El Foro Penal venezolano verificó la liberación de apenas 39 presos políticos en el país. Esta cifra contrasta drásticamente con el compromiso gubernamental. Las autoridades habían prometido hasta 500 excarcelaciones desde el pasado 18 de mayo.
Alfredo Romero dirige la organización no gubernamental como presidente. Él compartió un mensaje contundente a través de la red social X. “Hasta hoy solo hemos verificado excarcelación de 39 presos políticos desde el 18 de mayo”, señaló. Agregó que primero se anunció la liberación de 300 personas. Luego el gobierno elevó la cifra a 500 individuos. “Al menos en lo que respecta a presos políticos, eso no ha ocurrido”, enfatizó Romero.
La organización mantiene un registro actualizado de la situación carcelaria. Actualmente contabiliza 429 presos políticos en territorio venezolano. Esta cifra refleja la dimensión del problema en el sistema penitenciario del país.
Jorge Rodríguez preside el Parlamento venezolano desde hace varios años. El martes pasado realizó un anuncio importante ante los medios. Informó sobre la liberación de 300 personas en una nueva tanda de excarcelaciones. Estas medidas se implementan paralelamente a la ley de amnistía aprobada en febrero.
Según datos oficiales, esa ley benefició a más de 8.500 personas. Sin embargo, las cifras del gobierno no coinciden con las verificaciones independientes. La discrepancia genera dudas sobre la transparencia del proceso de liberaciones.
Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela tras cambios políticos recientes. El viernes pasado ofreció declaraciones sobre las excarcelaciones prometidas. Aseguró que en las “próximas horas” se alcanzarían las 500 liberaciones anunciadas. No obstante, el Foro Penal no ha podido confirmar esas cifras.
Entre los 39 liberados verificados figuran casos emblemáticos de larga data. Tres ex funcionarios de la Policía Metropolitana de Caracas recuperaron su libertad. Estos individuos habían sido condenados a 30 años de prisión. Sus sentencias se relacionaban con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002.
También quedó en libertad una adolescente de apenas 16 años. Su caso había generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos. Merys Torres de Sequea también fue excarcelada después de meses de detención. Ella es madre del capitán Antonio Sequea, militar condenado a 24 años de prisión.
La condena de Sequea se vincula con un supuesto ataque frustrado. El régimen de Maduro señaló que el intento ocurrió en mayo de 2020. Las autoridades calificaron el hecho como un intento de desestabilización del gobierno.
Nervins Sarcos recuperó su libertad tras 16 meses de detención preventiva. Este opositor ejerció como alcalde del municipio Colón en el estado Zulia. Las autoridades lo acusaron de presuntos vínculos con el “tráfico de estupefacientes”. También lo señalaron por supuestas conexiones con “mafias” que “operan” en esa región fronteriza. La zona limita directamente con Colombia, área de constante tensión política.
Mientras tanto, el sistema penitenciario venezolano enfrenta una crisis profunda y recurrente. Un nuevo motín sacudió las instalaciones carcelarias durante el fin de semana. Este incidente se suma a una serie de escándalos recientes. Julio García Zerpa dirige el Ministerio del Servicio Penitenciario actualmente. Su gestión ha enfrentado múltiples cuestionamientos por la situación en las cárceles.
La protesta comenzó la tarde del domingo 24 de mayo. El Internado Judicial del estado Barinas (Injuba) fue el escenario del levantamiento. Este centro penitenciario se ubica en los llanos venezolanos. Aproximadamente 1.200 hombres participaron en la manifestación. Más de un centenar de mujeres privadas de libertad también se sumaron.
Los reclusos se declararon en huelga por motivos específicos y graves. Denuncian que son víctimas de requisas violentas dentro del recinto. También señalan golpizas sistemáticas por parte del personal de custodia. Además, reportan torturas que ocurren regularmente en las instalaciones. El Observatorio Venezolano de Prisiones documentó estos testimonios de manera detallada.
Según los relatos recabados por la organización, la manifestación inicialmente era pacífica. Los presos expresaban sus demandas sin recurrir a la violencia. Sin embargo, la situación cambió drásticamente con la llegada de las autoridades. “El personal de custodia acompañado por el nuevo director, Elvis Macuare Guerrero, supuestamente disparó”, informó el observatorio.
Los disparos se dirigieron directamente contra los privados de libertad. Como resultado, hay algunos heridos entre la población reclusa. La gravedad de las lesiones no ha sido completamente revelada por las autoridades.
Este incidente recuerda eventos trágicos ocurridos recientemente en otros centros penitenciarios. Hace poco más de un mes, un motín sacudió la cárcel de Yare III. Esta instalación se encuentra en el estado Miranda, cerca de la capital. El Ministerio de Servicio Penitenciario informó oficialmente sobre el levantamiento. El saldo fue de cinco muertos entre los reclusos.
El Observatorio Venezolano de Prisiones expresó su preocupación por la repetición de patrones. “Como organización, nos preocupa que puedan repetirse hechos como los ocurridos en Yare III”, advirtió. En ese caso, los funcionarios dispararon contra la población reclusa tras una protesta. La requisa motivó el levantamiento inicial de los presos. “Ocasionando una masacre que hasta hoy el Ministerio Público continúa investigando sin resultados concretos”, señaló el comunicado.
La falta de resultados en las investigaciones genera impunidad sistemática. El Ministerio Público no ha presentado conclusiones sobre los hechos de Yare III. Tampoco ha identificado públicamente a los responsables de los disparos. Esta situación alimenta la desconfianza de las organizaciones de derechos humanos.
El caso de Barinas motivó la apertura de una nueva investigación penal. Las autoridades prometieron esclarecer los hechos ocurridos durante el motín. Los reclusos continúan denunciando que sufren golpizas y torturas regularmente. Mientras tanto, el gobierno de Delcy Rodríguez ha prometido una reforma del sistema.
La reforma del sistema de justicia penal ha sido anunciada en múltiples ocasiones. Sin embargo, las organizaciones civiles no observan cambios sustanciales en la práctica. Las condiciones carcelarias siguen siendo precarias en la mayoría de los centros. El hacinamiento continúa siendo un problema grave y generalizado.
La crisis penitenciaria se entrelaza con la situación de los presos políticos. Ambos problemas reflejan deficiencias estructurales del sistema de justicia venezolano. Las organizaciones internacionales han expresado repetidamente su preocupación por la situación. La comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos en el país.
El Foro Penal mantiene su labor de monitoreo y verificación independiente. La organización continúa documentando cada caso de detención y liberación política. Su trabajo resulta fundamental para contrastar las cifras oficiales con la realidad. La discrepancia entre las 39 liberaciones verificadas y las 500 prometidas evidencia problemas. Esta brecha genera interrogantes sobre la veracidad de los anuncios gubernamentales.
Las familias de los presos políticos viven en constante incertidumbre. Muchos esperaban que sus seres queridos fueran incluidos en las liberaciones. Las expectativas generadas por los anuncios oficiales no se han materializado. La frustración crece entre quienes aguardan noticias sobre sus familiares detenidos.
La situación carcelaria venezolana requiere atención urgente de múltiples actores. Las organizaciones de derechos humanos continúan presionando por mejoras sustanciales. El gobierno enfrenta cuestionamientos internos y externos por su manejo del sistema. La comunidad internacional observa con preocupación la evolución de los acontecimientos.
