La Contraloría General de la República identificó un daño patrimonial de 12.918 millones de pesos. El hallazgo fiscal corresponde al centro de innovación “Sacúdete Crea” en Girardot. Esta obra lleva cuatro años sin prestar servicios a la comunidad. Además, ya presenta signos visibles de deterioro estructural.
El organismo de control fue contundente en su evaluación. “Los recursos públicos invertidos no han materializado los beneficios sociales previstos”, señaló. La razón principal es clara: la infraestructura no está funcional. Asimismo, se encuentra en estado de deterioro progresivo.
El proyecto forma parte de la estrategia Sacúdete. Esta iniciativa fue lanzada en 2019 durante el gobierno de Iván Duque. La promesa era impulsar el talento en industrias creativas, culturales y tecnológicas. Los espacios debían servir para formación, emprendimiento y prevención de la violencia. El enfoque se dirigía especialmente a territorios con rezagos sociales.
Desde el Gobierno Duque se describía el programa con ambición. “Pone a disposición de la juventud colombiana herramientas innovadoras para el cierre de brechas”, se afirmaba entonces. En Girardot, el plan se materializó mediante un convenio específico. El acuerdo involucró al Ministerio del Interior y la Alcaldía municipal. El monto total ascendió a 17.359 millones de pesos.
Hoy, la mayor parte de esos recursos ya fue ejecutada. Sin embargo, los resultados no corresponden con la inversión realizada. Según la Contraloría, se pagaron 12.918 millones de pesos a contratistas. Estos recursos cubrieron obra civil e interventoría del proyecto. En las condiciones actuales, ese dinero representa un daño patrimonial.
El plazo original establecía como fecha límite el 31 de diciembre de 2021. Esa meta no se cumplió en absoluto. Por el contrario, el contrato acumuló ocho modificaciones a lo largo del tiempo. También registró cinco prórrogas sucesivas y una adición presupuestal significativa. La adición alcanzó 5.171 millones de pesos adicionales. Estos cambios extendieron la entrega hasta junio de 2025.
A pesar de las modificaciones, el centro sigue sin funcionar. La brecha entre lo construido y lo utilizable es considerable. La obra física presenta un avance del 92,40 por ciento. No obstante, el suministro e instalación de equipos esenciales apenas alcanza 6,63 por ciento. El retraso en esa fase crítica supera el 93 por ciento.
La Contraloría realizó inspecciones directas en el sitio. “La inspección evidenció fisuras, desprendimientos superficiales y exposición de elementos estructurales por falta de mantenimiento”, detalló el organismo. En otras palabras, la infraestructura se deteriora sin haber sido utilizada nunca. El tiempo pasa y el edificio envejece sin cumplir su propósito.
El organismo de control también señaló fallas en la gestión pública. “El Ministerio del Interior no identificó oportunamente los incumplimientos ni adoptó acciones correctivas”, indicó. Además, se encontraron debilidades en la supervisión del proyecto. La interventoría tampoco funcionó como debía hacerlo.
Precisamente, el componente de interventoría también experimentó un crecimiento notable. El contrato inicial era por 708 millones de pesos. Sin embargo, terminó alcanzando 2.087 millones de pesos. Esta labor se desarrolló bajo dos figuras contractuales diferentes. Primero actuó el Consorcio SDT Girardot. Posteriormente asumió la Unión Temporal INTERSAC 2023.
Este caso no surge de manera aislada o sorpresiva. Ya en 2021 existían advertencias sobre la estrategia Sacúdete. Una investigación de La Silla Vacía describía problemas serios. Según ese análisis, estas obras se habían usado para “consentir a aliados del Gobierno”. También enfrentaban problemas de planeación y sobrecostos recurrentes.
El Gobierno definía estos centros con lenguaje esperanzador en 2021. “El antídoto contra la violencia en Colombia”, era la descripción oficial. En Girardot, el proyecto tenía un peso político particular. Era una de las megainfraestructuras asociadas a la economía naranja. Se desarrollaba en un municipio clave dentro de esa narrativa gubernamental.
A nivel local, la expectativa también era muy alta. “Promover el desarrollo de actividades lúdicas, pedagógicas y fomentar el emprendimiento”, planteaba el plan de desarrollo. Estas palabras correspondían al alcalde del municipio, Francisco Lozano Sierra. La comunidad esperaba beneficios concretos y tangibles.
La promesa se mantuvo incluso durante la transición de gobierno. En 2025, la Alcaldía de Girardot seguía insistiendo en el potencial. El centro “busca convertirse en un espacio seguro y de encuentro”, afirmaba. También debía impulsar “la convivencia ciudadana y el talento creativo local”. Esas eran las expectativas que se comunicaban públicamente.
Sin embargo, ese escenario todavía no existe en la realidad. La Contraloría ordenó al municipio de Girardot presentar un plan de mejoramiento. Este debe tramitarse a través del SIRECI. El objetivo es responder por el detrimento patrimonial identificado. El proceso incluye incidencia fiscal contra los responsables. También contempla presunta incidencia disciplinaria para los funcionarios involucrados.
Mientras tanto, el edificio permanece en su lugar. Está casi terminado desde el punto de vista constructivo. Pero continúa sin ningún uso efectivo. Los equipos esenciales no están instalados. Las fisuras y el deterioro avanzan con el paso del tiempo. Los recursos públicos invertidos no generan ningún beneficio social.
La comunidad de Girardot sigue esperando el espacio prometido. Los jóvenes no tienen acceso a las herramientas innovadoras anunciadas. Las actividades lúdicas y pedagógicas no se desarrollan. El emprendimiento creativo y tecnológico no encuentra su hogar. La prevención de la violencia mediante la cultura queda pendiente.
El caso de Sacúdete Crea ilustra problemas estructurales en la gestión pública. La planeación deficiente genera costos que la ciudadanía debe asumir. La supervisión inadecuada permite que los incumplimientos se acumulen. La falta de acciones correctivas oportunas agrava el daño patrimonial. Los recursos se ejecutan pero los objetivos no se cumplen.
Los 12.918 millones de pesos pagados representan una oportunidad perdida. Ese dinero pudo haber transformado la realidad de muchos jóvenes. Pudo haber fortalecido la economía creativa en el municipio. Pudo haber generado espacios de encuentro y convivencia. En cambio, se convirtió en un edificio vacío que se deteriora.
La estrategia Sacúdete prometía cerrar brechas sociales en Colombia. En Girardot, hasta ahora, solo ha generado una brecha diferente. Es la distancia entre las promesas y la realidad concreta. Entre los anuncios oficiales y los resultados verificables. Entre la inversión pública y el beneficio social efectivo.
El plazo extendido hasta junio de 2025 representa una nueva oportunidad. Pero también es un recordatorio del tiempo perdido. Cuatro años han transcurrido desde el vencimiento original del contrato. En ese período, el edificio ha envejecido sin cumplir su misión. Las expectativas de la comunidad se han desgastado también.
La Contraloría ahora exige responsabilidades y planes de mejoramiento. Las autoridades locales deben explicar cómo responderán al hallazgo fiscal. Los funcionarios involucrados enfrentan posibles consecuencias disciplinarias. Los contratistas deberán rendir cuentas sobre los incumplimientos documentados.
Mientras estos procesos administrativos avanzan, el edificio permanece cerrado. Las puertas no se abren para los jóvenes girardoteños. Los equipos tecnológicos no llegan a sus espacios designados. La promesa de innovación y creatividad sigue suspendida en el tiempo. El antídoto contra la violencia aún no se administra.
