Bogotá cerró 2025 con cifras que muestran una realidad dual en su mercado laboral. Por un lado, los indicadores de empleo mejoraron notablemente. Por otro, persisten señales de alerta que exigen atención inmediata.
El Informe de Calidad de Vida de Bogotá 2025 reveló datos contrastantes sobre la situación laboral. La tasa de ocupación alcanzó 64,8 % al finalizar el año. Simultáneamente, el desempleo descendió hasta 8,2 %, marcando una tendencia positiva.
Sin embargo, la informalidad laboral escaló nuevamente hasta 35,4 % de los ocupados. Además, una persona tarda en promedio 22 semanas en conseguir trabajo. Esta espera equivale aproximadamente a cinco meses de búsqueda activa.
La ciudad registra más personas trabajando que en cualquier momento de los últimos cinco años. No obstante, esta recuperación no se traduce uniformemente en empleos de mayor calidad. Apenas uno de cada diez nuevos contratos corresponde a un puesto realmente nuevo.
Los demás contratos reemplazan a trabajadores que renunciaron, se incapacitaron o dejaron sus cargos. “El mercado laboral se expandió, pero no se sofisticó”, concluyeron los expertos consultados. Esta afirmación resume el comportamiento reciente del empleo en la capital.
La recuperación no se ha concentrado en los sectores más productivos de la economía. Por ello, Bogotá enfrenta el reto de impulsar actividades intensivas en conocimiento. También debe fortalecer la arquitectura urbana y la reindustrialización urbana.
Estas son áreas donde la ciudad identifica ventajas comparativas importantes. Sin embargo, aprovecharlas requiere políticas públicas específicas y sostenidas en el tiempo.
La informalidad aparece como uno de los principales puntos de atención para las autoridades. El 35,4 % de los ocupados se encuentra en esa condición vulnerable. Además, 51,5 % de los hogares tiene al menos una persona en un empleo informal.
En la medición de pobreza multidimensional, el trabajo representa el componente de mayor peso. Alcanza 32,8 %, superando a educación con 24,1 % y salud con 24,0 %. Esta ponderación refleja la centralidad del empleo en el bienestar familiar.
El desempleo de larga duración también sigue afectando a una parte significativa de los hogares. Según el informe, 14,6 % registra personas que llevan más de un año buscando empleo. Esta situación prolongada genera deterioro económico y emocional en las familias.
Frente a este panorama, uno de los expertos consultados planteó una necesidad urgente. “La fortaleza institucional de Bogotá debe llegar a trayectorias focalizadas de los hogares”, sostuvo. También señaló la importancia de “su conexión con el mercado laboral”.
El especialista enfatizó que no basta con atender únicamente la pobreza extrema. Se requieren estrategias diferenciadas para distintos grupos poblacionales y sus trayectorias laborales específicas.
La situación presenta diferencias marcadas entre grupos de población en la ciudad. Las personas migrantes venezolanas enfrentan condiciones particularmente difíciles en el mercado laboral. Los grupos étnicos también aparecen recurrentemente por encima del promedio en indicadores negativos.
Las personas con discapacidad, las mujeres y los jóvenes entre 14 y 28 años enfrentan barreras similares. Estos grupos registran cifras superiores al promedio en pobreza, informalidad y duración de búsqueda. También dependen más de redes personales para encontrar trabajo.
Entre los migrantes venezolanos, la informalidad llega a 66,4 % de los ocupados. Esta cifra duplica prácticamente el promedio general de la ciudad. Refleja las dificultades específicas de esta población para acceder a empleos formales.
Uno de los datos más relevantes del mercado laboral se relaciona con los canales de búsqueda. El 56,7 % de los bogotanos consigue empleo gracias a un familiar, amigo o conocido. Esta dependencia de redes personales resulta significativa y preocupante.
En contraste, apenas 11,8 % logra empleo por medio de canales oficiales. Entre estos figuran la Agencia Distrital de Empleo, el Sena o las cajas de compensación. La brecha entre ambos mecanismos evidencia una debilidad institucional importante.
La dependencia de las redes personales es todavía mayor entre algunas poblaciones vulnerables. Tres de cada cuatro migrantes venezolanos, equivalentes a 76,4 %, consiguieron empleo a través de contactos. Una proporción similar se registra entre la población indígena, con 74 %.
Los expertos resumieron esta situación con una observación contundente sobre los mecanismos de búsqueda. “El capital social es más rápido y funcional que los mecanismos institucionales, que son lentos”. Esta realidad plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas públicas de empleo.
El acceso al empleo también enfrenta barreras asociadas con las competencias laborales. El 8 % de los ciudadanos identifica la falta de certificación como obstáculo principal. Esta barrera afecta especialmente a quienes desarrollaron habilidades de manera empírica.
Al mismo tiempo, el informe recuerda que existe un mecanismo oficial de certificación. Este permite certificar competencias sin necesidad de contar con un título formal. Reconoce oficios y conocimientos adquiridos por trabajadores informales y distintas poblaciones.
Sin embargo, este mecanismo parece subutilizado o poco conocido entre la población objetivo. Su difusión y fortalecimiento podría contribuir a reducir las barreras de acceso al empleo.
La oferta empresarial muestra otra cara de la brecha laboral en la ciudad. Las compañías bogotanas proyectan contratar 222.000 personas en los siguientes doce meses. Esta cifra representa una demanda laboral importante y una oportunidad potencial.
