Brasil da un paso histórico en la protección digital de menores
El Senado brasileño aprobó ayer una innovadora ley que busca proteger a niños y adolescentes de los riesgos de las redes sociales. Esta normativa, conocida como “ley de adultización” o ECA digital, establece nuevos controles sobre las plataformas digitales.
La iniciativa surgió tras la viral denuncia del influencer Felipe Brassanim Pereira, quien expuso el preocupante fenómeno de la adultización en redes sociales. Posteriormente, las autoridades detuvieron a Hytalo Santos por crear un polémico programa tipo reality show con menores.
Bajo la nueva legislación, las cuentas de usuarios menores de 16 años deberán vincularse a las de sus padres o tutores. Además, las plataformas tendrán que implementar robustas herramientas de control parental en portugués.
Un aspecto fundamental es la verificación rigurosa de la edad real de los usuarios, superando el sistema actual de autodeclaración. Las empresas tecnológicas deberán filtrar algoritmos para evitar que los menores accedan a contenidos inapropiados como pornografía, violencia o material que promueva conductas autodestructivas.
La ley también prohíbe mostrar publicidad de apuestas, alcohol y tabaco a los menores. Simultáneamente, elimina mecanismos que fomentan el uso compulsivo como la reproducción automática de videos y las notificaciones constantes.
En el ámbito judicial, la jueza Juliana Petenate Salles de San Pablo ordenó que Meta no permita contenidos que impliquen trabajo infantil sin autorización previa. Las multas por incumplimiento ascenderían a 50,000 reales por cada menor afectado.
Paralelamente, el gobierno de Lula da Silva prepara dos proyectos adicionales para regular a las grandes tecnológicas. El primero aborda servicios digitales y el segundo la competencia en mercados digitales. Estas iniciativas han generado tensión con Estados Unidos.
Las nuevas propuestas obligarían a las plataformas a eliminar inmediatamente contenidos que promuevan delitos contra la soberanía nacional, terrorismo y violencia. También deberán implementar sistemas de identificación y remoción automática de material ilegal.
La Autoridad Nacional de Protección de Datos tendría amplios poderes de supervisión, pudiendo imponer multas de hasta 10% de la facturación. Las empresas tecnológicas deberán establecer sedes en Brasil con oficinas dedicadas a atención al consumidor.
Sin embargo, algunos sectores expresan preocupación sobre posible censura, especialmente de cara a las próximas elecciones presidenciales. Critican la falta de criterios claros para distinguir entre opiniones legítimas y ataques a la democracia.
Las grandes tecnológicas fueron convocadas recientemente a dialogar sobre estos proyectos. No obstante, según reportes de Poder360, la reunión fue criticada por su brevedad y falta de documentación detallada, generando dudas sobre la verdadera apertura al debate.
Esta serie de medidas posiciona a Brasil como pionero regional en la regulación de plataformas digitales para proteger a menores. El desafío será implementar efectivamente los controles sin afectar la libertad de expresión ni el desarrollo tecnológico.
