Amnistía Internacional publicó un informe de más de 1.000 páginas. El documento concluye que Irán cometió crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes ocurrieron durante la represión del levantamiento “Mujer, Vida, Libertad” de 2022. La organización pide investigar penalmente a 87 altos funcionarios iraníes.
El informe se titula “Arquitectos de atrocidades: cómo la maquinaria estatal organizó crímenes de lesa humanidad en el levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022 en Irán”. La investigación se basa en entrevistas con 270 personas. Además, analiza más de 2.000 videos y documentos oficiales. Algunos de estos documentos fueron filtrados.
Las fuerzas de seguridad iraníes asesinaron a centenares de manifestantes. También mataron a transeúntes inocentes. Entre las víctimas hay decenas de niños y niñas. Miles de personas sufrieron detención arbitraria. Asimismo, fueron sometidas a tortura. Muchas experimentaron desaparición forzada y violencia sexual.
La Guardia Revolucionaria iraní ejecutó gran parte de la represión. La Jefatura de Policía también participó activamente. Estos actos formaron parte de un ataque generalizado. El ataque fue sistemático contra la población civil. Las autoridades diseñaron una política estatal para sofocar la disidencia.
El levantamiento comenzó el 16 de septiembre de 2022. Ese día se conoció la muerte de Zhina Mahsa Amini. La joven kurda tenía 22 años. Murió bajo custodia de la policía “de la moral” iraní. Cientos de miles de personas salieron pacíficamente a las calles. Protestaban contra décadas de represión. También rechazaban la discriminación y la impunidad.
Shahram vive en Yavanrud, provincia de Kermanshah. Relató que aquello parecía un campo de batalla. Agentes uniformados de la Guardia Revolucionaria los perseguían. Empuñaban rifles de asalto Kalashnikov. “No dejaban de disparar”, declaró.
Mahshid participó en manifestaciones en Mahabad. Esta ciudad está en la provincia de Azerbaiyán Occidental. Afirmó nunca haber visto escenas como aquellas. “La situación daba mucho miedo, parecía una zona de guerra”, recordó. Las fuerzas de seguridad no dejaban de disparar. No se apiadaban de nadie.
En Sanandaj, provincia de Kurdistán, Iman presenció disparos indiscriminados. Los agentes disparaban a quien entrara en su campo de visión. No importaba si eran mujeres, niños o niñas. Tampoco distinguían entre transeúntes o manifestantes. Muchas personas resultaron heridas por perdigones de metal. Las heridas afectaron piernas, cuerpo, pecho y rostro.
Rojin, de Saqqez, también en Kurdistán, resumió la situación. Para las fuerzas de seguridad se convirtió en algo normal. Matar y herir a personas dejó de ser excepcional.
Amnistía documentó episodios de extrema letalidad. El 30 de septiembre de 2022 ocurrió uno en Zahedán. Esta ciudad está en la provincia de Sistán y Baluchistán. Las fuerzas de seguridad abrieron fuego tras los rezos del viernes. Mataron a 87 personas en pocas horas. La población iraní conoce esta jornada como el “viernes sangriento”.
Los agentes dispararon munición letal desde el tejado de una comisaría. También lo hicieron desde casas cercanas. Utilizaron perdigones de metal y gas lacrimógeno. Dispararon contra personas que aún rezaban.
El informe reproduce documentos oficiales filtrados. Según Amnistía, estos documentos prueban la existencia de una cadena de mando. También demuestran una política deliberada. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas emitió una orden el 21 de septiembre de 2022. La orden llegó a mandos de la FARAJA en todo el país.
El documento exigía “una respuesta firme y severa a cualquier reunión, la dispersión de alborotadores y su detención y traslado a bases para obtener compromisos”. Dos días después, el comandante de la FARAJA en Mazandarán fue más explícito. Ordenó a sus tropas “responder sin piedad y llegar incluso a causar la muerte”.
Las comunidades kurda y baluchi sufrieron represión desproporcionada. Representan el 62% de las víctimas registradas. Sin embargo, son una fracción minoritaria de la población iraní. La comunidad baluchi es una minoría étnica. Es mayoritariamente sunita. Se concentra en el sudeste de Irán.
