Más de 300 profesionales del sector audiovisual colombiano se unieron para enviar un derecho de petición al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Simultáneamente, dirigieron el documento a RTVC. La acción responde a la creciente controversia alrededor de la película sobre el almirante José Prudencio Padilla.
La polémica surgió tras conocerse la asignación presupuestal que el MinTIC destinó a esta producción cinematográfica. En consecuencia, los firmantes solicitan información detallada sobre el uso de recursos públicos. Además, piden una reunión intersectorial con las autoridades competentes. Por último, exigen rendición de cuentas sobre los mecanismos de asignación de fondos para proyectos audiovisuales.
El derecho de petición se centra en tres mecanismos específicos de financiación pública. Primero, la convocatoria Abre Cámara del MinTIC. Segundo, el Mercado de Coproducción de Señal Colombia de RTVC. Tercero, el mecanismo de coproducción de RTVCPlay. Los profesionales cuestionan profundamente la transparencia en estos procesos.
**Cuestionamientos sobre el presupuesto de Abre Cámara**
La convocatoria Abre Cámara del MinTIC abrió con un presupuesto de 15 mil millones de pesos. Sin embargo, previamente se había informado al sector que el presupuesto del FUTIC para 2026 sería de 26 mil millones. Esta reducción genera interrogantes entre los profesionales del audiovisual colombiano.
“Es válido resaltar que el sector audiovisual en repetidas ocasiones ha pedido que por categoría se reevaluen e incrementen los valores, ya que lo presupuestado para cada producción está calculado con valores que están muy por debajo del mercado”, mencionaron en el documento. Esta cita refleja una preocupación histórica del gremio.
Los valores actuales no corresponden con los costos reales de producción en el mercado. Por tanto, muchos proyectos enfrentan dificultades financieras desde su concepción. En consecuencia, la calidad final de las obras se ve comprometida. Además, los equipos técnicos trabajan bajo condiciones económicas precarias.
**Suspensión de convocatorias de RTVC**
Otro punto crítico señalado en el derecho de petición es la suspensión de convocatorias de RTVC. Anteriormente, esta entidad destinaba 6 mil millones de pesos anuales a convocatorias abiertas. No obstante, desde que Hollman Morris asumió la gerencia de RTVC en 2023, estas convocatorias dejaron de abrirse.
Esta decisión elimina una fuente importante de financiación para el sector. Consecuentemente, numerosos proyectos independientes quedan sin posibilidades de desarrollo. Asimismo, se reduce la diversidad de voces y propuestas audiovisuales. Por ende, la industria cultural colombiana pierde riqueza y pluralidad.
Los firmantes solicitan información sobre los estudios de conveniencia que respaldaron estas decisiones. También piden conocer los análisis de costo-beneficio realizados. Igualmente, exigen acceso a los conceptos técnicos que justificaron la reducción presupuestal de Abre Cámara.
**Asignación directa de recursos a proyectos específicos**
El documento cuestiona la asignación directa de recursos a tres proyectos específicos. La serie audiovisual “Cosiaca” recibió 3 mil millones de pesos para 12 capítulos de 30 minutos. Por su parte, la serie “La Vorágine” obtuvo 10 mil millones para 8 capítulos de 45 minutos y 2 de 24 minutos. Finalmente, la película sobre el almirante Padilla recibió 8.104.424.000 pesos para una producción de 100 minutos.
Estos tres proyectos suman una cantidad considerable del presupuesto disponible. Mientras tanto, la convocatoria abierta se redujo significativamente. Esta concentración de recursos genera preocupación entre los profesionales del sector. Por consiguiente, se reduce el número de producciones que pueden recibir financiamiento público.
“Como sector queremos entender por qué estas dos entidades han decidido la asignación directa de recursos de un valor tan alto, como la mejor manera de inversión de su presupuesto y de su misionalidad”, aseguraron los firmantes. Esta declaración refleja la necesidad de transparencia en las decisiones gubernamentales.
**Suspensión del Mercado de Coproducción**
El Mercado de Coproducción de Señal Colombia fue suspendido indefinidamente. Además, las coproducciones de largometrajes con RTVCPlay no se abren desde 2024. Ambas decisiones eliminan canales importantes de financiación para cineastas colombianos.
Estos mecanismos permitían que productoras independientes accedieran a recursos públicos mediante procesos competitivos. Ahora, sin estas convocatorias, las oportunidades se reducen drásticamente. En consecuencia, muchos profesionales quedan excluidos del sistema de financiación estatal.
