Las aseguradoras colombianas han desembolsado COP 274.590 millones en indemnizaciones tras el terremoto del 10 de agosto. Sin embargo, esta cifra representa apenas el 5% del total estimado de daños. El sector calcula que deberá pagar aproximadamente COP 5,5 billones por los siniestros reportados hasta la fecha.
La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) reportó 85.496 reclamaciones en su más reciente balance. Esta cifra muestra un incremento de 962 casos respecto al reporte de la semana anterior. Por otro lado, los pagos crecieron de manera más acelerada durante el mismo período.
Las compañías desembolsaron COP 89.820 millones adicionales en solo siete días. Esto representa un incremento del 48% frente al balance previo. No obstante, la brecha entre lo pagado y lo estimado sigue siendo considerable.
La diferencia no implica necesariamente un retraso en los pagos. Cada reclamación debe atravesar procesos técnicos antes del desembolso. Las compañías deben evaluar la cobertura contratada y determinar la pérdida indemnizable en cada caso.
Más de 140 firmas de ajustadores participan actualmente en la evaluación de los bienes afectados. Estos profesionales inspeccionan inmuebles, documentan daños y estiman pérdidas económicas. Su trabajo resulta fundamental para establecer qué parte de los daños será indemnizada.
Los ajustadores realizan visitas a viviendas, edificios comerciales, industrias e infraestructura asegurada. Recopilan fotografías, informes estructurales, inventarios y facturas durante sus inspecciones. También deben distinguir entre daños causados por el terremoto y aquellos preexistentes.
El presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, destacó la importancia de esta labor. “Tras un terremoto, los ajustadores cumplen una labor fundamental: recorren las zonas afectadas, evalúan los daños y cuantifican las pérdidas”, afirmó. La capacidad de inspección determina la velocidad de los desembolsos.
Las compañías priorizan actualmente los inmuebles colapsados y aquellos declarados pérdida total. Miles de casos se presentan simultáneamente, lo que representa un desafío logístico considerable. El valor de una reparación no determina automáticamente cuánto pagará una aseguradora.
También deben considerarse la suma asegurada, los deducibles y las condiciones específicas del contrato. El desembolso depende tanto del número de reclamaciones como de la capacidad operativa. En un escenario de emergencia, ambos factores convergen y generan presión sobre el sistema.
El ramo de incendio y terremoto concentra la mayor parte del valor estimado. Este segmento registra 61.250 siniestros con un valor calculado de COP 4 billones. Le sigue el ramo de hogar con 18.755 reclamaciones y COP 541.000 millones estimados.
Los automóviles suman 1.252 siniestros por un valor de COP 21.000 millones. Los riesgos laborales registran 1.137 casos valorados en COP 18.000 millones. Otros ramos reúnen 3.102 reclamaciones con un valor estimado de COP 69.000 millones.
La evolución de los pagos muestra una aceleración progresiva desde el sismo. En el primer balance del 14 de agosto, las aseguradoras reportaban apenas COP 82 millones pagados. Una semana después, la cifra había alcanzado COP 11.104 millones.
Para el 28 de agosto, el valor llegó a COP 42.992 millones. En ese momento se registraban 66.370 reclamaciones y un monto estimado de COP 2,71 billones. Los pagos representaban entonces una proporción aún más reducida frente al valor total.
El valor estimado de los siniestros se duplicó aproximadamente entre el 28 de agosto y el 18 de septiembre. Las compañías continúan recibiendo nuevos avisos mientras evalúan los casos ya reportados. Las cifras actuales no constituyen una factura definitiva del desastre.
El sector asegurador se reunió con el gobierno el 19 de agosto para coordinar la respuesta. Las compañías se comprometieron a priorizar los pagos a hogares de estratos 1, 2 y 3. También acordaron dar prelación a las viviendas de interés social afectadas por el sismo.
Otro acuerdo consistió en cruzar información entre aseguradoras y gobierno para coordinar subsidios. Las compañías también se comprometieron a coordinar trámites cuando un mismo inmueble tuviera múltiples pólizas. Esta medida busca evitar que los afectados gestionen personalmente entre distintas entidades.
El gobierno anunció ayudas adicionales para personas sin seguros. Esta medida resulta relevante porque el seguro privado no cubre a todos los hogares afectados. Según datos de Fasecolda con corte a marzo de 2026, solo el 9,3% de las viviendas potencialmente asegurables contaba con póliza.
