El asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda sacudió la política de paz total. El crimen ocurrió en Briceño, Antioquia, una región históricamente golpeada por el conflicto. Sin embargo, lo más delicado del caso es quién aparece como responsable.
La responsabilidad apunta hacia el Frente 36 del Estado Mayor de Bloques y Frentes. Esta estructura hace parte de la disidencia comandada por Calarcá Córdoba. Además, el Gobierno mantiene una mesa de negociación activa con este grupo armado.
El caso suma otro escándalo a una lista que crece. Presuntas infiltraciones al Ejército y a la inteligencia han sido reportadas. También se han denunciado masacres y asesinatos de líderes sociales. Por lo tanto, la apuesta de negociar con estructuras armadas activas enfrenta presión creciente.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue claro en su mensaje. “Las mesas de diálogo no son ninguna boleta para delinquir”, aseguró. Posteriormente, anunció la orden de “afectar” a ese grupo armado. Mientras tanto, la defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado urgente.
Marín pidió a los grupos armados respetar la vida. También solicitó garantías para la libertad de prensa. Paralelamente, organizaciones sociales advirtieron sobre el deterioro de las garantías. Periodistas y líderes comunitarios enfrentan riesgos en zonas de disputa armada.
El hecho violento evidencia dos fenómenos interrelacionados en el país. Primero, las divisiones internas dentro de los grupos armados ilegales. Segundo, el Gobierno negocia con estructuras sin mando unificado real.
La misma disidencia de Calarcá surgió por una fragmentación anterior. Esta se separó del Estado Mayor Central en su momento. Consecuentemente, estas estructuras carecen de cohesión y capacidad de responder políticamente.
Laura Bonilla es subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. Ella asegura que las disidencias funcionan como una “falsa unidad”. Se trata de agrupaciones regionales con mandos poco consolidados. “No tienen mucho que los aglutine”, explica Bonilla.
La experta continúa su análisis con claridad. “Si tú no tienes algo que realmente aglutine al grupo, no vas a mantener ni mando, ni control, ni identidad”, señala. Esto plantea dudas sobre la viabilidad de las negociaciones.
Además, no parecen existir líneas rojas claras con los armados. Aunque no hay una conclusión judicial definitiva, las versiones conocidas generan preocupación. Estas abrieron la discusión sobre el control real de la comandancia.
El presidente Petro señaló públicamente a un responsable. Se trata de Jhon Edison Chala Torrejano, conocido como Víctor Chala. Este es jefe de finanzas del frente Darío Gutiérrez del EMBF. Petro pidió su captura inmediatamente.
Según versiones oficiales, el joven periodista fue retenido antes de morir. Mateo Pérez tenía apenas 25 años de edad. Su cuerpo apareció en zona rural de Briceño. Allí, esa estructura mantiene presencia armada y control territorial activo.
Para Bonilla, el crimen debe leerse en clave territorial específica. En Briceño, el frente 36 está instalando control sobre el territorio. Ese momento es el más violento para cualquier grupo armado. “Tú tienes que llegar, crear disciplina, decir quién entra y quién sale”, explica.
La experta continúa describiendo el proceso de control territorial. “Tienes que crear un ambiente tal que la gente ya obedezca. Esto se logra sin necesidad de que haya una amenaza creíble. Y eso solamente se logra con mucha bala”, señala Bonilla.
Luego agrega su conclusión sobre el caso. “Es exactamente lo que estamos viendo. Probablemente es lo que pasó con Mateo”, afirma.
La respuesta de la disidencia llegó el sábado siguiente. Un comunicado fue firmado por varias direcciones armadas del grupo. Allí, la organización hizo una afirmación contundente sobre el crimen.
“El asesinato del periodista jamás fue autorizado por esta Dirección Nacional”, aseguraron. También afirmaron que “ninguna razón militar o política justifica el atentado”. Especialmente contra personas dedicadas a informar, señalaron en el documento.
Sin embargo, el mismo documento dejó abierta una grieta preocupante. La estructura planteó una posibilidad que genera más dudas. “De ser veraz la participación del frente 36 en ese asesinato, los autores lo hicieron a título personal”, indicaron.
Además, agregaron que la acción se habría realizado sin autorización. También afirmaron que se ejecutó sin consultar a la dirección nacional.
Según Bonilla, esto responde a un problema estructural de fondo. El Gobierno intentó construir una mesa de negociación diferente. Pensó en estructuras armadas más organizadas y cohesionadas. Pero en la práctica, el EMBF opera de manera fragmentada.
