Cada mañana, el autor revisa el Registro Nacional de Desaparecidos. Busca a alguien entre las actualizaciones diarias. El SIRDEC de Medicina Legal reportaba 679 mujeres desaparecidas en 2025. Era el 30 de agosto. Ese día se conmemora a las víctimas de desapariciones forzadas.
Casi dos meses después, la cifra aumentó drásticamente. Para el 23 de octubre llegó a 842 mujeres. Esa fecha reconoce a las Mujeres Buscadoras. Un mes más tarde, el panorama empeoró aún más. Para el 25N son 942 mujeres desaparecidas. El 25 de noviembre es el día internacional contra las violencias hacia las mujeres.
Son 942 mujeres que alguien hizo desaparecer este año. La pregunta resuena con fuerza: ¿quién responde? La Fiscalía permanece en silencio ante esta crisis. Existe la Alerta Rosa, creada mediante ley 2326/2023. También está el Decreto 1428/2024. Sin embargo, estos mecanismos especiales no funcionan.
“Pedimos JUSTICIA, gritemos por cada desaparecida…” dice la canción. Es la “canción sin miedo”. En ella se refleja la realidad de miles de niñas. También de miles de mujeres que padecen esta violencia. La desaparición forzada oculta múltiples atrocidades. Detrás hay violencia sexual. También torturas y tratos crueles. Existen tratos inhumanos y degradantes. Finalmente, muchas veces, el feminicidio.
Los últimos diez años arrojan cifras alarmantes. Son 11.800 mujeres reportadas desaparecidas en Colombia. En 2016 fueron 1.559 casos. Durante 2017 se registraron 1.279 desapariciones. El año 2018 contabilizó 1.349 mujeres. En 2019 la cifra fue de 1.292.
El año 2020 fue atípico por la pandemia. Se reportaron 762 casos ese año. Durante 2021 aumentó a 1.147 mujeres. En 2022 la cifra llegó a 1.198. El año 2023 registró 1.090 desapariciones. Durante 2024 fueron 1.182 casos.
En 329 días de este año hay 942 reportes. Esto representa un promedio de tres desaparecidas diariamente. Pero algunos fines de semana son peores. El anterior al 25N fue especialmente grave. Hubo 13 reportes de mujeres desaparecidas en dos días.
La pregunta es inevitable: ¿qué hacemos? La Ley Alerta Rosa debe funcionar. Si no, debería declararse inexequible. El Sistema Nacional de Búsqueda es el responsable. Su secretaría técnica es el Ministerio de Justicia. La UBPD preside el sistema.
La Comisión Intersectorial es la máxima instancia. En ella participa la Fiscalía General de la Nación. Esta institución debe investigar las desapariciones forzadas. También debe prevenir que sigan ocurriendo mediante la Alerta Rosa.
Pero las leyes formales suelen no funcionar. El Sistema Nacional de Búsqueda tiene tareas pendientes. Aún no crea una política pública integral. Esta política debe trascender cualquier gobierno. Debe hacer realidad las normas existentes.
La Ley de Mujeres Buscadoras no está reglamentada. Faltan dos firmas para su implementación. Una de ellas es del Presidente de la República. Mientras tanto, las desapariciones continúan aumentando.
El Sistema Nacional de Búsqueda consolidó un diagnóstico. Identificó todo lo que no funciona. Detectó cuellos de botella en los procesos. Encontró problemas en el acceso a información. También obstáculos institucionales para responder a las familias.
La pregunta persistente es siempre la misma: ¿dónde están? El siguiente paso debe lograrse este año. Es la formulación de la política pública integral. Debe incluir soluciones a los problemas detectados. También debe abordar las causas raíz.
Se necesitan rutas de soluciones efectivas. Deben aumentar los resultados en la búsqueda. La Fiscalía General preocupa por su falta de respuesta. Los casos de desapariciones forzadas aumentan constantemente. También las personas desaparecidas en el conflicto armado.
Diciembre de 2016 es una fecha límite importante. La UBPD fue creada en el Acuerdo de Paz. Su acción se limita hasta esa fecha. Las desapariciones posteriores quedan sin respuesta clara.
La UBPD reporta avances significativos al 14 de octubre. En 30 meses ampliaron la presencia territorial. Cuentan con 1.124 servidores y contratistas. Operan en 26 equipos territoriales. De ellos, 722 se dedican a labores de búsqueda.
Existen 8 coordinaciones regionales que descentralizan el trabajo. Los equipos forenses aumentaron a 36 a nivel nacional. Han intervenido 12.703 lugares de interés forense. De estos, 7.333 fueron identificados en 30 meses.
Ya se intervinieron 1.379 lugares. Se recuperaron 2.901 cuerpos de personas desaparecidas. El total desde el origen de la UBPD es 3.651. Las entregas dignas suman 589. De estas, 410 ocurrieron en los últimos 30 meses.
Se hallaron 271 personas con vida. Además, 11 habían sido encontradas hasta marzo de 2023. La búsqueda inversa localizó 102 personas más. Se crearon tres centros integrales de abordaje forense.
Las tomas de muestras genéticas a familiares aumentaron. Son 8.248 nuevas muestras. El acumulado llega a 12.871. Hay 15.354 personas desaparecidas con muestra asociada.
El universo de personas desaparecidas creció en 30 meses. Aumentó en 28.275 casos. El total es de 135.396 personas. Las nuevas solicitudes de búsqueda son 13.241. El total acumulado es de 34.508 solicitudes.
Esto fue posible con nuevas metodologías de atención. Existe una red de apoyo operativo con familias. Hay una ruta fluvial operando. También rutas terrestres que recorren lugares apartados. Recogen información y solicitudes de búsqueda.
Pero surge una pregunta crítica. ¿Quién busca a los desaparecidos después del 1 de diciembre de 2016? Hasta el 25 de noviembre de 2025 hay más de 30.162 personas. De ellas, 19.923 son hombres. Las mujeres suman 10.239.
Los reportes de la Fiscalía carecen de resultados. En este periodo hay casi 30 mil desaparecidos forzadamente. También en el contexto del conflicto armado. Desde 2017 hasta 2025 se activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente. El MBU se activó en 4.157 casos.
Esto representa solo el 13% del total. No logró prevenir el aumento de desapariciones. La Fiscalía no está buscando efectivamente. Tampoco evita que sigan desapareciendo personas. Las cifras seguirán subiendo lamentablemente.
Si las desapariciones continúan, habrá más mujeres buscadoras. Más familias preguntarán dónde están sus seres queridos. Colombia no debería tener más mujeres buscadoras. Pero es una realidad que sigue creciendo.
El delito de desaparición forzada es permanente. También es continuo, especialmente contra las mujeres. Requiere la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional. La gravedad y masividad de este crimen lo justifican. Es causado por la omisión sistemática de las autoridades. También por la omisión prolongada.
A menos que las autoridades actúen pronto. El Sistema Nacional de Búsqueda debe definir la política pública. Debe ser integral de búsqueda y prevención. La implementación debe ser inmediata.
La historia juzgará igualmente a todos los responsables. Al que perpetró el crimen. También al que lo permitió hacer. Y al que no hizo lo debido para prevenirlo. O para hallar la solución.
El llamado es a la sociedad colombiana. No dejen solas a las familias de los desaparecidos. Acompañen sus búsquedas. Apoyen sus exigencias de derechos.
Es urgente prevenir la desaparición forzada. También buscar a todas las personas desaparecidas. Incluyendo a las que desaparecieron mientras se escribían estas líneas. El tiempo no se detiene. Las desapariciones tampoco.
