La investigación más grande que enfrenta el presidente Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades en la financiación de su campaña de 2022 está llegando a su desenlace final.
El mandatario sería absuelto por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara bajo el argumento jurídico de “ausencia de dolo”.
Los investigadores consideran que el entonces candidato del Pacto Histórico desconocía el origen y destino de los recursos utilizados durante su campaña presidencial.
Los abogados de dos de los tres ponentes confirmaron que el documento de absolución está casi listo. Sin embargo, no ha sido radicado debido a que el grupo de parlamentarios que investiga a Petro enfrenta recusaciones.
El triunvirato investigador está conformado por el congresista Alirio Uribe del Pacto Histórico, la congresista Gloria Arizabaleta del Valle del Cauca y el congresista Wilmer Carrillo del Partido de la U.
Aún faltan por recoger dos declaraciones cruciales, incluyendo testimonios de directivas de Supergiros, empresa que fue utilizada para pagar a testigos electorales durante la campaña presidencial.
También están pendientes dos inspecciones judiciales. Una de ellas a la Fiscalía General para indagar sobre pruebas relacionadas con Ricardo Roa, ex gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol.
La otra inspección pendiente es al Consejo Nacional Electoral (CNE) para obtener las últimas evidencias recolectadas en la investigación administrativa contra el presidente Petro.
Los investigadores argumentarán que el entonces candidato no conocía el origen de los fondos que ingresaron a su campaña. Tampoco tenía por qué establecer la procedencia de un avión comercial que lo transportó, presuntamente financiado por Daily Cop.
Esta estrategia legal recuerda al caso del expresidente Ernesto Samper, quien fue absuelto en 1996 por el escándalo del proceso 8.000 bajo argumentos similares sobre desconocimiento de ingreso de dineros del cartel de Cali.
Fuentes de la Comisión revelaron que aunque hay evidencia clara de violación de topes electorales, no existen elementos contundentes que prueben que Petro conocía o tuvo intención de violar los límites establecidos.
Los investigadores contemplan compulsar copias a la Fiscalía sobre las actuaciones de Ricardo Roa, ya que el fuero en la Comisión aplica exclusivamente para el presidente.
El equipo investigador no descarta levantar la reserva del proceso en el segundo semestre de 2025, permitiendo que se conozcan testimonios clave como los de Fecode y la Central Unitaria de Trabajadores.
La defensa del presidente, liderada por el abogado Mauricio Pava, ha sostenido que Petro delegó las funciones financieras en su gerente de campaña para concentrarse en aspectos políticos.
Se espera que en octubre de 2025 la ponencia solicitando el cierre de la investigación sea radicada oficialmente, una vez se resuelvan las recusaciones pendientes contra los investigadores.