Se trata de una suma de “grupitos regionales” dispersos. El frente 33 y el 36 son ejemplos de esto. Estos actúan con amplios márgenes de autonomía territorial. Esa fragmentación dificulta establecer responsabilidades políticas claras. También complica garantizar control sobre lo que ocurre en los territorios.
Ese punto resulta especialmente sensible en procesos de negociación armada. La interlocución política con grupos ilegales parte de una premisa básica. Debe existir una cadena de mando capaz de hacer cumplir órdenes.
También se requiere capacidad de contener violaciones y responder por las acciones. Sobre todo, debe poder cumplir lo pactado en las mesas. Cuando surge la idea de que combatientes actúan por cuenta propia, algo se erosiona. Se pierde uno de los fundamentos de confianza necesarios.
Max Yuri Gil dirige Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Él señala que el caso deja al descubierto un problema profundo. Se trata de las estructuras con las que el Gobierno mantiene negociaciones.
Para el académico, el asesinato pone atención sobre varios aspectos. Primero, la violencia recurrente en Antioquia. Segundo, la fragmentación interna de las disidencias. Tercero, la dificultad para establecer quién controla realmente a los hombres armados.
“Disidencias del Frente 36 que actúan en la zona del municipio de Briceño hacen parte del EMBF que dirige alias Calarcá”, indicó Gil. Recordó que este grupo está en diálogos con el gobierno. También mencionó que el frente Darío Ramírez actúa en Huila.
Pero puede ser que los responsables del asesinato de Mateo sean diferentes. “Pueden ser disidencia de las disidencia”, indicó en su cuenta de X.
Para Gil, el debate alrededor del crimen evidencia algo más. Existe un doble rasero político frente a la exigencia de garantías. “Lo que sí es muy tenaz es que haya quienes creen que cuestionar acciones del gobierno es incorrecto”, señaló.
El académico fue más allá en su reflexión crítica. “Creo que lo incorrecto es rebajar las exigencias de garantía de derechos. Esto ocurre porque es un ‘gobierno amigo'”, afirmó. También criticó tener un rasero diferente para exigir según quién gobierne.
Gil cuestionó directamente la continuidad de las negociaciones con estos grupos. “Creo que se equivoca el gobierno al mantener mesas de diálogo con grupos que persisten en la comisión de crímenes”, indicó. Se refiere a crímenes de guerra y de lesa humanidad específicamente.
El académico enfatizó que estos grupos atacan de manera sistemática a la población civil. “El asesinato del periodista Mateo Pérez por las disidencias debe tener consecuencias”, concluyó.
Bonilla coincide en que el crimen obliga a replantear las negociaciones. Sin embargo, advierte que desmontar todas las mesas no resolvería el problema. “No necesariamente es parar la mesa, pero sí recondicionarla”, explica.
Para la investigadora, el Estado enfrenta una limitación importante. No tiene actualmente la capacidad de enfrentar múltiples conflictos armados simultáneamente. Hacerlo derivaría en una mayor crisis humanitaria en el país.
Esa discusión ocurre en un momento particularmente delicado. La mesa con Calarcá ya estaba golpeada por otros hechos violentos. También había enfrentado varios escándalos anteriores. Aunque algunas actividades de ese proceso siguen, hay una realidad innegable.
Existe una especie de congelamiento de facto del proceso. Por ahora, ni la delegación del Gobierno se ha pronunciado. Esta es liderada por Gloria Quiceno en ese proceso de paz. Tampoco el Comisionado de Paz, Otty Patiño, ha hecho declaraciones al respecto.
La situación plantea preguntas fundamentales sobre la política de paz total. ¿Cómo negociar con estructuras que no controlan a sus combatientes? ¿Qué garantías pueden ofrecer grupos tan fragmentados? ¿Cuáles deben ser las consecuencias de crímenes durante las negociaciones?
El caso de Mateo Pérez pone en evidencia las complejidades del proceso. También muestra los riesgos que enfrentan periodistas en zonas de conflicto. Además, revela las limitaciones de negociar con grupos armados fragmentados.
La muerte del joven periodista no es un caso aislado. Se suma a una lista creciente de violaciones en territorios disputados. Líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas enfrentan amenazas constantes.
Briceño representa un microcosmos de las dinámicas del conflicto armado colombiano. Allí convergen presencia armada ilegal, disputa territorial y población civil vulnerable. La instalación de control por parte de grupos armados genera violencia sistemática.
El proceso de “crear disciplina” del que habla Bonilla tiene costos humanos. La población civil queda atrapada entre la necesidad de sobrevivir y el control armado. Periodistas como Mateo intentan documentar esa realidad y pagan con su vida.
