Los archivos digitales extraídos de los computadores de alias Calarcá revelan una realidad alarmante. Este jefe de las disidencias de las FARC ordenó asesinatos sistemáticos. Además, dirigió el reclutamiento de menores de edad. También coordinó la expansión de estructuras armadas ilegales. Todo esto ocurrió durante el proceso de Paz Total del Gobierno colombiano.
Los mensajes incautados muestran conversaciones directas y explícitas. En ellas se documentan órdenes de homicidio contra excombatientes. También aparecen reportes detallados sobre el ingreso de niños a las filas guerrilleras. Asimismo, se registran negociaciones para adquirir armamento pesado. Estos hechos ocurrieron mientras el Estado reducía la presión militar.
La información fue revelada por Noticias Caracol tras analizar los dispositivos incautados. Los documentos digitales confirman que el grupo aprovechó el cese al fuego. Durante este período, incrementaron sus operaciones delictivas de manera significativa. Paralelamente, fortalecieron su capacidad militar en múltiples regiones del país.
El 6 de enero de 2024 se registró un caso emblemático. Ese día, alias Calarcá ordenó asesinar a Juan Gabriel Hurtado Bentancourt. La víctima era un excombatiente acogido al acuerdo de paz de 2016. El crimen ocurrió en La Macarena, Meta, en pleno cese al fuego.
Los chats recuperados documentan el diálogo que precedió al asesinato. Alias Chala informó sobre la presencia de Hurtado en la zona. Mencionó que la víctima había sido sicario de alguien encarcelado. También señaló que Hurtado seguía mencionando el nombre de Calarcá.
La respuesta del jefe disidente fue inmediata y contundente. Calarcá preguntó si Hurtado tenía familia en el área. Luego indagó sobre la presencia de mujer e hijos en la casa. Finalmente, dio la orden directa: “Maten a ese tipo”.
Las instrucciones específicas continuaron en el intercambio de mensajes. Calarcá ordenó dejar el cuerpo en un lugar visible. Indicó que debía ser abandonado para que alguien lo recogiera. Los dispositivos también contenían fotografías de Hurtado con vida. Igualmente, aparecían imágenes posteriores al homicidio.
La Asociación de Firmantes del Acuerdo de Paz emitió un comunicado tras este crimen. La organización denunció que los excombatientes son asesinados sistemáticamente. Además, señaló que nadie responde por este genocidio. También acusó al Gobierno nacional de ignorar la situación.
Esta asociación ha documentado cifras alarmantes desde la firma del acuerdo. Registran 482 asesinatos de firmantes de paz hasta la fecha. También contabilizan un secuestro y 54 desapariciones forzadas. Estos datos evidencian un patrón sistemático de violencia.
Kayle Johnson dirige las investigaciones de la fundación CORE. Este experto señaló que asesinar civiles durante negociaciones viola el derecho internacional. Específicamente, constituye una violación del Derecho Internacional Humanitario. Además, atenta directamente contra los derechos humanos fundamentales.
Johnson agregó que la disidencia de Calarcá ha deteriorado gravemente el proceso. Su actuación afecta la implementación del acuerdo firmado en 2016. Esto representa un retroceso significativo para la paz en Colombia.
Los archivos analizados contienen imágenes de múltiples víctimas adicionales. Algunas fotografías muestran personas atadas y golpeadas. Otras evidencian la ejecución posterior de estos cautivos. Este material visual complementa las conversaciones incautadas.
Alias Calarcá obtuvo beneficios jurídicos tras ser reconocido como negociador. Las autoridades levantaron las órdenes de captura en su contra. Sin embargo, aprovechó estas garantías para mantener su actividad criminal. Semanas después, una caravana vinculada a su grupo fue detenida.
En ese operativo, las autoridades encontraron armas y dinero. También hallaron un menor de edad entre los ocupantes del convoy. Algunos integrantes no tenían suspendidas sus órdenes de captura. A pesar de esto, viajaban escoltados por la Unidad Nacional de Protección.
Iris Marín es la Defensora del Pueblo de Colombia. Ella manifestó su preocupación por el uso de las garantías otorgadas. Señaló que la suspensión de órdenes de captura no se utiliza únicamente para negociar. Por el contrario, se aprovecha para realizar actividades ilegales.
Marín cuestionó cómo el Gobierno evaluó la situación de esta caravana. Preguntó por qué personas sin garantías viajaban escoltadas oficialmente. También indagó sobre la presencia de armas, dinero y un menor. Estas interrogantes evidencian posibles fallas en el control del proceso.
Los chats también exponen el reclutamiento forzado de personas menores de edad. El 8 de marzo de 2024, alias “El Mueco” reportó nuevos ingresos. Entre ellos figuraba una niña de apenas 14 años. También mencionó el reclutamiento de un adulto de 28 años.
