La organización de derechos humanos Prisoners Defenders publicó este jueves su informe mensual sobre presos políticos en Cuba. El documento revela dos cifras sin precedentes en sus registros. Al cierre de junio, 1.306 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos. Además, 40 de ellas fueron detenidas cuando eran menores de edad. Esta última cifra representa el número más alto documentado hasta la fecha.

El reporte llega dos días antes del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021. Estas manifestaciones, conocidas como 11J, constituyeron la mayor movilización ciudadana registrada en la isla desde 1959.

“El régimen cubano acaba de marcar dos siniestros nuevos récords de represión a las puertas del quinto aniversario del 11J: 1.306 prisioneros políticos y 40 de ellos detenidos siendo menores de edad”, afirmó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, en conversación con Infobae.

Solo en junio, la organización verificó 32 nuevos casos. Otros 21 casos aún se encuentran en proceso de investigación. De los 40 menores registrados en la lista total, 16 permanecen recluidos. Estos adolescentes están en prisiones y centros penitenciarios destinados a población adulta.

El informe documentó un cambio significativo en el perfil de las víctimas. La represión ya no apunta únicamente a quienes participan en manifestaciones. Tampoco se limita a quienes ejercen activismo político tradicional. Ahora incluye a personas con capacidad para informar, movilizar o influir en distintos sectores.

“El régimen está encarcelando de forma selectiva a personas con capacidad de influencia social: periodistas, youtubers, un rapero, un pastor evangélico, médicos, ex presos del 11J y numerosos jóvenes”, señaló Larrondo. Al tiempo que acotó: “Todo ello con el objetivo de desactivar cualquier posibilidad de movilización ciudadana en el quinto aniversario del 11J”.

Entre los casos documentados en junio figuran Eduardo Ceballos Pérez y Christian Rodríguez Riverón. Ceballos es conocido como “Eddy Jones”. Ambos son creadores del canal de YouTube Despingovery Channel. Las autoridades los arrestaron por publicar videos sobre instalaciones militares abandonadas y en ruinas.

Los procesaron por presuntos delitos de “Espionaje” o “Revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado”. Estos cargos, según el Código Penal cubano, se castigan con entre 10 y 30 años de prisión. En algunos casos, pueden implicar cadena perpetua o muerte.

Ceballos fue detenido el 1 de junio. Posteriormente fue trasladado a la prisión Combinado del Este. Allí permaneció incomunicado durante varios días. Rodríguez Riverón fue arrestado el 14 de junio al acudir a una citación policial. No existía orden judicial para su detención.

Las protestas registradas en el reparto Barbosa, en La Habana, motivaron una nueva ola de detenciones. Estas manifestaciones ocurrieron durante la segunda quincena de junio. Los vecinos protestaban por prolongados apagones y la crisis económica.

Entre los arrestados figura el rapero y activista Andrés Matos Alcántara. Es conocido como “MC K-LIBRE”. Fue detenido el 25 de junio tras acudir a una citación policial. Las autoridades le atribuyen falsamente el liderazgo de los cacerolazos. Su familia y testigos afirman que solo pasó por el lugar durante unos minutos.

Durante los primeros días de su detención, el régimen ocultó su paradero. Esta situación llevó al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas a activar una Acción Urgente. El 4 de julio fue trasladado a la prisión de Valle Grande. Padece Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y diabetes tipo 1.

En la misma protesta, los hermanos Yoan Arévalo Álvarez y Yosban Arévalo Álvarez fueron detenidos. La detención ocurrió el 21 de junio sin orden de arresto. Según testimonios de allegados, ambos sufrieron golpes durante la detención.

En el caso de Yoan, las agresiones le provocaron múltiples fracturas en las costillas. También sufrió una herida en el pecho y lesiones en los pies. Las autoridades no le proporcionaron atención médica.

Una redada masiva en los barrios La Cuba y Maffo de Contramaestre, en Santiago de Cuba, ocurrió el 22 de junio. Esta operación añadió 10 nuevos presos políticos muy jóvenes. Seis de ellos son menores de entre 15 y 17 años.

Entre los detenidos figuran Ander Magdiel del Toro Suárez, de 15 años. También Dian Daniel Mora Acuña, de 15 años. José Ángel Borrero Zorrilla tiene 17 años. José Jorge Menéndez Vázquez también cuenta con 17 años. Ángel Luis Leyva tiene igualmente 17 años.

Cristian Fernández Sarmiento, de 15 años, fue detenido el 19 de junio. Su arresto ocurrió durante las manifestaciones de Altamira.

Prisoners Defenders documentó que 458 presos políticos padecen patologías médicas graves o crónicas. Además, 53 presentan trastornos de salud mental severos previos a su detención.

