La Contraloría General de la República ha revelado hallazgos fiscales significativos en 24 Entidades Promotoras de Salud (EPS) por un monto de $6 billones. Estos hallazgos se deben a la presunta indebida destinación de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) durante el año 2020. Además, la entidad ha identificado otros $5.3 billones cuya incidencia se investigará en un proceso de indagación preliminar. En total, se reportan 61 hallazgos con incidencia administrativa, 37 con incidencia fiscal y 37 con incidencia penal, los cuales han sido trasladados a la Fiscalía General.
El contralor Carlos Hernán Rodríguez, en una rueda de prensa, explicó los indicios que llevaron a la entidad a investigar el uso de los recursos girados por el Estado a las EPS. La Contraloría había identificado excedentes operacionales por $6.81 billones en 2020, $3.68 billones en 2021 y $1.08 billones en 2022. Estos indicios motivaron una actuación especial de fiscalización con enfoque financiero sobre el uso y destino de los recursos públicos de salud durante 2020, año en el que la facturación de servicios de salud no relacionados con el COVID-19 disminuyó.
Rodríguez destacó que, debido a la emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional aprobó recursos por $41 billones. Gran parte de estos recursos se destinaron al pago de pruebas, vacunas y atenciones de salud mediante las llamadas canastas COVID. Esto evitó que se usaran recursos de la UPC y de presupuestos máximos para costear atenciones o servicios para enfermos de COVID-19.
La Contraloría subrayó que las EPS, al administrar recursos públicos, deben someterse al ordenamiento jurídico del Estado. Esto incluye el principio de anualidad, que establece que los recursos girados deben ejecutarse en la vigencia fiscal correspondiente. La UPC y los presupuestos máximos deben destinarse al pago de servicios de salud en la vigencia respectiva, no para el pago de deudas propias o particulares de las EPS. Pagar estas deudas con excedentes de la UPC, que deben retornar al sistema de salud, constituye una indebida apropiación de recursos públicos y parafiscales.
Los procedimientos de control revelaron que las EPS pagaron servicios de salud de vigencias anteriores a 2020 con recursos de la UPC por $5.04 billones. Por ejemplo, la EPS SOS pagó $86.000 millones de deudas de los períodos 2013-2015 con recursos excedentes de la UPC de 2020. Estas obligaciones ya estaban prescritas o caducadas judicialmente. La Nueva EPS pagó servicios de vigencias anteriores con la UPC de 2020 por $62.000 millones, correspondientes a las vigencias 2008-2015.
Además, la Contraloría identificó pagos que no guardan causalidad con los servicios de salud. En el caso de Nueva EPS, se evidenciaron pagos sin soportes por más de $2 billones. En la EPS Famisanar, se identificaron pagos sin soportes por $643.000 millones. Estas cifras son alarmantes y reflejan un manejo inadecuado de los recursos públicos.
Las EPS tuvieron la oportunidad de controvertir los hallazgos, que el contralor definió como de “alto impacto nacional”. La investigación se adelantará desde la Unidad de Delitos Especiales contra la Corrupción de la Contraloría. Se espera que en seis meses haya resultados de las acciones emprendidas.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y control en la administración de los recursos públicos destinados a la salud. La indebida destinación de estos recursos no solo afecta la sostenibilidad del sistema de salud, sino que también pone en riesgo la atención de millones de ciudadanos. La Contraloría ha dado un paso importante al identificar y denunciar estas irregularidades, pero es fundamental que se tomen medidas correctivas y se sancione a los responsables para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
La sociedad debe estar atenta a los resultados de esta investigación y exigir rendición de cuentas a las EPS y a las autoridades competentes. La salud es un derecho fundamental y su financiación debe ser gestionada con la máxima responsabilidad y transparencia. La lucha contra la corrupción en el sector salud es una tarea de todos y requiere el compromiso de las instituciones, los profesionales de la salud y la ciudadanía en general.
