El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, planteó una exigencia clara al gobierno nacional. El presupuesto de salud para 2027 debe corresponder al gasto real del sistema. Además, debe responder a las necesidades estructurales que enfrenta el sector actualmente.
El directivo cuestionó que las decisiones de política pública avancen sin respaldo presupuestal consistente. Su planteamiento coincide con la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027. El debate incluye múltiples frentes de presión sobre el sistema de salud colombiano.
El Ministerio de Salud solicitó $13,9 billones adicionales para el próximo año fiscal. De ese monto, $12,3 billones corresponden a funcionamiento del sistema. Los $1,6 billones restantes se destinarían a inversión en infraestructura y programas prioritarios.
En aseguramiento, el proyecto contempla cerca de $72,4 billones provenientes de distintas fuentes. De ese total, al menos $49,9 billones corresponden al aporte directo de la nación. Estos recursos buscan financiar la operación corriente del aseguramiento en salud durante 2027.
Uno de los puntos centrales del debate es la Unidad de Pago por Capitación. Según el análisis presentado por el Ministerio de Hacienda, su incremento para 2027 sería de 5%. Sin embargo, existen presiones asociadas al crecimiento del gasto público en servicios de salud.
La Corte Constitucional ha intervenido previamente en esta discusión sobre la UPC. La Sentencia T-760 de 2008 y decisiones posteriores señalaron la necesidad de garantizar suficiencia. El objetivo es financiar adecuadamente los servicios requeridos por los afiliados del sistema.
Mac Master expuso cifras sobre insuficiencias acumuladas en años anteriores al presupuesto actual. Para 2026, la Andi revisó la financiación y calculó una brecha significativa. La UPC tendría un déficit frente al gasto necesario para sostener la operación corriente.
Por ello, el gremio empresarial sugirió un incremento de por lo menos 15,6%. Esta cifra contrasta con el 5% propuesto por el gobierno para 2027. La diferencia evidencia la magnitud del desacuerdo sobre la financiación del sistema.
Para 2025 se proyectaba una siniestralidad de 105,9% en el sistema de salud. Además, se estimaba un déficit operativo de $10,2 billones para ese año. La referencia busca mostrar que las dificultades no corresponden únicamente a 2027.
En el régimen contributivo, el incremento definido para 2026 fue de 9,03%. El documento de la Andi calcula una brecha cercana a $3,7 billones. Esta diferencia se presenta frente al costo real de la atención en salud.
Para el régimen subsidiado, el gobierno estableció un aumento de 16,4% en 2026. Sin embargo, persisten dudas sobre la suficiencia de estos recursos para cubrir necesidades. Las metodologías de cálculo deben revisarse con criterios claramente consistentes, señala el documento.
A ello se suma un déficit acumulado superior a $19,8 billones en tres años. De esa cifra, $9,9 billones correspondían exclusivamente a 2024. Estos pasivos acumulados representan obligaciones pendientes que presionan el presupuesto actual del sistema.
La inversión constituye otro frente de presión sobre los recursos públicos disponibles. El proyecto del Ministerio de Hacienda contempla alrededor de $1,6 billones para este rubro. No obstante, el análisis inicial identificó necesidades adicionales por cerca de $1,4 billones.
Estos recursos adicionales se destinarían principalmente a dos propósitos urgentes del sector salud. Por un lado, ampliar el Programa Ampliado de Inmunizaciones en todo el territorio nacional. Por otro, avanzar en la recuperación de infraestructura tras el terremoto de agosto.
El balance citado registra 440 instituciones con afectaciones por el sismo de agosto. De ellas, 19 requieren reconstrucción total de sus instalaciones y equipamiento médico. Otras 100 instituciones necesitan adecuaciones mayores para volver a operar con normalidad.
Para reconstrucciones totales se estiman necesarios $900.000 millones en inversión pública. Otros $582.000 millones se requieren para adecuaciones y actualización de infraestructura hospitalaria. Estas cifras no estaban contempladas originalmente en el presupuesto del sector salud.
La discusión, por tanto, no se limita únicamente al monto solicitado por Salud. El documento sostiene que el presupuesto debe acompañar las decisiones de política pública. Debe permitir identificar prioridades claras y su correspondiente financiación de manera transparente.
Resulta fundamental no confundir funcionamiento, inversión y pasivos acumulados del sector. Cada rubro tiene naturaleza distinta y requiere tratamiento específico en el presupuesto. La mezcla de estos conceptos dificulta la evaluación real de las necesidades.
“La política pública fija prioridades; el presupuesto determina su viabilidad”, resume Mac Master. Desde esa perspectiva, la discusión de 2027 debería concentrarse en un aspecto central. Debe existir correspondencia entre las metas definidas para el sistema y los recursos disponibles.