“La privación deliberada de la atención médica se utiliza de forma sistemática como un instrumento de represión y de tortura”, advirtió Larrondo a este medio.

Tres casos concentran la mayor gravedad. Carlos Alberto MacDonald Ennis fue excarcelado el 12 de junio. Había permanecido más de dos años en prisión provisional. Sin embargo, continúa sometido a proceso penal.

Durante su encarcelamiento desarrolló un tumor maxilar. Este tumor crece hacia estructuras internas de la cabeza sin recibir tratamiento. Al salir pesaba apenas 48 kilogramos. También presenta hipertensión y diabetes agravadas.

Juan Enrique Pérez Sánchez fue condenado a ocho años de prisión por el 11J. Contrajo tuberculosis en prisión. Presenta desnutrición severa, trastornos neurológicos y crisis recurrentes de asma.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares. Estas medidas se deben al riesgo para su vida. Sin embargo, continúa recluido. Prisoners Defenders lo incluyó entre los 33 presos políticos con riesgo gravísimo para su vida.

Rolando Yusef Pérez Morera es activista del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR). También fue condenado a ocho años. Durante un permiso penitenciario temporal, imágenes mostraron un deterioro físico extremo. Este deterioro es producto de la desnutrición severa.

A escasos días del quinto aniversario, las autoridades cubanas desplegaron una operación de hostigamiento. Esta operación se dirigió contra activistas de distintas organizaciones. El 2 de julio, decenas de ellos fueron impedidos de asistir a un evento diplomático.

La Embajada de Estados Unidos en La Habana organizaba una recepción. El motivo era el 250 aniversario de la independencia estadounidense. Las autoridades utilizaron cercos domiciliarios, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y traslados forzosos.

José Elías González Agüero es coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI). El ex preso político Alexander Díaz Rodríguez lo acompañaba. Ambos fueron trasladados esposados a una zona boscosa en las afueras de La Habana.

Allí fueron obligados a desnudarse. Posteriormente fueron fotografiados en esa situación. Según el testimonio de González Agüero, uno de los agentes le colocó una pistola en la cabeza. Mientras lo hacía, le decía “se acabó tu historia y te vamos a matar aquí”. Los represores realizaron disparos simulando ejecuciones.

Díaz Rodríguez fue golpeado repetidamente. Le introdujeron un papel en la boca por la fuerza mientras permanecía esposado. Su fotografía al salir de prisión recorrió el mundo. Había cumplido una condena de cinco años por el 11J. Su parecido con imágenes de campos de concentración impactó a la opinión pública internacional.

En prisión había adquirido un cáncer de garganta y tiroides en fase terminal. También padece hepatitis B. Presenta anemia severa y un cuadro de desnutrición severa terminal.

Los hermanos Amanda Beatriz y Abel Alejandro Andrés Navarro pertenecen al colectivo juvenil Fuera de la Caja Cuba. Fueron retenidos por la Seguridad del Estado durante cerca de 11 horas. El objetivo era impedir su asistencia al mismo evento.

Tras recuperar la libertad, denunciaron que el objetivo era silenciarlos y amedrentarlos. En paralelo, las autoridades reabrieron un proceso penal previamente archivado. La víctima es la influencer y activista Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como “Anna Bensi”. Junto a su madre, fue sometida a nuevos interrogatorios de más de ocho horas.

El informe señaló también el caso del pastor evangélico Alexis Padrón Lorenzo, de 58 años. Fue detenido el 11 de junio en el municipio de Regla. Su arresto ocurrió tras increpar verbalmente a funcionarios. Estos dispersaban una protesta vecinal contra los apagones y la escasez de agua.

Al ser visitado por su esposa el 26 de junio, presentaba pérdida considerable de peso. Apenas habían transcurrido nueve días desde su detención. También mostraba pies hinchados. Sufría dolores agravados por una artritis reumatoide sin tratamiento.

El informe de Prisoners Defenders apuntó directamente a la inacción pública de gobiernos democráticos. Esta omisión actúa como factor que permite al régimen cubano sostener la escalada represiva. La impunidad se mantiene sin consecuencias políticas.

La organización mencionó específicamente a España. Hizo referencia expresa al gobierno de Pedro Sánchez. También señaló a la Comisión Europea y Canadá. Estos actores no se pronuncian ni defienden públicamente a las nuevas víctimas. Esta falta de acción sostenida resulta preocupante.

En los últimos 12 meses, de julio de 2025 a junio de 2026, la lista de Prisoners Defenders sumó 264 nuevos presos políticos. Esto representa un promedio de 22 personas por mes. Cuba ocupa además el primer lugar mundial en esta categoría de violaciones a los derechos humanos.

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