La fragmentación de las disidencias responde a múltiples factores históricos. El Acuerdo de Paz con las FARC dejó vacíos de poder territorial. Algunos comandantes decidieron no desmovilizarse y mantener estructuras armadas. Con el tiempo, estas estructuras se dividieron aún más.
Las razones de las divisiones son variadas. Disputas por control territorial, diferencias sobre estrategia militar y conflictos por recursos económicos. También influyen diferencias ideológicas y ambiciones personales de los comandantes locales.
El resultado es un panorama complejo de grupos armados fragmentados. Mantienen nombres y referencias a estructuras más grandes. Sin embargo, operan con amplia autonomía en sus territorios específicos.
Esta realidad dificulta enormemente cualquier proceso de negociación política. Las delegaciones en las mesas no necesariamente representan a todos los combatientes. Los acuerdos alcanzados pueden no cumplirse en los territorios. Los comandantes locales pueden ignorar órdenes de las direcciones nacionales.
Para el Gobierno, esto plantea un dilema estratégico complejo. Negociar implica reconocer interlocutores y hacer concesiones políticas. Pero si esos interlocutores no controlan realmente a sus hombres, ¿qué se está negociando?
Por otro lado, la opción militar tampoco ofrece soluciones sencillas. El Estado no tiene capacidad de confrontar simultáneamente a todos los grupos. Una ofensiva militar generalizada generaría crisis humanitaria y desplazamientos masivos.
Además, la historia colombiana muestra que la solución militar no elimina las causas del conflicto. Los territorios abandonados por un grupo son ocupados por otro. La población civil sigue atrapada en dinámicas de violencia.
El caso de Mateo Pérez también pone en evidencia los riesgos del periodismo en Colombia. Documentar realidades en zonas de conflicto implica peligros constantes. Los grupos armados ven a los periodistas como amenazas potenciales.
La información que documentan puede exponer sus crímenes y estrategias. Por eso, muchos grupos intentan controlar la narrativa sobre sus territorios. Periodistas independientes que investigan y publican se convierten en objetivos.
Las garantías para el ejercicio del periodismo en estas zonas son prácticamente inexistentes. No hay protección efectiva del Estado en muchos territorios. Los mecanismos de protección existentes son insuficientes o llegan tarde.
La muerte de Mateo ocurre en un contexto de violencia creciente contra periodistas. Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Las cifras de amenazas, agresiones y asesinatos son alarmantes.
Organizaciones internacionales han expresado preocupación por la situación. Han pedido al Estado colombiano garantizar la seguridad de los periodistas. También han solicitado investigar y sancionar a los responsables de crímenes.
Sin embargo, la impunidad sigue siendo la norma en estos casos. Pocos crímenes contra periodistas se investigan adecuadamente. Menos aún llegan a condenas judiciales efectivas. Esto genera un ambiente de impunidad que alienta nuevas agresiones.
El comunicado de la disidencia intentó deslindarse del crimen. Pero su contenido revela más de lo que pretendía ocultar. Admitir que el frente 36 pudo actuar “a título personal” confirma la falta de control.
Si los combatientes pueden asesinar periodistas sin autorización, ¿qué otros crímenes cometen autónomamente? ¿Qué garantías puede ofrecer una comandancia que no controla a sus hombres?
Estas preguntas son fundamentales para la viabilidad del proceso de paz. La confianza se construye sobre la capacidad de cumplir compromisos. Si no hay control sobre los combatientes, no hay forma de garantizar acuerdos.
La situación en Briceño continuará siendo compleja en el corto plazo. El frente 36 busca consolidar su control territorial en la zona. Esto implica más violencia, más restricciones a la población y más riesgos.
Otras estructuras armadas también tienen presencia en la región. La competencia por territorio y recursos genera confrontaciones. La población civil queda en medio de estas disputas armadas.
El Gobierno enfrenta decisiones difíciles sobre cómo proceder. Mantener la mesa con Calarcá implica aceptar negociar con estructuras fragmentadas. Pero suspender el proceso puede generar escalada de violencia.
Recondicionarla, como sugiere Bonilla, implicaría establecer condiciones más estrictas. Exigir demostraciones reales de control sobre los combatientes. Establecer consecuencias claras por violaciones durante las negociaciones.
También requeriría mecanismos de verificación más efectivos en los territorios. No basta con acuerdos en las mesas si no se cumplen en el terreno. La presencia del Estado en zonas de conflicto debe
