La Contraloría General de la República dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $226.718 millones. Además, la decisión vincula solidariamente a seis exdirectivos de las entidades implicadas. Las organizaciones señaladas son la liquidada Medimás EPS y Estudios e Inversiones Médicas (Esimed).
La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción demostró la existencia de un detrimento patrimonial. Dicho daño está relacionado con el manejo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por lo tanto, el organismo adoptó la decisión después de completar el proceso investigativo correspondiente.
El proceso estableció que el daño al erario se produjo mediante cinco conductas específicas. En primer lugar, se identificaron anticipos pendientes de legalización que nunca fueron amortizados. Asimismo, se detectaron pagos de servicios por encima de los valores contratados originalmente.
La tercera irregularidad correspondió a la compra de medicamentos costosos por encima de los precios regulados. También se encontraron desembolsos superiores a las facturas realmente emitidas por los prestadores. Finalmente, el organismo identificó cuentas con objeciones sin resolver que fueron canceladas indebidamente.
El mayor componente del fallo corresponde a anticipos que fueron aprobados y pagados sin amortización. Según la decisión, esta conducta produjo un detrimento por un valor indexado de $205.808 millones. En consecuencia, representa la mayor parte del monto total establecido por el organismo de control.
Los $205.808 millones asociados a esta conducta representan cerca del 91% del fallo total. Por ende, los anticipos sin legalizar constituyeron la principal irregularidad detectada durante la auditoría. La Contraloría señaló que esta práctica comprometió gravemente los recursos públicos destinados a salud.
A este valor se suman $12.679 millones correspondientes a pagos por servicios médicos irregulares. Específicamente, estos servicios superaron los montos originalmente pactados en los contratos respectivos. La diferencia entre el precio acordado y el dinero desembolsado fue incluida dentro del daño patrimonial.
El organismo también identificó la compra de medicamentos por encima de los precios máximos regulados. Esta práctica representó $4.223 millones dentro del fallo fiscal ejecutoriado por la entidad. Igualmente, comprometió recursos que pertenecían al sistema público de seguridad social en salud.
Otra conducta correspondió a pagos en exceso por $248 millones que fueron desembolsados indebidamente. En estos casos, los desembolsos realizados superaron el valor real facturado por los prestadores. Los resultados de la auditoría sirvieron de base para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal.
La quinta irregularidad estuvo relacionada con el pago de facturas glosadas sin resolver objeciones. Estas cuentas presentaban inconsistencias que no habían sido aclaradas antes del desembolso. No obstante, fueron canceladas sin el debido proceso de verificación y aprobación correspondiente.
El valor atribuido a esta conducta alcanzó los $3.758 millones dentro del total establecido. Las cinco partidas conforman el detrimento patrimonial determinado por la Contraloría General de la República. La investigación se concentró en el uso de los recursos públicos del sistema de salud.
Asimismo, el proceso examinó las decisiones administrativas y financieras que permitieron aprobar los pagos cuestionados. Por consiguiente, se estableció la responsabilidad de las entidades y de sus directivos durante el periodo. La decisión ya se encuentra ejecutoriada, lo que significa que quedó en firme definitivamente.
El fallo solidario vincula directamente a Medimás EPS y Esimed junto con seis personas naturales. Estas personas ocuparon cargos directivos durante el periodo investigado por el organismo de control. La medida alcanza a dos expresidentes y antiguos responsables de áreas estratégicas de las organizaciones.
Entre los vinculados se encuentran exvicepresidentes administrativos y financieros de ambas entidades implicadas. También aparece la exvicepresidenta jurídica que ejerció funciones durante el periodo de las irregularidades. Igualmente, la exgerente de tesorería de la época quedó incluida dentro de la decisión ejecutoriada.
La responsabilidad solidaria permite atribuir el valor establecido a las entidades y personas señaladas. En otras palabras, cualquiera de los vinculados puede ser requerido por la totalidad del monto. Esta figura jurídica facilita la recuperación de los recursos públicos comprometidos en las irregularidades.
El fallo se produce después de otra decisión adoptada por la Contraloría contra Medimás. En 2024, el organismo profirió un fallo con responsabilidad fiscal por $89.828 millones adicionales. Dicha decisión también estuvo relacionada con el manejo irregular de recursos del sistema de salud.
En aquel proceso fueron identificados anticipos pendientes de legalización que nunca fueron debidamente amortizados. Además, se detectaron pagos de multas que comprometieron recursos del Sistema General de Seguridad Social. También se encontraron desembolsos por servicios médicos prestados a personas que ya habían fallecido.
Las operaciones se realizaron con dineros pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por lo tanto, ambas decisiones se relacionan con el uso de recursos destinados a financiar atención sanitaria. El nuevo fallo amplía a $226.718 millones el valor de la responsabilidad establecida contra las entidades.
Durante la actual administración, la Contraloría General ha proferido 1.090 fallos con responsabilidad fiscal acumulados. Estas decisiones establecen la existencia de daños patrimoniales por un valor total de $3,37 billones. Asimismo, determinan quiénes deben responder por los recursos públicos comprometidos en cada caso específico.
La entidad también reportó el resarcimiento de $4,41 billones que fueron devueltos al Estado colombiano. La recuperación se produjo mediante cobro coactivo y procesos de responsabilidad fiscal adelantados por el organismo. Igualmente, se incluyeron indagaciones preliminares y actuaciones desarrolladas dentro de procesos penales relacionados.
Actualmente, el organismo adelanta 3.029 procesos de cobro coactivo por $12,8 billones en total. Este mecanismo se utiliza para exigir el pago de obligaciones fiscales ya establecidas mediante decisiones firmes. De acuerdo con las normas vigentes, estas obligaciones pueden ser cobradas por la administración pública.
La Unidad Especial Anticorrupción ha proferido 43 fallos con responsabilidad fiscal por $2,1 billones acumulados. Entre sus decisiones aparecen los casos de Bioenergy, Cafesalud y Saludcoop que comprometieron recursos públicos. También se incluyen los casos de Aerocafé y el proyecto de Centros Poblados del Fondo Único.
La misma unidad tramita actualmente 290 actuaciones por más de $15 billones en recursos comprometidos. Además, ha realizado 50 imputaciones por aproximadamente $1,4 billones durante el periodo de gestión. Entre 2022 y 2026 recibió y abrió 1.089 actuaciones que representan recursos cercanos a $16 billones.
Para el organismo, la decisión representa una medida definitiva orientada a proteger los recursos públicos. Específicamente, busca salvaguardar los dineros destinados a la salud en Colombia mediante acciones contundentes. La Contraloría señaló que continuará adelantando investigaciones para prevenir y sancionar irregularidades en el manejo público.
