Chile avanza discretamente en un ambicioso proyecto de infraestructura digital que genera preocupación en América Latina. El denominado “Chile-China Express” busca conectar las costas chilenas directamente con Hong Kong mediante un cable submarino.
Este proyecto se distingue por la falta de transparencia en su desarrollo y los potenciales riesgos asociados a la legislación china. Las implicaciones trascienden las fronteras chilenas, ya que cualquier país que se conecte a esta red podría quedar expuesto.
La iniciativa genera dudas sobre su necesidad real, considerando que Chile ya cuenta con el proyecto Humboldt. Este cable submarino, desarrollado por Google junto a la empresa estatal Desarrollo País, conectará Valparaíso con Sídney pasando por Tahití.
A diferencia del Humboldt, que fue anunciado públicamente con detalles específicos, el Chile-China Express aparece vagamente en registros industriales. La empresa Inchcape/ISS figura como responsable, pero existe poca información sobre financiamiento y términos contractuales.
La principal preocupación radica en el marco legal chino vigente desde 2017. La Ley de Ciberseguridad (CSL) exige que operadores de infraestructura crítica almacenen datos localmente y cooperen con autoridades chinas. Además, la Ley de Inteligencia Nacional obliga a empresas dentro y fuera del país a colaborar con actividades de inteligencia estatal.
Esta situación podría afectar a varios países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú o Ecuador. Sus datos podrían terminar circulando por esta infraestructura controlada por empresas chinas, quedando potencialmente expuestos a Pekín.
La falta de transparencia es un patrón recurrente en acuerdos con China. Un análisis de AidData sobre contratos de deuda en América Latina y África reveló cláusulas de confidencialidad inusuales y restricciones extraordinarias de divulgación.
El panorama se complica al considerar los antecedentes de China en la región. Informes de Safeguard Defenders han identificado más de 50 “estaciones de policía” chinas operando internacionalmente, algunas en América Latina. Estas oficinas, supuestamente centros de servicios, han sido denunciadas como mecanismos de vigilancia.
Las promesas económicas chinas en Chile también han quedado inconclusas. Inversiones anunciadas en 2021 por empresas como Sinovac, BYD y Tsingshan para proyectos farmacéuticos y de litio no se han materializado completamente.
El proyecto refleja los objetivos del Decimocuarto Plan Quinquenal de Informatización Nacional de China. Pekín busca dominar las telecomunicaciones mundiales, no solo como proveedor de equipos sino como operador de infraestructura crítica.
La construcción de este cable submarino representa más que un simple proyecto de conectividad. Es una manifestación de la competencia geopolítica por el control de la infraestructura digital regional, donde Estados Unidos y China buscan establecer su influencia.
Las normativas chinas generan particular inquietud. La CSL otorga al Estado amplios poderes para auditar y solicitar información, mientras que la Ley de Inteligencia Nacional establece obligaciones de cooperación sin distinción territorial.