El mensaje detallaba información completa sobre la menor reclutada. Incluía su nombre completo: Yurelli Yusmary Calvo Vega. También especificaba su procedencia: vereda La Belleza, jurisdicción de La Uribe, Meta. Además, proporcionaba los nombres de sus padres y hermanos.
El reporte indicaba que la niña cursó hasta octavo grado. No presentaba enfermedades ni tenía hijos. Tampoco tenía familiares en el Ejército o la guerrilla. El mensaje concluía señalando que ingresaba como guerrillera.
El segundo reclutado era Joiner Villa, identificado con documento 1.117.535.798. Vivía en la Cristalina de Lozada antes de unirse al grupo. El reporte lo describía como “buen tomador de trago”. Tenía un hijo de 11 años que vivía en San Juan.
La respuesta de Calarcá fue breve pero contundente. Simplemente escribió: “Listo, muy bien, enviémelos a donde tailor”. Esta instrucción confirma su conocimiento y aprobación del reclutamiento. También evidencia la estructura de mando dentro de la organización.
La Defensoría del Pueblo precisó que existía un compromiso formal. Desde 2023, la disidencia prometió no reclutar menores de edad. Sin embargo, no se implementó ningún monitoreo efectivo de este compromiso. Esto permitió que las violaciones continuaran sin consecuencias.
Iris Marín confirmó que tienen evidencia concreta de reclutamientos continuos. La Defensoría ha constatado casos específicos y graves. Estos hechos comprometerían directamente la responsabilidad de las disidencias. Particularmente, afectan a la línea de mando de Calarcá.
Los mensajes intervenidos también documentan la expansión armada del grupo. Aparecen conversaciones entre Calarcá y Richard Catatumbo sobre compra de armas. Las negociaciones incluían 14 rifles Dragunov de alta precisión. También contemplaban 50 granadas para fusil y 3 fusiles Tavor.
El Estado Mayor Central amplió significativamente su presencia territorial. En 2022 operaban en 66 municipios con aproximadamente 1.400 combatientes. Para 2025, su presencia creció a 110 municipios. Además, aumentaron su pie de fuerza a 2.800 hombres armados.
Kayle Johnson explicó las razones detrás de este crecimiento. El proceso de negociación facilitó la expansión del grupo armado. Los ceses bilaterales redujeron la presión militar sobre estas estructuras. Paralelamente, el auge de economías ilícitas proporcionó recursos adicionales.
Mientras estos hechos se acumulaban, el presidente Gustavo Petro defendía públicamente su política. Argumentaba que el éxito del proceso dependía de la colaboración de Calarcá. Específicamente, mencionaba la transformación de zonas de coca en selva original. También enfatizaba el no reclutamiento de niños.
Petro insistía en que debía respetarse la libertad de las comunidades. Estas declaraciones contrastaban con la realidad documentada en los chats. La diferencia entre el discurso oficial y los hechos era evidente.
María Victoria Llorente dirige la Fundación Ideas para la Paz. Esta experta advirtió sobre las responsabilidades de los negociadores. Un representante de un grupo armado ilegal tiene compromisos específicos. Debe aportar constructivamente en la mesa de negociación.
Llorente señaló que hacer lo contrario constituye un incumplimiento grave. Esto afecta al proceso, al gobierno y al país entero. Las acciones documentadas en los chats representan exactamente esta traición.
El análisis de los archivos digitales deja constancia de múltiples delitos graves. Se documentan asesinatos de excombatientes acogidos al acuerdo de paz. También se evidencia el reclutamiento sistemático de menores de edad. Además, se registra la expansión armada durante el cese al fuego.
Estos hechos ocurrieron en paralelo a las negociaciones de Paz Total. Los datos fueron confirmados tras el análisis exhaustivo de los dispositivos. Noticias Caracol reveló esta información tras procesar los archivos incautados.
Las conversaciones muestran una estructura criminal organizada y operativa. Los mensajes revelan cadenas de mando claras y funcionales. También evidencian la toma de decisiones sobre vida y muerte. Además, documentan la planificación estratégica del grupo armado.
Los chats incluyen reportes operativos regulares entre comandantes. Aparecen solicitudes de aprobación para acciones específicas. También se registran órdenes directas desde la cúpula de la organización. Este material constituye evidencia directa de crímenes graves.
Las fotografías halladas en los dispositivos complementan las conversaciones escritas. Algunas muestran víctimas antes de ser ejecutadas. Otras documentan el estado de los cuerpos tras los homicidios. Este material visual refuerza las acusaciones contra la disidencia.
