En Bogotá se realizó el Encuentro Nacional por el Agua y la Energía Renovable 2025. El evento tuvo lugar el pasado 6 de noviembre. Un mensaje central atravesó todas las intervenciones. El agua debe dejar de ser tratada como un insumo más. Debe entenderse como la base estructural de la economía nacional.
El encuentro consolidó un documento clave en su desarrollo. Se presentó un policy brief en el marco de la campaña ambiental BIBO. Participaron ISAGEN y El Espectador en esta iniciativa. WWF y The Nature Conservancy (TNC) aportaron la dirección técnica. El PNUD en Colombia brindó su apoyo institucional.
El documento lleva por título “Agua y territorio: recomendaciones regionales para acelerar el cumplimiento del PND 2022–2026”. Se construyó a partir de diálogos con actores de Antioquia. También participaron representantes de Caldas y los Santanderes. El texto mostró con cifras y testimonios una realidad preocupante. Incluyó análisis técnicos sobre la gestión hídrica del país.
Colombia sigue administrando su riqueza hídrica de manera inadecuada. La gestión actual la trata como si fuera inagotable. También la considera fragmentada y reemplazable. De continuar así, el mandato del Plan Nacional de Desarrollo corre riesgos. El objetivo de “ordenar el territorio alrededor del agua” podría quedarse en discurso.
Durante el encuentro se recordaron cifras importantes sobre el país. Colombia concentra cerca del 5% del agua dulce renovable del planeta. El territorio cuenta con seis nevados en su geografía. Posee casi la mitad de los páramos de Suramérica. Tiene cinco vertientes hidrográficas de gran importancia.
Grandes ríos recorren el territorio nacional colombiano. El Magdalena es uno de los más importantes. También están el Cauca, el Amazonas y el Orinoco. El país cuenta con más de 1.000 ciénagas. Existen 1.277 lagunas distribuidas en todo el territorio.
Esa abundancia no se traduce en seguridad hídrica real. El policy brief señala datos alarmantes sobre las cuencas. Cerca del 40% de las grandes cuencas presenta vulnerabilidad. La degradación afecta a estos cuerpos de agua. La contaminación es un problema creciente en las fuentes hídricas. La sobreexplotación amenaza la disponibilidad futura del recurso.
Más del 88% de los desastres registrados son de origen hidrometeorológico. La pérdida de ecosistemas reguladores agrava la situación. Los páramos están bajo presión constante de diferentes actividades. Los bosques altoandinos enfrentan amenazas similares a los páramos. La presión urbana aumenta sobre las cuencas abastecedoras.
La minería ejerce presión sobre los recursos hídricos estratégicos. La agroindustria también impacta las fuentes de agua. Estas presiones han llevado a una situación crítica. El agua limpia y disponible es cada vez más escasa. Se ha convertido en un privilegio geográfico y social.
El informe advierte sobre brechas críticas en el acceso. En las zonas urbanas, el 56% de los municipios ofrece agua apta. Esta agua es apta para consumo humano según estándares. En las zonas rurales, apenas el 9,7% lo hace. Esta diferencia refleja una brecha crítica en saneamiento básico. También evidencia problemas de infraestructura y gobernanza territorial.
Andrés Felipe Zuluaga es director de Conservación de TNC Colombia. Identificó esa contradicción como el corazón del debate actual. Colombia tiene una riqueza hídrica “impresionante”, según sus palabras. Sin embargo, “esa riqueza no significa seguridad hídrica o calidad”. Insistió en cambiar la visión predominante sobre el agua.
Seguir viendo el agua solo para tres grandes usuarios es limitado. Estos usuarios son energía, consumo humano y agricultura. Esta es “una visión pequeña” según Zuluaga. Ignora la relación con los ecosistemas de agua dulce. También desconoce la biodiversidad única del país.
El PND 2022–2026 apuesta por ordenar el territorio alrededor del agua. Esta propuesta representa un cambio de paradigma importante. Eleva el agua a “determinante ambiental principal y eje estructurante”. Se aplica a toda la planificación territorial del país. No se trata de un insumo sectorial más.
El agua no debe estar sujeta a la lógica tradicional. No puede regirse solo por oferta y demanda. Sin embargo, el seguimiento mostró una implementación incompleta. El policy brief reportó avances parciales en las metas clave. Solo se había avanzado 46,72% en los compromisos de ordenamiento territorial.
