El gremio SOMOS UNO UT, que representa a los distribuidores minoristas de combustibles líquidos del país, lanzó una advertencia contundente. Según su Boletín Estadístico Sectorial 2022-2026, el incremento del salario mínimo es uno de los factores que más pesa. Específicamente, impacta el disparo del costo laboral de las estaciones de servicio en Colombia.
Este hallazgo compromete la continuidad del servicio de abastecimiento de combustible en el territorio nacional. Por lo tanto, las implicaciones van más allá de un simple ajuste contable.
El boletín fue elaborado con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). También incorporó información de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Además, consideró el más reciente decreto de fijación del salario mínimo para su análisis.
El documento descompone el alza de 53,5% que registró el costo de sostener una posición de atención continua. Este incremento se registró entre julio de 2024 y julio de 2026. De esos puntos, el salario mínimo aporta 34,7 puntos porcentuales.
Esta cifra está muy por encima de otros factores. Por ejemplo, la reducción del divisor por la jornada de 42 horas semanales aporta 9,5 puntos. Asimismo, la recomposición de recargos que incorpora la ampliación de la franja nocturna suma 4,1 puntos.
El salario mínimo vigente en Colombia es de $2.000.000, con subsidio de transporte incluido. Esta cifra se convierte en el principal motor del incremento de costos laborales.
El gremio identificó cuatro hitos normativos concurrentes entre diciembre de 2025 y julio de 2026. Estos cambios regulatorios están detrás de esa aceleración en los costos. En primer lugar, el alza del salario mínimo en 23% representa el factor más significativo.
En segundo lugar, la ampliación de la franja nocturna modificó las condiciones laborales. En tercer lugar, la elevación al 90% del recargo por trabajo en día de descanso obligatorio aumentó los costos. Finalmente, la entrada en vigor de la jornada de 42 horas semanales completó el panorama.
Sin embargo, ninguno de estos cambios es reversible por decisión del empresario. Consecuentemente, esto deja a las estaciones sin margen de maniobra frente al ajuste salarial. Por lo tanto, los operadores se encuentran en una situación de vulnerabilidad estructural.
Desde abril de 2015, el costo de sostener una posición continua subió 223,2%. En contraste, el margen que remunera esa labor solo se actualizó 84,6% en el mismo periodo. Esta brecha ya supera los 138 puntos de índice.
Traducida a la unidad en que se expresa la remuneración del distribuidor minorista, esa diferencia es significativa. Específicamente, equivale “a $272 por galón (el 23,6% del margen vigente de $1.155 por galón)”. Además, presenta un rango que va de $210 a $510 por galón según la tipología de la estación.
El gasto de personal representa entre 56% y 80% del componente de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM). El promedio ponderado alcanza 75,8%, lo que demuestra la centralidad del factor humano en la operación.
Frente a ese panorama, el gremio recuerda que una empresa que enfrenta un incremento estructural dispone de tres vías. Ordinariamente, puede trasladarlo al precio del consumidor final. Alternativamente, puede reducir el volumen o la calidad de lo que produce. Finalmente, puede absorberlo con cargo a su rentabilidad.
Con el precio máximo regulado cerrando la primera vía y el margen indexado limitando la tercera, la situación se complica. Por consiguiente, el ajuste tiende a concentrarse en la segunda vía: la disponibilidad y calidad del servicio.
El boletín anticipa “menos horas de atención, menos personal por isla y menor mantenimiento”. Esta situación se presentará con mayor intensidad en las estaciones de servicio pequeñas y en la ruralidad. En los municipios con una única estación, su cierre significaría directamente la desaparición del abastecimiento.
No obstante, no todo el panorama es de alerta. Entre 2022 y 2025 el sector generó 15,4 mil empleos adicionales. Paralelamente, redujo su informalidad laboral de 28,7% a 21,4%, muy por debajo del 54,7% nacional.
Los isleros pasaron de 26,8 mil a 37,1 mil trabajadores en ese periodo. Además, su ingreso real creció 25,3%, hasta $981 mil mensuales. Sin embargo, esa cifra se midió antes de las últimas alzas del salario mínimo.
El gremio insiste en que su preocupación “no es la rentabilidad de un negocio privado”. En cambio, se centra en “el deterioro previsible en la prestación de un servicio público”. Este servicio garantiza “la movilidad de todos los colombianos, de la circulación de sus alimentos, de sus medicamentos y de sus mercancías”.
Por ello, SOMOS UNO UT pidió a la Creg revaluar el régimen de precio máximo. Igualmente, solicitó incorporar este análisis al cálculo del margen de comercialización. De esta manera, buscan una solución estructural al problema identificado.
La situación plantea un dilema complejo para las autoridades regulatorias. Por un lado, el aumento del salario mínimo responde a necesidades sociales legítimas. Por otro lado, genera presiones económicas sobre sectores específicos de la economía.
Las estaciones de servicio operan bajo un régimen de precio máximo regulado. Consecuentemente, no pueden trasladar libremente los incrementos de costos a los consumidores finales. Esta restricción las diferencia de otros sectores comerciales.
El margen de comercialización vigente de $1.155 por galón resulta insuficiente. Específicamente, no cubre el incremento de $272 por galón generado por la brecha entre costos y remuneración. Esta discrepancia matemática evidencia la insostenibilidad del modelo actual.
La ampliación de la franja nocturna modificó los patrones de remuneración laboral. Además, la elevación del recargo por trabajo en días de descanso obligatorio incrementó los costos operativos. Estos cambios, sumados a la reducción de la jornada laboral, reconfiguraron completamente la estructura de costos.