No obstante, 14,5 % de las empresas reporta dificultades para cubrir sus vacantes. Entre las principales razones aparece la competencia por los mismos perfiles con 51,5 %. Las brechas técnicas representan 37,5 % de las dificultades reportadas.
La falta de habilidades blandas fue mencionada por 12,6 % de las empresas consultadas. Esta carencia incluye aspectos como comunicación, trabajo en equipo y adaptabilidad. Son competencias cada vez más valoradas en el mercado laboral actual.
El informe también advierte una desconexión entre formación y necesidades empresariales reales. A nivel nacional, solo 22 % de las vacantes exige título universitario. Sin embargo, uno de cada tres jóvenes está sobrecalificado para el empleo que desempeña.
Esta paradoja refleja un desajuste estructural en el sistema educativo y formativo. “La oferta educativa es cada vez más grande, pero no tiene pertinencia”, señalaron los expertos. Esta falta de alineación genera frustración en los jóvenes y pérdidas de productividad.
Los especialistas plantean fortalecer la certificación de competencias como alternativa viable. También sugieren desarrollar modelos de contratación basados en habilidades específicas más que en títulos. Este enfoque podría reducir simultáneamente el desempleo y las vacantes sin llenar.
La situación laboral de Bogotá revela tensiones entre crecimiento cuantitativo y calidad del empleo. Mientras más personas trabajan, muchas lo hacen en condiciones de informalidad. Mientras hay vacantes disponibles, persisten barreras de acceso y desajustes de competencias.
El tiempo promedio de búsqueda de empleo, de 22 semanas, representa un período prolongado. Durante este tiempo, las personas y sus familias enfrentan presiones económicas crecientes. También pueden experimentar deterioro de sus competencias y confianza.
La predominancia de las redes personales sobre los canales institucionales plantea interrogantes sobre equidad. Quienes carecen de contactos apropiados enfrentan desventajas sistemáticas en el acceso al empleo. Esta dinámica puede perpetuar desigualdades existentes entre grupos sociales.
La alta informalidad entre migrantes venezolanos y grupos étnicos sugiere barreras específicas. Estas pueden incluir discriminación, falta de reconocimiento de credenciales o desconocimiento de derechos. Abordarlas requiere políticas diferenciadas y sensibles a estas realidades particulares.
El peso del trabajo en la pobreza multidimensional subraya su centralidad para el bienestar. Un empleo de calidad no solo genera ingresos sino también acceso a seguridad social. Contribuye además a la dignidad personal y la integración social.
La desconexión entre oferta educativa y demanda laboral requiere atención urgente de múltiples actores. Las instituciones educativas deben dialogar más estrechamente con el sector productivo. Los programas de formación deben actualizarse según las necesidades cambiantes del mercado.
La sobrecalificación de jóvenes representa un desperdicio de talento y recursos formativos. También genera frustración y puede llevar a la emigración de personas capacitadas. Ajustar la oferta educativa a la demanda real beneficiaría a estudiantes y empresas.
El fortalecimiento de los canales institucionales de empleo aparece como una necesidad evidente. La Agencia Distrital de Empleo y otras entidades deben volverse más ágiles y efectivas. Solo así podrán competir con las redes personales en rapidez y funcionalidad.
La certificación de competencias adquiridas empíricamente representa una oportunidad desaprovechada actualmente. Ampliar y difundir estos mecanismos podría formalizar a muchos trabajadores informales. También validaría conocimientos valiosos que actualmente carecen de reconocimiento oficial.
Las proyecciones empresariales de contratar 222.000 personas contrastan con las dificultades de llenado. Esta paradoja sugiere que el problema no es solo cantidad sino calidad y ajuste. Requiere intervenciones tanto en formación como en intermediación laboral.
Las habilidades blandas emergen como un área crítica de desarrollo para los trabajadores. Estas competencias son difíciles de adquirir en educación formal tradicional. Requieren experiencias prácticas, retroalimentación y desarrollo continuo a lo largo de la vida laboral.
La situación diferenciada de mujeres y jóvenes señala la persistencia de brechas estructurales. Estas no se resolverán únicamente con crecimiento económico general. Demandan políticas específicas que aborden las barreras particulares que enfrentan estos grupos.
El desempleo de larga duración, que afecta a 14,6 % de hogares, requiere atención especializada. Estas personas enfrentan desventajas crecientes conforme se prolonga su búsqueda. Programas de reenganche laboral específicos podrían ayudar a revertir esta situación.
La expansión del mercado laboral sin sofisticación plantea interrogantes sobre el modelo de desarrollo. Una ciudad que aspira a ser competitiva globalmente necesita empleos de mayor valor agregado. Esto requiere inversión en sectores intensivos en conocimiento y tecnología.
Las ventajas comparativas identificadas en conocimiento, arquitectura urbana y reindustrialización requieren estrategias deliberadas. No se materializarán espontáneamente sin políticas públicas y privadas coordinadas. La ciudad debe decidir activamente qué sectores priorizar y cómo apoyarlos.
La trayectoria de los hogares en su conexión con el mercado laboral emerge como enfoque prometedor. Ir más allá de la atención a la pobreza extrema permite intervenciones preventivas. También facilita acompañamiento a familias en riesgo antes de que caigan en situaciones críticas.
