Colombia cerró el 2024 con un panorama desolador en términos de violencia y violaciones de derechos humanos. A pesar de los esfuerzos del gobierno por promover la “paz total”, la realidad en el terreno muestra un fortalecimiento de los grupos armados y una persistente impunidad. Amnistía Internacional y otros organismos internacionales han señalado que la situación es crítica, y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha confirmado la existencia de al menos ocho conflictos armados no internacionales en el país.
En varias regiones, los enfrentamientos entre grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor Central (EMC) —disidencia de las FARC— y la Segunda Marquetalia han intensificado el control territorial. Esto ha impuesto severas restricciones a la movilidad de las comunidades, afectando gravemente su vida diaria. Aunque el gobierno ha intentado implementar ceses al fuego bilaterales, estos han sido parciales e irregulares. En muchos casos, las treguas han coexistido con enfrentamientos armados y acciones violentas contra la población civil, como confinamientos, desplazamientos masivos y reclutamiento forzado de menores.
La Defensoría del Pueblo reportó 282 casos de reclutamiento infantil en 2024, mientras que la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) documentó el desplazamiento de al menos 49,000 personas y el confinamiento de más de 195,000. Los departamentos más afectados han sido Cauca, Nariño, Chocó, Arauca y Norte de Santander. Las comunidades indígenas y afrodescendientes han enfrentado riesgos desproporcionados, al igual que los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) registró el asesinato de 31 excombatientes en proceso de reincorporación, elevando a 417 la cifra total desde la firma del Acuerdo.
La libertad de prensa también ha sufrido retrocesos significativos. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reportó 524 agresiones contra periodistas, incluyendo amenazas, hostigamientos, restricciones al acceso a información pública y dos asesinatos. Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la falta de garantías para el ejercicio del periodismo en zonas de conflicto y por la actitud del gobierno frente a la prensa crítica. En octubre, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al presidente Petro a moderar su lenguaje tras una serie de señalamientos a periodistas desde su cuenta oficial de X. En respuesta, organizaciones de medios exigieron respeto por la prensa independiente y alertaron sobre el riesgo de incitar agresiones en línea o físicas.
En septiembre de 2024, una controversia estalló tras conocerse que el software espía Pegasus habría sido adquirido por agencias del Estado. Aunque el presidente Petro confirmó su compra, autoridades como la Fiscalía, la Policía y la Dirección Nacional de Inteligencia negaron haberlo utilizado. Según revelaciones periodísticas, el software fue adquirido en el marco de una cooperación con EE. UU. para operaciones antidrogas, pero no hay claridad sobre sus usos ni controles judiciales.
En paralelo, el 9 de septiembre de ese año, la Cancillería anunció la creación del Fondo “No es hora de callar”, orientado a proteger y apoyar a mujeres periodistas víctimas de violencia basada en género. Esta política hace parte de las medidas de reparación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le ordenó al Estado, al hallarlo responsable en el caso de la periodista Jineth Bedoya. No obstante, ante la falta de celeridad para investigar el caso de secuestro, tortura y violación del que fue víctima Bedoya en el 2000, la periodista renunció el 28 de abril a la investigación de la Fiscalía alegando que su caso ha quedado en “total impunidad”.
Las desapariciones forzadas continúan siendo una de las violaciones más invisibilizadas en el marco del conflicto. Según el CICR, entre diciembre de 2016 y julio de 2024 se reportaron 1,730 nuevos casos, lo que demuestra que esta práctica no ha cesado. En respuesta a esta crisis humanitaria, se aprobó la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas que reconoce a las mujeres buscadoras como sujetas de especial protección. Además, se implementó el Sistema Nacional de Búsqueda, con participación de organizaciones de víctimas y autoridades forenses. Sin embargo, su efectividad es aún limitada debido a la falta de recursos y la persistente inseguridad en los territorios.
La violencia contra personas defensoras de derechos humanos fue sistemática durante 2024. El programa Somos Defensores reportó 355 agresiones en el primer semestre y 205 más entre julio y septiembre, lo que representa un incremento preocupante. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos verificó 80 asesinatos de líderes sociales y defensores durante el año. La mayoría de estas agresiones ocurrieron en zonas de alta presencia armada, como el norte del Cauca, Arauca, el Magdalena Medio y el Catatumbo. En muchos casos, las víctimas habían denunciado amenazas sin recibir medidas de protección adecuadas. Además, el informe señaló que persiste la estigmatización por parte de actores estatales y no estatales, lo que alimenta un entorno hostil contra la labor de defensa de derechos.
En un fallo histórico, la Corte IDH condenó al Estado colombiano en marzo de 2024 por una campaña de persecución e inteligencia ilegal contra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), entre 1990 y 2005. El tribunal concluyó que el Estado vulneró los derechos de sus integrantes y sentó un precedente sobre la responsabilidad internacional por acciones sistemáticas de inteligencia ilegal.
La esperada reforma integral a la Policía Nacional continúa sin concretarse. A pesar de las promesas del gobierno y los compromisos adquiridos tras el estallido social de 2021, los avances normativos han sido limitados. Según la ONG Temblores, en 2024 se registraron 78 casos de violencia policial, incluyendo 19 ocurridos durante protestas. La Mesa por la Reforma Policial —conformada por organizaciones sociales— advirtió que el enfoque de seguridad del gobierno sigue priorizando el orden público sobre los derechos humanos. A la vez, persiste la impunidad en los casos de violencia estatal durante el Paro Nacional, con escasos avances judiciales y disciplinarios.
En 2024, la violencia basada en género no dio tregua. El Observatorio de Feminicidios de Colombia documentó 815 feminicidios, mientras organizaciones como Sisma Mujer denunciaron un incremento en las amenazas y ataques sexuales por parte de grupos armados. En Chocó, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) difundió panfletos con amenazas específicas contra mujeres defensoras.
La población LGBTI también sufrió graves violaciones. Caribe Afirmativo reportó 44 asesinatos de personas de la comunidad, incluyendo 21 mujeres trans. La mayoría de los casos permanecen en la impunidad. A su vez, la Corte Constitucional emitió un fallo histórico que prohíbe exigir a personas migrantes venezolanas trans que renuncien a su proceso de regularización para acceder al estatus de refugiado, reconociendo su derecho a la identidad de género.
En la justicia transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió su primer juicio adversarial contra militares implicados en más de 70 ejecuciones extrajudiciales en Casanare, entre 2005 y 2008. El proceso marca un precedente al incorporar el estándar de “máximos responsables” y buscar el reconocimiento de la verdad y la reparación de las víctimas. Sin embargo, la JEP enfrenta problemas presupuestarios y limitaciones operativas. A pesar de sus esfuerzos, el cumplimiento del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz sigue rezagado, según lo advirtió la Comisión Étnica para la Paz. En contraste, se celebraron avances como la construcción del Plan Integral de Reparación Colectiva para la Guardia Indígena del Cauca y el pueblo Kankuamo.
Las cifras de Amnistía Internacional revelan no solo la persistencia de actores armados y economías ilegales, sino también la debilidad del Estado para garantizar justicia, proteger a las poblaciones más vulnerables y cumplir con sus obligaciones internacionales. Los organismos internacionales hacen un llamado a una política de derechos humanos integral, coherente y efectiva se vuelve urgente para evitar que el país prolongue una tragedia que, lejos de acabarse, se adapta y se perpetúa.