Amnistía documentó el homicidio de 106 manifestantes y transeúntes baluchis. Entre ellos había 20 niños y niñas. También registró la muerte de 95 kurdos. Esta cifra incluye 13 menores. Las muertes ocurrieron en las provincias de Kurdistán, Kermanshah y Azerbaiyán Occidental.
El informe concluye que se cumplen los requisitos para determinar persecución. Estas comunidades fueron víctimas del crimen de lesa humanidad de persecución. Los motivos fueron étnicos y políticos.
Dieciséis personas fueron violadas durante su detención arbitraria. Las detenciones estaban relacionadas con las protestas. Entre las víctimas hay seis mujeres y siete hombres. También una niña de 14 años. Además, dos varones de 16 y 17 años.
Las mujeres y niñas fueron violadas vaginal, anal y oralmente. Los hombres y niños sufrieron violación anal. Las penetraciones se realizaron con barras de madera y de metal. También se usaron botellas de cristal y mangueras. Los agentes utilizaron sus órganos sexuales y dedos.
Amnistía documentó además otros 29 casos de violencia sexual. Esta violencia fue distinta de la violación. En mujeres y niñas incluyó manoseos. También golpes en pechos y genitales. Las mantuvieron desnudas durante horas o días bajo custodia. Esto ocurrió en ocasiones ante cámaras de vídeo. Las temperaturas eran extremadamente bajas.
En hombres y niños documentó descargas eléctricas. También la inserción de agujas en los genitales. Además, amenazas de violación contra ellos o sus familiares.
La organización concluyó que se cumplen los criterios para determinar crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes son de violación y violencia sexual. Se considera probado el elemento de intencionalidad. La conducta de los agentes estatales fue deliberada.
Amnistía sostiene que la impunidad en Irán es sistémica. También es intencionada. Es producto de un sistema judicial subordinado al líder supremo. Las leyes eximen de responsabilidad penal a los agentes estatales. También los eximen de responsabilidad civil. Una de estas leyes regula el uso de armas de fuego.
Un comité oficial iraní reconoció apenas 202 muertes durante las protestas. Atribuyó la mayoría a “alborotadores y […] terroristas armados”. Amnistía rechaza esta versión. Carece de sustento probatorio.
La organización identificó a 87 altos cargos. Entre ellos hay 62 mandos de la IRGC y la FARAJA. También 25 funcionarios del Ministerio del Interior. Estos incluyen gobernadores provinciales y comarcales. Deben ser investigados penalmente por responsabilidad de mando. También por complicidad e inducción en los crímenes.
Entre los nombres de mayor perfil figura el entonces líder supremo, Ali Khamenei. También el entonces jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Mohammad Bagheri. Ambos fallecieron en ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán en 2026. El general al mando de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, también murió en estos ataques.
Ahmad Vahidi era entonces ministro del Interior. También presidía el Consejo de Seguridad del Estado. Desde 2022 pasó a ocupar el cargo de general al mando de la Guardia Revolucionaria. Majid Mirahmadi era entonces viceministro del Interior para asuntos policiales y de seguridad.
La mayoría de los altos cargos señalados sigue en funciones. Incluso algunos han ascendido dentro de la cadena de mando. Para Amnistía, esto es una de las señales más claras. El aparato de represión permanece intacto.
La organización escribió el 4 de agosto de 2026 al líder supremo, Mojtaba Khamenei. También contactó a los jefes de la FARAJA, la IRGC y el Ministerio del Interior. Les expuso sus conclusiones. No recibió respuesta al momento de la publicación.
Amnistía pide a la Asamblea General de la ONU crear un mecanismo internacional. Este mecanismo debe ser de justicia penal para Irán. Existe un bloqueo del Consejo de Seguridad. La organización reclama a los Estados que impulsen investigaciones. Estas deben basarse en el principio de jurisdicción universal. Deben dirigirse contra los altos cargos señalados.
El informe advierte sobre la falta de rendición de cuentas. Lo ocurrido en 2022 no ha sido castigado. Esto contribuye peligrosamente a la normalización de los homicidios masivos. Estos homicidios ocurren en protestas. El documento hace referencia a episodios posteriores de represión. Estos fueron aún más letales. Se registraron en enero de 2026.