La jornada de 42 horas semanales, aunque beneficiosa para los trabajadores, redujo el divisor de cálculo. Por lo tanto, aumentó el costo por hora trabajada en términos relativos. Este efecto se suma al incremento nominal del salario mínimo.
Las estaciones pequeñas y rurales enfrentan una vulnerabilidad particular. Generalmente, operan con márgenes más ajustados que las estaciones urbanas de mayor volumen. Consecuentemente, tienen menor capacidad de absorber incrementos de costos.
En municipios con una única estación de servicio, el cierre representaría una crisis de abastecimiento. Los habitantes dependerían de desplazamientos a localidades vecinas para adquirir combustible. Esta situación afectaría especialmente a sectores productivos como el transporte y la agricultura.
El crecimiento del empleo en el sector durante el periodo 2022-2025 demuestra su dinamismo. La generación de 15,4 mil empleos adicionales representa un aporte significativo a la economía nacional. Asimismo, la reducción de la informalidad laboral de 28,7% a 21,4% muestra una mejora en la calidad del empleo.
Los isleros, como se denomina a los trabajadores de las estaciones de servicio, vieron mejorar sus condiciones. El incremento de 26,8 mil a 37,1 mil trabajadores refleja la expansión del sector. Además, el crecimiento real del ingreso en 25,3% hasta $981 mil mensuales representa una mejora sustancial.
Sin embargo, estas cifras corresponden a mediciones anteriores a las últimas alzas del salario mínimo. Por lo tanto, no reflejan completamente el impacto de los cambios normativos recientes. El panorama actual podría diferir significativamente de estas estadísticas.
La informalidad laboral del sector, ubicada en 21,4%, contrasta favorablemente con el promedio nacional de 54,7%. Este indicador demuestra que las estaciones de servicio ofrecen empleo formal con mayor frecuencia que otros sectores. Consecuentemente, contribuyen a la estabilidad laboral y la protección social de sus trabajadores.
El gremio enfatiza que su preocupación trasciende los intereses empresariales particulares. La prestación del servicio público de abastecimiento de combustible afecta a toda la población. Sin combustible, la movilidad, el transporte de alimentos, medicamentos y mercancías se vería comprometida.
La solicitud a la Creg para revaluar el régimen de precio máximo busca una solución institucional. Igualmente, la incorporación del análisis de costos laborales al cálculo del margen de comercialización pretende actualizar el modelo. Estas medidas podrían alinear la regulación con la realidad operativa del sector.
El desafío regulatorio consiste en equilibrar múltiples objetivos. Proteger el poder adquisitivo de los trabajadores mediante salarios dignos es fundamental. Simultáneamente, garantizar la sostenibilidad económica de las empresas que prestan servicios esenciales resulta igualmente importante. Finalmente, asegurar el acceso de la población a combustible a precios razonables completa el triángulo de intereses.
La experiencia de otros países muestra que los sistemas de precio máximo requieren ajustes periódicos. Cuando los costos de operación aumentan significativamente, los márgenes regulados deben actualizarse. De lo contrario, se generan distorsiones que pueden llevar al desabastecimiento o al deterioro del servicio.
La estructura de costos de las estaciones de servicio está dominada por el componente laboral. Con un rango de 56% a 80% del AOM, cualquier cambio en las condiciones salariales impacta directamente. Por lo tanto, los ajustes al salario mínimo tienen efectos amplificados en este sector.
El promedio ponderado de 75,8% de gasto de personal sobre el AOM evidencia la intensidad laboral del servicio. Las estaciones de servicio requieren personal para atender a los clientes, operar los surtidores y mantener las instalaciones. Esta característica las diferencia de otros negocios más automatizados.
La convergencia de cuatro cambios normativos en un periodo corto generó un efecto acumulativo. El alza del salario mínimo en 23% por sí sola representa un incremento significativo. Sumada a los otros tres cambios, creó una presión sin precedentes sobre la estructura de costos.
La irreversibilidad de estos cambios normativos elimina opciones de ajuste para los empresarios. No pueden reducir unilateralmente los salarios ni modificar las condiciones laborales establecidas por ley. Esta rigidez aumenta la importancia de contar con márgenes de comercialización adecuados.
La brecha de 138 puntos entre el incremento de costos y la actualización del margen se acumuló gradualmente. Desde abril de 2015, esta divergencia creció de manera sostenida. Actualmente, alcanza proporciones que amenazan la viabilidad operativa de muchas estaciones.
El análisis por tipología de estación revela diferencias significativas en el impacto. El rango de $210 a $510 por galón muestra que algunas estaciones sufren presiones mucho mayores. Las estaciones más pequeñas o con menor volumen de ventas enfrentan desafíos proporcionalmente mayores.
La reducción de horas de atención afectaría principalmente a usuarios en horarios no convencionales. Trabajadores nocturnos, transportistas de larga distancia y servicios de emergencia dependen de la disponibilidad 24 horas. La disminución de este servicio generaría externalidades negativas en la economía.
La reducción de personal por isla aumentaría los tiempos de espera para los clientes. Además, podría comprometer la seguridad en las operaciones de suministro. Las estaciones de servicio manejan productos inflamables que requieren supervisión adecuada.
El menor mantenimiento de las instalaciones podría generar riesgos ambientales y de seguridad. Los tanques de almacenamiento, las tuberías y los sistemas de control requieren atención periódica. El diferimiento de estas actividades acumula riesgos que eventualmente pueden materializarse en incidentes.
La intensificación de estos efectos en la ruralidad agrava las desigualdades territoriales. Las zonas rurales ya enfrentan mayores dificultades de acceso a servicios. La reducción de disponibilidad de combustible profundizaría estas brechas.