La caravana detenida evidenció el aprovechamiento de las garantías otorgadas. Los integrantes portaban armas pese a estar en proceso de negociación. También transportaban dinero de origen no especificado. La presencia del menor agravaba la situación.
El hecho de que viajaran escoltados por la UNP genera interrogantes adicionales. Esta protección oficial debía garantizar la seguridad de los negociadores. Sin embargo, se utilizó para transportar elementos ilegales. Esto sugiere fallas en el control y supervisión del proceso.
Las cifras de la Asociación de Firmantes revelan un genocidio sistemático. Los 482 asesinatos documentados representan una tragedia humanitaria. El secuestro y las 54 desapariciones agravan el panorama. Estos datos contrastan con las promesas de paz del Gobierno.
El caso de Juan Gabriel Hurtado ilustra la vulnerabilidad de los excombatientes. A pesar de acogerse al acuerdo de paz, fue asesinado. Su muerte fue ordenada directamente por el jefe de la disidencia. Las garantías del Estado no fueron suficientes para protegerlo.
El reclutamiento de la niña de 14 años viola múltiples tratados internacionales. Colombia ha ratificado convenciones que prohíben el uso de niños soldado. El Estado tiene obligaciones específicas para prevenir estos crímenes. Sin embargo, los hechos documentados muestran incumplimientos graves.
La expansión territorial del grupo durante el cese al fuego es significativa. Pasar de 66 a 110 municipios representa un crecimiento del 67%. Duplicar el número de combatientes evidencia fortalecimiento militar. Estos datos contradicen los objetivos declarados del proceso de paz.
La adquisición de armamento sofisticado revela capacidad financiera y logística. Los rifles Dragunov son armas de francotirador de alto valor. Los fusiles Tavor representan tecnología militar avanzada. Las granadas para fusil indican preparación para combates intensos.
Las conversaciones entre Calarcá y Catatumbo muestran coordinación entre estructuras. Esto sugiere una red más amplia de apoyo y colaboración. También evidencia que no se trata de acciones aisladas. Por el contrario, responden a una estrategia organizada.
El auge de economías ilícitas mencionado por Johnson proporciona contexto económico. El narcotráfico financia la expansión de estos grupos. La minería ilegal aporta recursos adicionales. La extorsión y el secuestro complementan sus fuentes de ingreso.
La falta de monitoreo efectivo del compromiso de no reclutar menores es crítica. Sin verificación independiente, las promesas carecen de valor. Los mecanismos de control deben ser robustos y verificables. La evidencia muestra que estos mecanismos no existieron o fallaron.
Los casos específicos constatados por la Defensoría comprometen la credibilidad del proceso. Si el Estado conoce violaciones graves y no actúa, se vuelve cómplice. La responsabilidad de proteger a los menores es ineludible. El fracaso en este aspecto cuestiona toda la estrategia.
La diferencia entre el discurso presidencial y la realidad documentada es abismal. Mientras Petro hablaba de transformación y respeto, ocurrían crímenes graves. Esta brecha erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. También debilita la legitimidad de la política de paz.
Las advertencias de expertos como Llorente señalan problemas estructurales del proceso. Si los negociadores mantienen actividades criminales, no hay negociación real. Solo existe una fachada que permite operar con mayor libertad. Esto representa un fracaso de la estrategia gubernamental.
Los archivos incautados constituyen evidencia judicial de primer nivel. Pueden sustentar procesos penales contra los responsables. También sirven para evaluar la viabilidad del proceso de negociación. Además, informan a la ciudadanía sobre la realidad del conflicto.
La coordinación para “enviémelos a donde tailor” sugiere campos de entrenamiento. Estos espacios preparan a los nuevos reclutas para el combate. Su existencia implica infraestructura permanente y recursos dedicados. También evidencia planificación a mediano y largo plazo.
El detalle sobre el consumo de alcohol del recluta adulto muestra evaluación de perfiles. La organización analiza las características de quienes ingresan. Esto sugiere procesos de selección y asignación de roles. También indica una estructura con cierto grado de profesionalización.
La mención de que Hurtado “nunca lo he visto” no impidió la orden de asesinato. Esto revela que las decisiones se toman sin contacto directo previo. Basta con que alguien sea considerado una amenaza o molestia. La vida humana tiene poco valor en esta lógica criminal.
La pregunta sobre familia antes de ordenar el asesinato muestra cálculo táctico. Calarcá evaluaba posibles consecuencias o testigos del crimen. No reflejaba preocupación humanitaria por las víctimas colaterales. Simplemente buscaba minimizar complicaciones operativas.
La instrucción de dejar el cuerpo visible tiene propósitos intimidatorios.