El documento plantea que tres actores tienen responsabilidades dentro de esta discusión presupuestal. El Ministerio de Hacienda debe garantizar recursos suficientes según capacidad fiscal del país. El Congreso debe evaluar prioridades y aprobar un presupuesto realista y sostenible.
Por su parte, el Ministerio de Salud debe presentar proyecciones técnicas y transparentes. La definición presupuestal deberá considerar aseguramiento, recuperación de infraestructura y sostenibilidad financiera. Además, las decisiones deberán guardar relación con las obligaciones constitucionales del Estado.
La Corte Constitucional ha sido enfática en proteger el derecho fundamental a la salud. Sus sentencias establecen que el Estado debe garantizar acceso efectivo a servicios de salud. El presupuesto es el instrumento que hace viable ese mandato constitucional en la práctica.
El contexto fiscal del país añade complejidad a la discusión sobre recursos para salud. Colombia enfrenta restricciones en sus finanzas públicas que limitan la capacidad de gasto. Sin embargo, las necesidades del sistema de salud continúan creciendo año tras año.
El envejecimiento poblacional incrementa la demanda de servicios de salud de mayor complejidad. Las nuevas tecnologías médicas son más efectivas pero también más costosas para el sistema. La incorporación de medicamentos innovadores presiona el gasto farmacéutico del aseguramiento en salud.
Adicionalmente, la pandemia dejó secuelas en la infraestructura hospitalaria del país. Muchas instituciones quedaron descapitalizadas tras atender la emergencia sanitaria de años anteriores. La recuperación de estas instituciones requiere inversión significativa que no ha sido completada.
El debate sobre la UPC refleja tensiones estructurales entre lo técnico y lo fiscal. Los cálculos actuariales indican un nivel de financiación necesario para cubrir riesgos. Sin embargo, la disponibilidad de recursos públicos impone límites a esos cálculos técnicos.
Las EPS han señalado reiteradamente que operan con márgenes negativos en varios años. Esto genera presión sobre su sostenibilidad financiera y capacidad de pago a prestadores. Los hospitales, a su vez, reportan cartera vencida que compromete su operación diaria.
La red hospitalaria pública enfrenta dificultades adicionales por su naturaleza institucional y administrativa. Muchos hospitales públicos tienen plantas de personal sobredimensionadas por decisiones políticas históricas. Otros carecen de equipamiento moderno para atender patologías de mediana y alta complejidad.
El terremoto de agosto agravó una situación que ya era crítica en infraestructura hospitalaria. Las 440 instituciones afectadas representan una proporción significativa de la red pública. La reconstrucción debe hacerse con estándares sismorresistentes que elevan los costos de inversión.
El Programa Ampliado de Inmunizaciones requiere actualización según nuevas recomendaciones técnicas internacionales. La incorporación de nuevas vacunas al esquema nacional implica inversión adicional considerable. Además, se necesita fortalecer la cadena de frío y logística de distribución nacional.
Mac Master insiste en que las decisiones de política pública deben tener respaldo presupuestal. Anunciar programas sin financiación genera expectativas que luego no pueden cumplirse adecuadamente. Esto erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y en el sistema.
El presidente de la Andi también señala la importancia de la transparencia en cifras. Los cálculos deben hacerse con metodologías claras y replicables por actores independientes. La opacidad en las proyecciones dificulta el debate informado sobre prioridades y recursos.
La discusión presupuestal de 2027 ocurre en un año preelectoral para Colombia. Esto añade presión política a decisiones que deberían basarse en criterios técnicos. El riesgo es que primen consideraciones de corto plazo sobre la sostenibilidad del sistema.
Los pasivos acumulados de $19,8 billones representan obligaciones que no desaparecerán por sí solas. Requieren un plan de pago estructurado que no comprometa la operación corriente. Ignorar estos pasivos solo traslada el problema a futuras administraciones y lo agrava.
La brecha entre lo solicitado por Salud y lo propuesto por Hacienda refleja visiones distintas. Salud enfatiza las necesidades del sistema y los mandatos constitucionales sobre derecho a salud. Hacienda prioriza la sostenibilidad fiscal y el cumplimiento de reglas macrofiscales del país.
Ambas perspectivas tienen validez dentro del debate democrático sobre asignación de recursos escasos. El Congreso debe mediar entre estas visiones y tomar decisiones que equilibren necesidades. La aprobación final del presupuesto definirá el alcance real de la política de salud.
Mac Master concluye que el presupuesto debe responder al gasto real del sistema. No puede basarse en proyecciones que ignoran la experiencia de años anteriores. La coherencia entre política pública, necesidades reales y recursos disponibles resulta indispensable para avanzar.
