La Contraloría General de la República emitió una advertencia contundente. El organismo alertó sobre el deterioro crítico de las EPS intervenidas. La Superintendencia Nacional de Salud recibió el llamado urgente del ente de control.
Tras un seguimiento permanente, la Contraloría llegó a una conclusión preocupante. Las intervenciones no están cumpliendo su objetivo principal de estabilizar el sistema. Por el contrario, el órgano identificó riesgos importantes sobre los recursos públicos. Además, detectó amenazas graves sobre la continuidad de los servicios de salud.
El ente de control evidenció un deterioro significativo en la situación financiera. Las EPS intervenidas enfrentan problemas que comprometen su operación diaria. En consecuencia, clínicas, hospitales y otros prestadores están en riesgo inminente.
Nueva EPS presenta la situación más alarmante del sistema. Esta entidad es la más grande del país actualmente. Cuenta con más de 11 millones de afiliados en todo el territorio nacional. Sin embargo, no tiene estados financieros certificados para 2024 ni para 2025. Tampoco dispone de estados financieros dictaminados para estos períodos.
Esta ausencia de información financiera genera consecuencias graves para el control. La Contraloría no puede verificar su información contable de manera adecuada. Además, el organismo identificó un faltante de 4,9 billones de pesos. Este déficit corresponde al registro de reservas técnicas de la entidad. Asimismo, detectó 13,6 billones de pesos en anticipos pendientes de legalizar.
La situación de otras EPS también resulta crítica y preocupante. Savia Salud experimentó un incremento dramático en su nivel de endeudamiento. Esta entidad pasó de un indicador de 4,41 a 11,73. En otras palabras, el aumento representa un deterioro del 166 por ciento.
Famisanar también sufrió un colapso en su estabilidad financiera reciente. La EPS pasó de un estado aceptable de 1,00 a una condición crítica. Su nuevo indicador alcanzó 4,08 con corte a diciembre de 2025. Cabe recordar que los rangos del indicador de endeudamiento tienen parámetros claros. Un nivel bueno es menor a 0,70 en la escala establecida. Un nivel aceptable se ubica entre 0,70 y 1,0. Por su parte, un nivel crítico supera el 1,0.
El patrimonio de Famisanar refleja el deterioro progresivo de su situación. Al inicio de la intervención registraba un patrimonio negativo de 2,1 billones. A finales de 2025, esta cifra se profundizó hasta 3,3 billones negativos.
Coosalud EPS presenta un incremento alarmante en sus pasivos financieros. En octubre de 2024, sus obligaciones ascendían a 1,88 billones de pesos. Para 2025, esta cifra se disparó hasta 6,34 billones de pesos. Este aumento refleja un deterioro financiero progresivo y acelerado en la entidad. También muestra un incremento de las obligaciones frente a la red prestadora. Igualmente, las deudas con otros acreedores aumentaron de manera significativa.
La Contraloría señaló un patrón común en la mayoría de casos. Los pasivos aumentaron drásticamente desde que la Supersalud intervino estas EPS. En consecuencia, las medidas de intervención no lograron el efecto esperado.
“La rentabilidad operacional es negativa en las EPS analizadas, lo que limita su capacidad para sostener la prestación del servicio en condiciones de calidad y oportunidad”, comunicó la Contraloría. El organismo agregó que estas entidades presentan niveles críticos adicionales. La entrega oportuna de medicamentos registra deficiencias graves y sistemáticas.
El derecho fundamental a la salud se encuentra seriamente comprometido. Ninguna de las ocho EPS intervenidas cumplió al cien por ciento. Los fallos de tutela no se ejecutan de manera completa ni oportuna. El caso de Emssanar resulta particularmente grave y preocupante.
Esta entidad presenta apenas el 4,48 por ciento de cumplimiento efectivo. Las tutelas buscan proteger el derecho fundamental a la salud. Sin embargo, la EPS no responde adecuadamente a estas órdenes judiciales.
La insatisfacción de los colombianos alcanzó niveles históricos durante el año 2025. El sistema recibió un total de 2.061.661 peticiones, quejas y reclamos. Esta cifra representa un incremento del 27,4 por ciento frente a 2024. En este contexto preocupante, Nueva EPS concentra el mayor número de casos. La entidad acumuló 518.211 quejas durante el período analizado.
Salud Total ocupa el segundo lugar en el ranking de inconformidades. Esta EPS registró 276.010 casos durante el mismo período. Por su parte, Sanitas aparece en tercer lugar con 265.896 quejas recibidas.
Los principales motivos de queja reflejan problemas recurrentes en el sistema. La negación en la entrega de medicamentos encabeza la lista de reclamos. Además, la falta de oportunidad en la asignación de citas médicas genera malestar. Estos dos factores afectan directamente la atención de millones de usuarios.
“La persistencia de estos resultados confirma la ineficacia de las medidas de intervención. Existe una amenaza real sobre la continuidad del servicio y la sostenibilidad financiera de todo el sistema de salud”, indicó el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra.
Frente a esta situación crítica, el órgano de control tomó medidas inmediatas. La Contraloría instó a la Supersalud a fortalecer las medidas correctivas urgentemente. También solicitó justificar técnicamente las intervenciones realizadas hasta el momento. El objetivo es evitar que se siga extendiendo el daño patrimonial. Asimismo, busca prevenir el agravamiento del daño social al sistema.
El ente de control anunció acciones concretas para la próxima semana. La Contraloría convocará a la superintendencia a una mesa de trabajo. También citará a las EPS intervenidas para participar en este espacio. Durante la reunión, les dará a conocer directamente los aspectos críticos. La advertencia oficial incluye hallazgos detallados sobre cada entidad analizada.
Los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud están en riesgo. Estos fondos públicos financian la atención de millones de colombianos. No obstante, el deterioro financiero amenaza su correcta administración y uso.
La continuidad de los servicios médicos enfrenta una amenaza real e inmediata. Los prestadores de salud no reciben pagos oportunos por sus servicios. En consecuencia, muchos enfrentan dificultades para mantener su operación regular.
Las clínicas y hospitales dependen de los pagos de las EPS. Sin embargo, las deudas acumuladas comprometen su sostenibilidad financiera a corto plazo. Por lo tanto, la calidad de la atención podría verse afectada progresivamente.
El sistema de salud colombiano atraviesa una crisis estructural profunda. Las intervenciones de la Supersalud no han logrado revertir la tendencia negativa. Más bien, en varios casos, los indicadores empeoraron después de la intervención.
La falta de transparencia financiera agrava la situación de control y supervisión. Sin estados financieros certificados, resulta imposible evaluar la realidad de las entidades. Además, dificulta la toma de decisiones informadas por parte de las autoridades.
Los usuarios del sistema enfrentan consecuencias directas de esta crisis institucional. La negación de medicamentos afecta tratamientos médicos esenciales para miles de pacientes. Asimismo, las demoras en citas médicas pueden agravar condiciones de salud.
Las tutelas se han convertido en el único mecanismo efectivo para muchos usuarios. Sin embargo, incluso estas órdenes judiciales no se cumplen adecuadamente en muchos casos. Por consiguiente, el derecho fundamental a la salud queda sin protección real.
La mesa de trabajo convocada por la Contraloría será un espacio crucial. Las autoridades deberán presentar explicaciones sobre los resultados de las intervenciones. También tendrán que proponer soluciones concretas y medibles a corto plazo.
La sostenibilidad del sistema de salud está en juego actualmente. Los próximos meses serán determinantes para evitar un colapso mayor del sistema. Las medidas correctivas deben implementarse con urgencia y eficacia comprobable.