El gremio reportó entonces 1,65 millones de viviendas aseguradas en el país. El valor asegurado para ese segmento alcanzaba COP 361 billones. Este dato establece un límite claro al papel que puede cumplir la industria aseguradora.
Aunque los pagos movilizan recursos significativos para la reconstrucción, una parte considerable de los afectados carece de pólizas. Este grupo no puede activar el mecanismo de indemnización privada. Por tanto, depende exclusivamente de ayudas gubernamentales y otras formas de apoyo.
La distribución del más reciente informe confirma que la mayor parte del valor estimado corresponde a inmuebles. Las coberturas relacionadas con incendio y terremoto concentran los montos más altos. Sin embargo, la cifra agregada no permite establecer cuánto recibirá cada grupo de asegurados.
La indemnización final depende de las condiciones particulares de cada póliza. También está sujeta a los resultados de las evaluaciones técnicas en curso. Para las familias y empresas con seguro, el siguiente paso es que los daños documentados se traduzcan en decisiones de cobertura.
Posteriormente, esas decisiones deben materializarse en pagos efectivos. Para las autoridades, el desafío consiste en coordinar estos recursos con las ayudas públicas. También deben atender las necesidades de quienes carecen de protección asegurada.
Fasecolda sostiene que la industria continúa avanzando en la atención de las reclamaciones. El gremio afirma que trabaja en la movilización de recursos para la recuperación. No obstante, el balance actual muestra un proceso que está lejos de completarse.
Los pagos han aumentado de manera sostenida desde el terremoto. Al mismo tiempo, el volumen de daños estimados continúa creciendo. El proceso técnico de evaluación y liquidación todavía no ha terminado en la mayoría de los casos.
La velocidad de respuesta del sector ha mejorado con el paso de las semanas. En los primeros días posteriores al sismo, los desembolsos eran mínimos. Gradualmente, las compañías han incrementado tanto el ritmo de evaluación como el de pagos.
Este aumento refleja la movilización de recursos humanos y técnicos del sector. También muestra el avance en los procesos de inspección y documentación. Sin embargo, la magnitud del desastre implica que miles de casos aún esperan resolución.
La coordinación entre múltiples actores resulta fundamental en esta etapa. Ajustadores, aseguradoras, autoridades y comunidades deben trabajar de manera articulada. La complejidad técnica de las evaluaciones se suma a la urgencia social de las víctimas.
El sector enfrenta el desafío de mantener la calidad técnica sin sacrificar la velocidad. Cada póliza tiene condiciones específicas que deben respetarse. Al mismo tiempo, las familias afectadas necesitan respuestas rápidas para iniciar su recuperación.
La brecha entre el 5% pagado y el 100% estimado genera interrogantes sobre los plazos. Las aseguradoras explican que muchos casos requieren evaluaciones estructurales complejas. Otros necesitan presupuestos detallados o documentación adicional antes del desembolso.
La industria aseguradora movilizará recursos significativos en los próximos meses. No obstante, su capacidad de respuesta tiene límites relacionados con la penetración del seguro. Menos del 10% de las viviendas potencialmente asegurables contaba con protección antes del sismo.
Esta realidad implica que la reconstrucción dependerá en gran medida de recursos públicos. Las ayudas gubernamentales deberán cubrir a la mayoría de los afectados. La coordinación entre ambos mecanismos determinará la velocidad y calidad de la recuperación.
El balance actual muestra avances concretos pero también evidencia la magnitud del desafío pendiente. Los COP 274.590 millones desembolsados representan recursos reales para familias y empresas. Sin embargo, constituyen apenas una fracción del total estimado de daños.
Las próximas semanas serán cruciales para acelerar el ritmo de pagos. Las compañías deben completar miles de evaluaciones pendientes. Posteriormente, deberán traducir esas evaluaciones en decisiones de cobertura y desembolsos efectivos.
La experiencia de este terremoto también plantea preguntas sobre la cultura del seguro en Colombia. La baja penetración del mercado asegurador deja a millones de hogares vulnerables. Eventos como este evidencian la necesidad de ampliar la cobertura en el país.
Mientras tanto, las comunidades afectadas continúan esperando recursos para reconstruir sus vidas. Para quienes tienen seguro, el proceso técnico avanza aunque con la lentitud propia de su complejidad. Para quienes carecen de pólizas, la espera depende de la capacidad del Estado.
El sector asegurador insiste en que mantiene su compromiso con los afectados. Las cifras muestran un incremento sostenido tanto en evaluaciones como en pagos. No obstante, la distancia entre lo pagado y lo estimado seguirá siendo significativa durante semanas.