Los peticionarios solicitan explicaciones sobre las razones detrás de estas suspensiones. Asimismo, piden conocer los criterios que llevaron a priorizar asignaciones directas. También exigen información sobre los mecanismos de evaluación utilizados para seleccionar los proyectos beneficiados.
**Denuncias sobre violaciones laborales**
El derecho de petición incluye denuncias sobre violaciones a los derechos laborales en la producción “Padilla”. Múltiples trabajadores técnicos reportaron irregularidades en sus condiciones de contratación. Específicamente, fueron vinculados mediante contratos de prestación de servicios.
Este tipo de contratación encubre la existencia de verdaderos contratos de trabajo. Por tanto, los empleadores evaden el reconocimiento y pago de prestaciones sociales. Además, no pagan seguridad social completa. Tampoco reconocen horas extras, recargos nocturnos, dominicales ni festivos.
Los firmantes solicitan información sobre los mecanismos de seguimiento y evaluación implementados. Específicamente, piden conocer cómo se garantiza que las empresas beneficiarias cumplan sus obligaciones como empleadores. Esta preocupación refleja problemas estructurales en la industria audiovisual colombiana.
**Controversia por Cuba Gooding Jr.**
La contratación del actor Cuba Gooding Jr. como protagonista genera cuestionamientos adicionales. El actor ganó el Óscar en 1997 por su actuación en “Jerry Maguire”. Sin embargo, el 13 de abril de 2022 se declaró culpable de acoso sexual en una corte de Nueva York.
Los peticionarios solicitan información sobre los mecanismos de veeduría aplicados en esta circunstancia. También piden conocer el valor del contrato firmado con el actor. Además, exigen acceso al estudio de mercado que soporta el pago de sus honorarios.
Esta contratación plantea interrogantes sobre los criterios de selección utilizados. Asimismo, genera dudas sobre la coherencia con políticas públicas contra la violencia de género. Por ende, los profesionales del sector consideran necesario conocer las justificaciones oficiales.
**Impacto en el sector audiovisual**
Los firmantes del derecho de petición afirman que la desaparición de mecanismos de financiación ha generado un estado crítico. La concentración del gasto público en pocos proyectos reduce las oportunidades para otros creadores. Consecuentemente, disminuye el número total de producciones financiadas.
Esta situación afecta especialmente a productoras independientes y proyectos emergentes. Además, limita la diversidad temática y estilística del audiovisual colombiano. Por tanto, se reduce la capacidad del sector para reflejar la pluralidad cultural del país.
La concentración de recursos también genera inequidad en el acceso a oportunidades profesionales. Mientras algunos proyectos reciben millones de pesos, cientos de propuestas quedan sin financiación. En consecuencia, muchos profesionales talentosos no pueden desarrollar sus ideas.
**Solicitudes específicas de información**
El documento solicita acceso a estudios de conveniencia que respaldaron las decisiones presupuestales. También pide conocer análisis de costo-beneficio realizados por las entidades. Además, exige acceso a conceptos técnicos que justificaron las asignaciones directas.
Los peticionarios quieren entender los criterios utilizados para seleccionar los tres proyectos beneficiados. Asimismo, solicitan información sobre los procesos de evaluación aplicados. También piden conocer las razones para suspender las convocatorias abiertas.
Respecto a las condiciones laborales, solicitan detalles sobre mecanismos de supervisión implementados. Igualmente, piden información sobre sanciones aplicadas en caso de incumplimiento. Además, exigen conocer las medidas preventivas establecidas para proteger derechos laborales.
**Contexto de la película sobre Padilla**
La película sobre el almirante José Prudencio Padilla ha generado múltiples controversias desde su anuncio. José Prudencio Padilla fue un héroe naval de la independencia colombiana. Su figura histórica representa un símbolo importante para la identidad nacional.
La producción cuenta con un presupuesto superior a 8 mil millones de pesos. Además, incluye la participación del presidente Gustavo Petro en una escena. Esta decisión generó debates sobre la apropiada separación entre gobierno y producción cultural.
Cuba Gooding Jr. interpreta al protagonista en esta película de 100 minutos. La producción está a cargo de Valencia Producciones. Sin embargo, las condiciones de producción y financiación han generado cuestionamientos desde diversos sectores.
**Preocupaciones sobre transparencia**
La transparencia en el uso de recursos públicos es el eje central del derecho de petición. Los profesionales del audiovisual consideran fundamental conocer los criterios de asignación. Asimismo, exigen explicaciones sobre la suspensión de convocatorias abiertas.
La falta de información genera desconfianza en las instituciones públicas. Además, alimenta percepciones de favoritismo o decisiones arbitrarias. Por tanto, los firmantes insisten en la necesidad de rendición de cuentas.