Este porcentaje corresponde al enfoque de agua en los planes. El 58,5% de los municipios priorizados incorporaron determinantes ambientales. Estas determinantes se incluyeron en sus POT municipales. Aun así, no existe un indicador consolidado de efectividad. Tampoco hay articulación suficiente entre los diferentes instrumentos de planificación.
Los planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) requieren articulación. Los planes de Ordenamiento Territorial (POT) deben coordinarse mejor. Los planes locales necesitan mayor integración con los anteriores.
Ximena Barrera es directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales. Trabaja en WWF Colombia desde esta posición. Respaldó el tono del informe durante su intervención. Recordó que el proceso no podía quedarse en diagnósticos dispersos.
“La comunicación no fue un adorno, fue el mecanismo que permitió construir confianza, alianzas y fortalecer procesos de cooperación”, afirmó Barrera al presentar el documento. Lo describió como una plataforma conjunta de recomendaciones. Estas surgieron desde las cuencas de los Santanderes. También desde Antioquia y Caldas participaron activamente.
El mensaje fue claro para todos los asistentes. Si el país quiere honrar el mandato del PND, debe cambiar. Debe pasar de ver el agua como “recurso” simplemente. Necesita asumirla como la columna vertebral del desarrollo. Esta columna condiciona dónde se produce energía en el país. También determina cómo se expanden las ciudades colombianas. Define dónde se hace minería de manera responsable. Establece para quién se garantiza la alimentación nacional.
El policy brief se construyó a partir de encuentros regionales. Autoridades locales participaron en estos espacios de diálogo. Las comunidades pusieron sobre la mesa conflictos muy concretos. Empresas del sector privado también se involucraron activamente. Organizaciones sociales aportaron su experiencia y conocimiento territorial.
En los Santanderes se advirtió sobre presiones específicas. La minería está presionando reservas hídricas claves de la región. El crecimiento urbano también amenaza estas fuentes de agua. Los POMCA existentes no se articulan de manera efectiva. No hay coordinación real con los POT municipales.
Los actores locales coincidieron en la urgencia de actuar. Señalaron la necesidad de fortalecer la articulación público-privada. La conservación de cuencas abastecedoras es estratégica. Representa una estrategia de seguridad hídrica de largo plazo.
En Antioquia y Caldas, las discusiones revelaron un patrón común. Hay expansión urbana sobre zonas de recarga de acuíferos. Existe presión sobre ecosistemas estratégicos de la región. Hay falta de coordinación entre instituciones del Estado. Se necesita frenar proyectos que ponen en riesgo reservas importantes.
Las reservas como Río Blanco y Toldafría están amenazadas. También urge crear redes multiactor de monitoreo hídrico. Estas redes deben involucrar a diversos sectores de la sociedad.
El documento destaca experiencias comunitarias exitosas en el territorio. La de Adamiuain, en Norte de Santander, es ejemplar. La gestión local del agua ha logrado proteger nacimientos. Ha asegurado abastecimiento mediante modelos participativos y autosostenibles.
Gustavo Ibáñez es representante de la junta directiva del acueducto. También es veeduría del Acueducto de Adamiuain de Ocaña. Aseguró que “hoy contamos con 650 hectáreas de propiedad de la asociación, donde están seis nacederos de la cuenca de la quebrada La Brava, que surte al acueducto independiente que protegemos. La cooperativa compró 150 hectáreas y la Alcaldía de Ocaña compró una finca que entregaron en comodato, y nos unimos con el páramo de Jurisdicciones, que hace parte del páramo de Santurbán para la conservación en ese corredor ecológico que se ha formado”.
Este y otros ejemplos en Antioquia fueron presentados. También se mostraron casos exitosos en Caldas. Se presentaron como prueba de que la gobernanza funciona. Funciona cuando se reconoce a las comunidades como actor clave. No deben ser tratadas como actor accesorio del proceso.
El documento propone seis rutas de política pública específicas. Están respaldadas por las voces en el territorio colombiano. Buscan que el agua se convierta efectivamente en eje estructural. Este eje debe guiar el modelo de desarrollo del país.
