa ancla las proyecciones en una meta de crecimiento superior al 5 % anual. Incluso, Restrepo ha mencionado públicamente que el objetivo real es crecer entre 6 % y 7 %.
Esta apuesta resulta audaz si se considera el deterioro actual de las cuentas públicas colombianas. No obstante, el equipo económico sostiene que es posible alcanzarla mediante reformas estructurales y mayor inversión privada. Para ello, será necesario generar condiciones favorables que atraigan capital nacional e internacional.
**Metas fiscales y punto de partida complejo**
El programa económico propone estabilizar el déficit fiscal en 4,8 % del PIB durante los primeros 360 días. Posteriormente, el objetivo es llevarlo a niveles inferiores al 3,5 % hacia el año 2030. Respecto a la deuda pública, la meta consiste en ubicarla por debajo del 55 % del PIB para esa misma fecha.
Sin embargo, el punto de partida presenta desafíos mayúsculos que no pueden minimizarse. El Gobierno de Gustavo Petro proyectó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026 cifras preocupantes. Según ese documento, el déficit cerraría este año en 5,3 % del Producto Interno Bruto.
Además, sería necesario un recorte superior a 30 billones de pesos para el próximo año fiscal. Estas cifras reflejan la magnitud del ajuste que deberá implementar el entrante Gobierno. Por ello, algunos analistas consideran que las metas propuestas podrían quedarse cortas frente a la realidad.
Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector de Fedesarrollo, expresó su preocupación públicamente. Según su análisis, Colombia necesita reducir el déficit a un rango entre 3 % y 3,5 % del PIB. Esto implicaría un ajuste fiscal cercano a 67 billones de pesos al año, casi el doble de lo estimado.
**La carga de intereses y los riesgos estructurales**
Mejía también alertó sobre la creciente carga de intereses que pesa sobre las finanzas públicas. Actualmente, el pago de intereses representa el 36,9 % del recaudo tributario total del país. Esta cifra contrasta dramáticamente con el promedio histórico de 22 %, según datos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal.
Este incremento refleja tanto el aumento de la deuda como los mayores costos de financiamiento internacional. Para el analista, parte del problema radica en la dependencia de reformas tributarias futuras. El ajuste propuesto queda atado a una reforma que tendría que aprobar otro Gobierno y otro Congreso en 2027.
Esta incertidumbre genera riesgos adicionales sobre la sostenibilidad fiscal de mediano plazo. Mientras tanto, los mercados internacionales observan con atención las decisiones que tome el nuevo Gobierno. Cualquier señal de debilidad o falta de compromiso podría afectar la calificación crediticia del país.
Por eso, el equipo de De La Espriella insiste en que el cumplimiento de la Regla Fiscal es innegociable. Esta norma establece límites al crecimiento del gasto público y al nivel de endeudamiento permitido. Su cumplimiento envía señales de responsabilidad fiscal a los mercados y agencias calificadoras internacionales.
**Reformas estructurales y simplificación tributaria**
Más allá del ajuste fiscal inmediato, el programa contempla reformas estructurales de fondo. Entre ellas figura modificar y simplificar la estructura tributaria que hoy rige en Colombia. El objetivo es hacerla más eficiente, equitativa y menos propensa a la evasión o elusión.
También se propone incentivar la inversión privada mediante la eliminación de trabas burocráticas innecesarias. Asimismo, el plan incluye reducir la nómina paralela que existe en múltiples entidades del Estado. Esta práctica ha generado costos adicionales sin aportar valor real a la gestión pública.
Otra medida contemplada es la fusión de agencias redundantes que duplican funciones y desperdician recursos. De esta manera, se busca hacer más eficiente la administración pública y liberar presupuesto para inversión social. Igualmente, el programa plantea transformar el sistema de subsidios eliminando su carácter regresivo.
Actualmente, muchos subsidios benefician a sectores que no los necesitan realmente. Por ello, se propone una focalización más rigurosa que garantice que los recursos lleguen a los más vulnerables. Esta medida no solo mejora la equidad sino que también genera ahorros fiscales significativos.
**Ecosistema proempresa y reactivación del sector energético**
La agenda económica también incluye crear un ecosistema favorable para el desarrollo empresarial en Colombia. Esto implica reducir trámites, mejorar la seguridad jurídica y garantizar condiciones de competencia justa. Además, se busca volver a impulsar el sector minero-energético que ha perdido dinamismo en años recientes.
En concreto, el programa habla de recuperar la exploración y producción de petróleo y gas. Para lograrlo, se ofrece seguridad jurídica a las empresas que inviertan en estos sectores estratégicos. Esta apuesta resulta crucial considerando que los hidrocarburos siguen siendo una fuente importante de ingresos fiscales.
Adicionalmente, se plantea transformar el sistema eléctrico de la Costa Caribe para mejorar su eficiencia. Esta región ha enfrentado problemas crónicos de suministro que afectan tanto a hogares como a empresas. Por tanto, resolver estos cuellos de botella podría impulsar el desarrollo económico de toda la zona.
El programa también menciona la necesidad de activar otros sectores productivos con alto potencial de crecimiento. Entre ellos figuran la agricultura, el turismo y la innovación tecnológica. Cada uno de estos sectores podría contribuir significativamente al crecimiento económico y la generación de empleo.
