Tras tres días de protestas y bloqueos, los campesinos de El Carmen de Bolívar lograron importantes acuerdos con el Gobierno Nacional para atender sus demandas históricas.
Los manifestantes, que mantuvieron cerrado el kilómetro 67 de la troncal de Occidente en el sector de Blacho Galleta, exigían la entrega de tierras, reparación integral y programas sociales para la comunidad.
La mesa de negociación contó con la participación de múltiples entidades gubernamentales. Entre ellas estuvieron la Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y la Unidad de Víctimas.
Un logro significativo fue el compromiso de la Agencia Nacional de Tierras de abrir una oficina permanente en El Carmen de Bolívar. Esta sede permitirá atender de manera inmediata las necesidades de campesinos y comunidades étnicas de la región.
La Unidad de Restitución de Tierras estableció acuerdos específicos sobre tres predios fundamentales para la comunidad. El primero es la parcelación “Las Piedras”, que beneficiará a 15 familias campesinas del municipio.
El segundo predio, denominado “El Compadrito”, permitirá restablecer los derechos territoriales de 13 grupos familiares. Mientras tanto, “San Martín” amparará a otras 9 familias mediante un fallo de restitución.
Las autoridades se comprometieron además a asumir el pago de obligaciones tributarias para beneficiarios sin titularidad. Esta medida busca aliviar la carga económica de familias que aún esperan la formalización de sus tierras.
Como parte de los acuerdos, se conformará una mesa de seguimiento para monitorear el proceso de titulación. Los representantes de los beneficiarios participarán activamente en estas reuniones de verificación.
El predio “San Martín” recibirá especial atención con trabajos de limpieza y adecuación. Estas labores son necesarias para la entrega efectiva a cinco familias beneficiarias del fallo de restitución.
Los bloqueos generaron importantes afectaciones en la movilidad regional. Al menos 30 buses de rutas intermunicipales dejaron de operar durante más de 72 horas, impactando la economía local.
La apertura de la oficina de la ANT, programada para septiembre, será la primera prueba del compromiso gubernamental. Las comunidades permanecerán vigilantes del cumplimiento integral de los acuerdos alcanzados.
Paula Andrea Recalde, representante de la Agencia Nacional de Tierras, enfatizó que la nueva sede facilitará todos los trámites. Los habitantes no tendrán que desplazarse a otras ciudades para gestionar sus solicitudes de tierra.
El Ministerio de Vivienda también asumió compromisos para materializar la reparación integral. La priorización de proyectos habitacionales complementará el proceso de restitución de derechos territoriales.
La resolución pacífica del conflicto demuestra la importancia del diálogo entre comunidades y autoridades. Los acuerdos alcanzados sientan bases para atender demandas históricas del campesinado en la región.