La reunión intersectorial solicitada busca establecer un diálogo directo con autoridades. En este espacio, los profesionales esperan obtener respuestas a sus cuestionamientos. También pretenden proponer alternativas para mejorar los mecanismos de financiación.
**Impacto en la diversidad cultural**
La concentración de recursos en pocos proyectos afecta la diversidad cultural del país. Colombia posee una riqueza cultural que requiere múltiples voces para su representación. Sin embargo, cuando pocos proyectos reciben la mayoría del financiamiento, esta diversidad se reduce.
Las convocatorias abiertas permiten que propuestas de diferentes regiones compitan en igualdad de condiciones. Además, facilitan el acceso a creadores de diversos contextos socioeconómicos. Por tanto, su suspensión limita la democratización del sector audiovisual.
La diversidad temática también se ve comprometida. Diferentes proyectos abordan distintas realidades sociales, históricas y culturales. Consecuentemente, cuando se reduce el número de producciones financiadas, se limita la representación de estas realidades.
**Situación crítica del sector**
Los firmantes describen la situación del sector audiovisual como crítica. La reducción de oportunidades de financiamiento afecta a toda la cadena productiva. Desde guionistas hasta técnicos especializados enfrentan dificultades para encontrar trabajo.
Esta crisis tiene efectos económicos directos sobre miles de profesionales. Además, genera un éxodo de talentos hacia otros países o sectores. Por ende, Colombia pierde capacidades técnicas y creativas desarrolladas durante años.
La formación de nuevos profesionales también se ve afectada. Estudiantes y recién graduados encuentran pocas oportunidades para aplicar sus conocimientos. Consecuentemente, muchos abandonan sus aspiraciones en el sector audiovisual.
**Antecedentes de convocatorias públicas**
Las convocatorias públicas han sido históricamente el mecanismo principal de financiación estatal. Estos procesos competitivos garantizan transparencia y equidad en la asignación de recursos. Además, permiten que comités especializados evalúen la calidad de las propuestas.
Durante años, estas convocatorias permitieron el desarrollo de proyectos diversos y de calidad. Muchas producciones exitosas surgieron de estos mecanismos de financiación pública. Por tanto, su reducción o suspensión genera preocupación legítima.
Los profesionales del sector han participado activamente en el diseño de estas convocatorias. Sus aportes han mejorado progresivamente los criterios de evaluación. Sin embargo, ahora sienten que sus voces no son escuchadas en las decisiones gubernamentales.
**Comparación con otros modelos de financiación**
Otros países latinoamericanos mantienen sistemas robustos de financiación pública para el audiovisual. Argentina, por ejemplo, cuenta con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. México opera un sistema de estímulos fiscales y fondos públicos.
Estos modelos priorizan la transparencia y la competencia abierta. Además, establecen criterios claros para la asignación de recursos. También incluyen mecanismos de rendición de cuentas y evaluación de resultados.
Colombia había avanzado en la construcción de un sistema similar. No obstante, las decisiones recientes parecen revertir estos avances. Por tanto, los profesionales temen un retroceso en el desarrollo institucional del sector.
**Expectativas sobre la respuesta oficial**
Los más de 300 firmantes esperan respuestas concretas a sus cuestionamientos. El derecho de petición es un mecanismo legal que obliga a las entidades a responder. Por tanto, el MinTIC y RTVC deben proporcionar información solicitada.
La reunión intersectorial solicitada representa una oportunidad para el diálogo constructivo. En este espacio, ambas partes podrían encontrar soluciones a los problemas identificados. Además, se podrían establecer mecanismos mejorados de comunicación y participación.
Los profesionales del audiovisual no se oponen a la producción de la película sobre Padilla. Sin embargo, exigen que esta no se realice a costa de eliminar oportunidades para otros proyectos. También insisten en que se respeten derechos laborales y criterios de transparencia.
**Llamado a la participación sectorial**
El derecho de petición representa un llamado a la participación del sector en decisiones que lo afectan. Los profesionales del audiovisual poseen conocimientos especializados sobre las necesidades de la industria. Por tanto, su participación es fundamental para diseñar políticas públicas efectivas.
La construcción colectiva de políticas culturales fortalece la democracia. Además, garantiza que las decisiones respondan a necesidades reales del sector. También genera mayor legitimidad y aceptación de las medidas implementadas.
Los firmantes esperan que esta acción colectiva genere cambios positivos. Asimismo, confían en que las autoridades reconozcan la importancia de mantener mecanismos transparentes. Finalmente, aspiran a que se restablezcan las convocatorias suspendidas y se fortalezcan los sistemas de financiación pública.
