Las Manos que Alimentan a Colombia Buscan Justicia a través de Consulta Popular
Este lunes, más de mil campesinos representando a 800 organizaciones agrarias llegaron a Bogotá con un propósito histórico. Acudieron a la Registraduría para radicar una consulta popular que busca transformar sus condiciones de vida.
La iniciativa surge como respuesta a décadas de desigualdad en el campo colombiano. Los agricultores, responsables de alimentar al país, han enfrentado persistentemente el desplazamiento forzado, la violencia contra sus líderes y la falta de acceso a tierras productivas.
Las estadísticas revelan una realidad alarmante sobre la distribución de tierras en Colombia. Según investigaciones de Mongabay, una sola res puede disponer de más terreno que un millón de campesinos. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi señala que aproximadamente el 50% de los predios están concentrados en apenas el 1% de la población.
José William Orozco, vocero del movimiento, describe esta consulta como un momento decisivo para más de 10 millones de campesinos. “Hemos sido históricamente excluidos del acceso a derechos fundamentales”, explicó el líder de Pupsoc ante los medios.
El cuestionario propuesto consta de cinco preguntas estratégicas. Entre ellas, se plantea la transferencia directa de predios decomisados por la SAE a familias campesinas sin intermediación judicial. También proponen permitir que comunidades rurales habiten y protejan áreas ambientalmente sensibles.
Jenniffer Chavarro, quien luchó durante 15 años por recuperar tierras perdidas ante la hidroeléctrica El Quimbo, enfatiza la importancia de la soberanía alimentaria. “Casi un millón de hogares sufren inseguridad alimentaria; nosotros podemos garantizar esos alimentos”, afirmó.
La iniciativa cuenta con respaldo gubernamental. Marta Carvajalino, ministra de Agricultura, manifestó su apoyo durante las mesas de diálogo. Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, destacó la unidad del movimiento campesino como garantía para continuar la reforma agraria.
El proceso inicia ahora una carrera contra el tiempo. La Registraduría tiene 24 días hábiles para aprobar la consulta. Posteriormente, los organizadores deberán recolectar cinco millones de firmas en seis meses, recorriendo veredas y territorios, algunos aún afectados por el conflicto armado.
Luis Hernando Escobar, líder del Cesar, resume el espíritu de la iniciativa: “No somos solo productores; somos parte integral de los procesos sociales, ambientales y políticos del país”.
Desde 1991, solo ha existido una consulta popular similar: la anticorrupción de 2018, que no logró reunir las firmas necesarias. El éxito de esta nueva iniciativa dependerá de la capacidad organizativa del movimiento campesino y del respaldo ciudadano antes de finalizar 2025.
Las mismas manos que han sostenido azadones y carretillas durante generaciones ahora sostienen la esperanza de transformar el campo colombiano. Su lucha no es solo por tierras, sino por el futuro alimentario de toda una nación.
