La retención ilegal de 33 militares en Guaviare desencadena acciones judiciales

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por graves delitos cometidos contra miembros de las Fuerzas Militares. Los hechos ocurrieron en la vereda Nueva York del municipio de El Retorno, departamento del Guaviare.

La denuncia específicamente señala tres delitos: secuestro, obstrucción a la función pública y asonada. De acuerdo con el funcionario, civiles sin identificar retuvieron ilegalmente a 33 militares que realizaban operaciones oficiales en la zona.

Paralelamente, el jefe de la cartera de Defensa interpuso una denuncia adicional por reclutamiento ilícito. Esta acción legal va dirigida contra la subestructura criminal conocida como Martín Villa, perteneciente al denominado cartel de “Mordisco”.

El ministro Sánchez expresó su contundente rechazo al reclutamiento forzado, calificándolo como una práctica “demencial y cobarde”. Además, enfatizó que estas acciones constituyen crímenes de guerra expresamente condenados por múltiples marcos legales.

La gravedad de estos actos radica en que violan simultáneamente el derecho internacional, la Constitución Política de Colombia y la legislación nacional vigente. Esta triple vulneración evidencia la magnitud del desafío que enfrentan las autoridades.

Los eventos en El Retorno representan un preocupante precedente para la seguridad de las fuerzas del orden en territorios donde mantienen presencia grupos armados ilegales. La retención de militares por civiles sugiere una estrategia deliberada para obstaculizar las operaciones estatales.

La radicación de estas denuncias marca el inicio de un proceso judicial que busca identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Las autoridades deberán establecer si existe conexión entre los civiles que ejecutaron la retención y las estructuras criminales denunciadas.

El caso ha generado especial atención por ocurrir durante la gestión del ministro Sánchez, quien asumió la dirección del Ministerio de Defensa el 11 de marzo de 2025. Su respuesta inmediata mediante acciones legales demuestra la postura institucional frente a estos hechos delictivos.

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