La primera ruta es acelerar la implementación territorial del PND. Requiere actualizar y articular POMCA, POT y planes de desarrollo. Debe hacerse con enfoque ecosistémico en todos los instrumentos. Los gobiernos locales necesitan capacidades técnicas fortalecidas. También requieren recursos suficientes para implementar las políticas.
Solo así, advierte el informe, el agua podría actuar efectivamente. Debe actuar “como eje estructurante del territorio, y no como un recurso subordinado al crecimiento económico o urbano”.
La segunda ruta busca fortalecer la articulación interinstitucional necesaria. La fragmentación entre CAR, gobernaciones y alcaldías es evidente. Las entidades nacionales tampoco se coordinan adecuadamente entre sí. Esta situación impide decisiones coherentes sobre el recurso hídrico.
Se propone consolidar esquemas de gobernanza compartida a escala. La escala de cuenca es la más adecuada. Debe incluir criterios técnicos comunes para todas las instituciones. La participación de comunidades debe ser real y vinculante.
La tercera ruta es blindar ecosistemas estratégicos del país. El documento insiste en que páramos, humedales y bosques son fundamentales. Los bosques altoandinos son la base de la seguridad hídrica. Sin embargo, siguen bajo presión de múltiples actividades económicas.
Se propone fortalecer delimitaciones de estas áreas protegidas. El financiamiento debe ser sostenible en el tiempo. El monitoreo debe ser constante y efectivo. Debe contar con legitimidad social en los territorios. La voz comunitaria debe ser vinculante en las decisiones.
Esto evitará que la transición energética traslade nuevas cargas. También impedirá que la expansión urbana afecte las cuencas.
La cuarta ruta apunta a universalizar el saneamiento básico. Más allá de obras de infraestructura física, el saneamiento es gobernanza. Se recomienda priorizar inversiones en zonas más vulnerables. Hay que fortalecer capacidades locales de gestión del recurso.
Debe asegurarse la coordinación interinstitucional entre gobernaciones y alcaldías. Las CAR y comunidades deben participar activamente. El objetivo es garantizar acceso equitativo al saneamiento. También proteger la resiliencia hídrica del país a largo plazo.
La quinta ruta propone escalar modelos comunitarios exitosos. Las experiencias locales han demostrado su efectividad en el territorio. Desde acueductos comunitarios hasta iniciativas de restauración funcionan. Demuestran que la gestión social del agua es viable.
El informe propone respaldo técnico para estas iniciativas. También necesitan respaldo normativo que las fortalezca legalmente. El financiero debe ser sostenible para replicarlas en otros territorios. Deben incorporarse saberes tradicionales de las comunidades. La participación real en la toma de decisiones es fundamental.
La sexta ruta impulsa una transición energética justa y diversificada. No desconoce el papel histórico de la hidroelectricidad en Colombia. El documento llama a diversificar la matriz energética nacional. Las energías renovables locales deben tener mayor protagonismo. La planificación energética debe integrarse con la gestión del agua.
Una transición energética justa debe garantizar la distribución equitativa. Los beneficios deben llegar a las comunidades afectadas. Debe integrar la planificación energética y la gestión del agua. Hay que fortalecer las capacidades locales para operar tecnologías. También para mantener nuevas tecnologías en los territorios.
El Encuentro Nacional por el Agua 2025 marcó un giro importante. El policy brief “Agua y territorio: recomendaciones regionales para acelerar el cumplimiento del PND 2022–2026” desmontó narrativas cómodas. Según estas narrativas, Colombia puede darse el lujo de administrar mal. Esta idea se basa en que el país es rico en agua.
Desde el escenario, Ximena Barrera sintetizó el espíritu del documento. Planteó que los Encuentros no fueron solo un foro académico. Fueron una “agenda de acción” construida con evidencia científica. Se construyó con conversaciones honestas entre diversos actores. Contó con participación activa de las regiones del país.
Es una agenda en la que el país realizó un diálogo importante. Este diálogo estuvo “basado en la ciencia y actuando como comunidad”. Demostró que “juntos es posible” enfrentar los desafíos hídricos.
Andrés Felipe Zuluaga reforzó la tesis central del documento. Entender la magnitud de la red hídrica colombiana obliga a cambiar. Obliga a un cambio de mirada sobre el recurso. El agua, dijo, no puede seguir reducida a lógicas simplistas. No puede limitarse a la visión de insumo productivo.