**Desafíos políticos y viabilidad de las reformas**
Sin embargo, la implementación de este ambicioso programa enfrenta desafíos políticos considerables. Muchas de las medidas propuestas requerirán aprobación del Congreso de la República. Allí, el nuevo Gobierno deberá construir mayorías y negociar con distintas fuerzas políticas.
Además, algunas reformas estructurales podrían generar resistencia de sectores que hoy se benefician del statu quo. Por ejemplo, la eliminación de exenciones tributarias afectará a grupos de interés con capacidad de presión política. Igualmente, la reducción de la burocracia enfrentará oposición de quienes dependen de esos empleos públicos.
Por otro lado, la meta de crecimiento entre 6 % y 7 % anual resulta muy ambiciosa. Colombia no ha alcanzado esos niveles de forma sostenida en las últimas décadas. Lograrlos requerirá no solo reformas internas sino también un contexto internacional favorable.
Factores externos como los precios de las materias primas y el crecimiento de los socios comerciales serán determinantes. Asimismo, la capacidad del Gobierno para atraer inversión extranjera directa jugará un papel crucial. Todo esto en un contexto global marcado por incertidumbres geopolíticas y económicas.
**El reto de equilibrar ajuste y crecimiento**
El verdadero desafío del próximo Gobierno será encontrar el equilibrio adecuado entre ajuste fiscal y crecimiento económico. Un ajuste demasiado agresivo podría frenar la economía y generar descontento social. Por el contrario, un ajuste insuficiente mantendría la vulnerabilidad fiscal y el riesgo de crisis.
De La Espriella y su equipo apuestan a que el crecimiento económico robusto facilitará el ajuste fiscal. Según esta lógica, una economía en expansión genera más ingresos tributarios sin necesidad de subir impuestos. Además, reduce el peso relativo de la deuda al aumentar el denominador (PIB) de esa relación.
No obstante, los críticos señalan que esta apuesta implica riesgos significativos que no deben ignorarse. Si el crecimiento esperado no se materializa, el déficit podría ampliarse en lugar de reducirse. Esto obligaría a implementar ajustes aún más drásticos en el futuro, con mayores costos políticos y sociales.
Por eso, será fundamental que el Gobierno implemente mecanismos de seguimiento y ajuste permanente de sus políticas. La flexibilidad para corregir el rumbo ante cambios en las condiciones será clave para el éxito. Igualmente importante será la comunicación transparente con la ciudadanía sobre los avances y dificultades del proceso.
**Recuperación de recursos perdidos**
Uno de los pilares del plan económico es la recuperación de recursos que hoy se pierden. La lucha contra la evasión tributaria deberá intensificarse mediante tecnología y mayor capacidad fiscalizadora. La Dian necesitará fortalecerse institucional y tecnológicamente para cumplir esta tarea.
Asimismo, el combate al contrabando requerirá coordinación entre múltiples entidades del Estado. Esto incluye a la Policía, las Fuerzas Militares, la Dian y la Fiscalía General de la Nación. Solo mediante trabajo articulado será posible cerrar las rutas ilegales que hoy drenan recursos del país.
Por otra parte, la lucha contra la corrupción debe convertirse en una prioridad transversal del Gobierno. Los 190 billones de pesos anuales perdidos por este flagelo representan una cifra escandalosa. Recuperar aunque sea una fracción de esos recursos tendría un impacto fiscal enorme.
Para lograrlo, será necesario fortalecer los sistemas de control interno y externo de la administración pública. También se requerirá voluntad política para investigar y sancionar a los responsables de actos corruptos. La impunidad ha sido uno de los factores que perpetúan este problema en Colombia.
**Venta de activos y optimización de recursos**
La venta de activos improductivos del Estado representa otra fuente potencial de recursos fiscales. El Gobierno deberá identificar cuáles son esos activos y determinar la mejor estrategia para su enajenación. Esto debe hacerse de manera transparente para evitar suspicacias sobre posibles actos de corrupción.
Los recursos obtenidos deberán destinarse prioritariamente a reducir el endeudamiento o financiar inversiones productivas. No sería aceptable que se utilicen para cubrir gasto corriente que perpetúe la insostenibilidad fiscal. Por ello, será importante establecer reglas claras sobre el uso de estos recursos extraordinarios.
Paralelamente, la optimización del gasto público debe convertirse en una práctica permanente de todas las entidades. Esto implica evaluar constantemente la eficiencia y efectividad de cada programa y proyecto. Aquellos que no generen valor o resultados medibles deberán ser eliminados o reformulados.
Esta cultura de eficiencia requiere cambios profundos en la forma como opera el Estado colombiano. Tradicionalmente, el énfasis ha estado en cumplir procedimientos más que en lograr resultados concretos. El nuevo Gobierno deberá impulsar un cambio de mentalidad hacia la gestión por resultados.
**Sectores estratégicos para el crecimiento**
El programa identifica varios sectores estratégicos que podrían impulsar el crecimiento económico del país. El sector agropecuario tiene un potencial enorme que no se ha aprovechado plenamente. Colombia cuenta con ventajas comparativas en clima, suelos y biodiversidad que podrían explotarse mejor.
Para ello, será necesario mejorar la infraestructura rural, facilitar el acceso al crédito y transferir tecnología. También se requiere resolver problemas estructurales como la informalidad en la tenencia de tierras. Estas medidas podrían aumentar significativamente la productividad y competitividad del sector.
